Santo Domingo los Ocotes, municipio de San Antonio la Paz, el Progreso, está de luto. Doce de las 54 víctimas mortales del accidente del autobús extraurbano de Transportes Tineca, vivían en esa aldea. El presidente Bernardo Arévalo afirmó que instruirá al ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, a ser estricto en el cumplimiento de las leyes de Tránsito en carreteras. Sin embargo, desde la Dirección General de Transportes, del ministerio de Comunicaciones, también se consideró modificar algunas normativas con el mismo propósito: evitar que se repita un lunes de luto.
Por Claudia Méndez Villaseñor
El día después de una perdida familiar o de un amigo, resulta el más difícil de asimilar y de aceptar. Muchas preguntas revolotean en la memoria y los últimos recursos se confunden entre la realidad y la fantasía. Hoy, amigos de los pasajeros fallecidos todavía no daban crédito a lo sucedido, más en el caso de los niños cuyos compañeros de su misma edad perdieron la vida en el accidente. ¿Cómo pasó?, ¿por qué sucedió?, se preguntaron algunos. Los padres sin respuesta aceptaron que asistieran a los funerales, ¿por qué cómo podrían dejar solo a su amigo?
En Santo Domingo los Ocotes, lugar de residencia de 12 de las 54 víctimas del fatal accidente, el presidente Arévalo dijo que la edad del conductor de la unidad, a quién se responsabilizó de lo ocurrido, no fue el problema, sino uno de fondo que solo se logrará resolver con el estricto cumplimiento de la ley y reglamento de Tránsito.
En ese ambiente de luto y condolencia que se vivió hoy en Santo Domingo los Ocotes, a casi 39 kilómetros de la ciudad de Guatemala, Arévalo comentó sobre el accidente y lo que a su parecer podría ser la causa de fondo de lo ocurrido.
“Las licencias de conducir están reguladas, también está prohibido que una persona que sea menor, 24 años, y tenga licencia tipo “C” conduzca un vehículo de transporte público. El problema no es la licencia. El problema es que no se cumple la ley”, aseguró.
“Por eso es que vamos a instruir para que el ministro de Gobernación tenga este control ahora carretero de manera estricta y lograr que efectivamente todo el mundo cumpla con la ley”, afirmó.
El ministerio de Gobernación, por medio del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) es el responsable de ejercer la autoridad de tránsito en todas las carreteras nacionales, departamentales y municipales del país, según la ley de Tránsito, decreto 132-96.
Según la normativa, corresponden al Departamento de Tránsito las siguientes funciones:
- Planificar, dirigir, administrar y controlar el tránsito en todo el territorio nacional.
- Organizar y dirigir la Policía Nacional de Tránsito y controlar el funcionamiento de otras entidades públicas o privadas, autorizadas para cumplir actividades de tránsito.
- Emitir, renovar, suspender, cancelar y reponer licencias de conducir.
- Organizar, llevar y organizar el registro de conductores.
- Organizar, llevar y actualizar el registro de vehículos.
- Diseñar, colocar, habilitar y mantener las señales de tránsito y los semáforos.
- Recaudar los ingresos provenientes de la aplicación de esta ley disponer de ellos conforme a la misma.
- Aplicar las sanciones previstas en esta ley.
- Diseñar, dirigir y coordinar el plan y sistema nacional vial.
Sin embargo, la misma ley señala que mediante acuerdo gubernativo, se trasladaría la competencia de la administración de tránsito a las municipalidades, como sucede en la actualidad con las distintas Policías Municipales de Tránsito (PMT) autorizadas a varias alcaldías.
Reformas a la ley de Transportes
La Dirección General de Transporte (DGT) también consideró necesarias reformas a la ley actual, vigente desde 1946. La Dirección de Comunicación Social de esta dependencia del ministerio de Comunicaciones explicó que la normativa “no responde al contexto actual. También se necesita verificar el contenido del reglamento para las modificaciones correspondientes”.
De acuerdo con la DGT, el Legislativo es el responsable de analizar, discutir o aprobar cambios tanto en la ley como en el reglamento de Transportes.
Por el momento, la DGT tiene competencia para emitir sanciones: cuando se modifican los itinerarios; se opera como documentos vencidos o deteriorados; se suspende el servicio sin autorización o causa justificada; no se cuenta con tarjeta de operaciones o no se cumple con el registro de pilotos.
En el caso de los seguros que deben contratar las empresas de transporte extraurbano, a la DGT solo le compete garantizar que cada tarjeta de operaciones que se otorgue cuente con la póliza de seguro correspondiente. No así si se paga la póliza de seguro contratada. “La DGT desconoce los términos y condiciones de cobertura del seguro contratado”, aclaró la Dirección de Comunicación Social.
“De conformidad con los acuerdos gubernativos 256-2001 y 392-2001, cuando un autobús cuenta con una póliza vigente, cada pasajero adquiere, de manera automática, la condición de asegurado. Queda a cargo del propietario de las unidades la responsabilidad del pago”, mencionó esta oficina.
Ayer, Brenda Santizo, vocera del Departamento de Tránsito de la PNC, dijo que la responsabilidad penal en este caso se extinguió con la muerte del piloto, pero la responsabilidad civil se extiende a los dueños del autobús.
Pago del seguro
La compañía Seguros Universales S.A., expresó, por medio de un comunicado, que las circunstancias que ocasionaron el trágico accidente no afectarán la cobertura del seguro.
“Como la aseguradora que emitió la póliza de Seguro de Responsabilidad Colectiva de Pasajeros nos comprometemos a indemnizar a las familias de los pasajeros fallecidos conforme a lo establecido en la póliza contratadas”, se lee en el documento.
La empresa habilitó los números telefónicos: 53 08 80 71 y 50 69 81 93 con el propósito de agilizar el trámite.
El presidente Arévalo ofreció además un aporte económico similar al que cancelará la aseguradora, destinado a cada una de las familias. Asimismo ampliará la cobertura de los programas de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP), entre otros dependencias del Gobierno, con la finalidad de respaldar a las viudas.
