La narcoflotilla vinculada a Federico Machado, el oscuro empresario que se relacionó con Jimmy Morales

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Créditos: Juan José Guillén
Tiempo de lectura: 9 minutos

 

  • Los aviones de la red de la que era parte el argentino movieron droga para Joaquín “El Chapo” Guzmán y el Cártel de Sinaloa aún en 2021.
  • Documentos judiciales estadounidenses consignan que al menos un avión se movió a sus anchas en las selvas de Petén.
  • La misma red alimentó la organización de narcotráfico vinculada con el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández a través de un operador que también hizo negocios en Guatemala.

Por Héctor Silva Ávalos

A los dueños del avión con matrícula estadounidense N305AG les tomó un poco más de una semana dejar 1,700 kilogramos de cocaína en Guatemala, cambiar el registro de la aeronave para evitar eventuales rastreos de las autoridades y, pocos días después, volver a sacar la avioneta del departamento de Petén, donde había aterrizado el 27 de enero de 2020, sin que nadie hiciera algo para evitarlo.

El N305AG es uno entre decenas de aviones registrados por una red de narcotraficantes y supuestos lavadores en Estados Unidos, que fueron ubicados por autoridades antidrogas de ese país en 2019. La red utilizó esa flotilla de aviones, según dejaron escrito fiscales federales del distrito de Texas a cargo de un caso judicial abierto en agosto de 2020, para mover varias toneladas de cocaína por Colombia, Venezuela, el Caribe, Belice, Honduras y Guatemala; parte de esa droga pertenecía al Cartel de Sinaloa de acuerdo con documentos judiciales en poder de Prensa Comunitaria.

Copia del expediente judicial en el caso contra el argentino Federico Machado.

Se trata de una red compleja, formada por al menos 13 empresas de aviación dedicadas a registrar aeronaves, dotarlas de matrículas estadounidenses e intercambiar entre ellas esas matrículas o hacerlas desaparecer cada vez que eran decomisadas con drogas en pistas del centro y el sur de América. Una de esas empresas es South Aviation, Inc., cuyo dueño es Federico Andrés Machado, nacido en Argentina, el 2 de enero de 1968. Es por ese nombre, el de Machado, que esta historia se conecta con la política guatemalteca.

Federico Machado llegó a Guatemala en 2015, le siguió su hermano Gastón Edgardo en 2016. Federico se hizo con la mitad de las acciones de una empresa minera llamada Minas del Pueblo y, en julio de 2019, a través de un socio local, adquirió los derechos de explotación de un sitio conocido como La Meca I, en el municipio San Miguel Tucurú, en Alta Verapaz.

Dos años después, en 2021, el Ministerio Público (MP) encontró la aeronave matrícula N584LU estacionada en una pista ilegal dentro del sitio minero en Alta Verapaz. La avioneta, de acuerdo con el registro de vuelos que lleva el gobierno estadounidense, es propiedad de la compañía JF Aircorp Inc., donde Machado ocupaba, simultáneamente, los puestos de presidente y vicepresidente.

La investigación a Machado y sus aviones en Guatemala inició en 2021, cuando el MP abrió un expediente de oficio tras una publicación de elPeriódico en la que fuentes políticas aseguraban que el argentino había financiado al expresidente Jimmy Morales. Prensa Comunitaria habló con dos investigadores guatemaltecos que trabajaban en el MP entre 2018 y 2021 y que conocieron sobre la pesquisa a Machado; ambos aseguraron que las investigaciones cayeron en saco roto muy pronto.

A esas alturas, cuando ya el argentino se movía en círculos políticos y sus aviones volaban sin problemas en Guatemala, la justicia estadounidense llevaba al menos dos meses investigándolo como sospechoso de narcotráfico, estafa y lavado de dinero. A inicios de 2019, los agentes estadounidenses empezaron a seguir la pista de varios aviones que, sospechaban, eran utilizados para mover grandes cantidades de cocaína por todo el continente.

Página del expediente judicial.

No era, aquella, una operación pequeña. La flotilla de Machado y los suyos, al decir de los fiscales estadounidenses, no tenía nada que envidiar a los recorridos y alcances de otros escuadrones aéreos que, en el pasado, sirvieron a los narcos en América Latina. La mayoría de estos aviones, como ocurrió en otras épocas, eran fletados, registrados y operados desde los Estados Unidos de América.

Las investigaciones estadounidenses descubrieron que, entre 2012 y 2021, una docena de individuos habían utilizado las 13 empresas señaladas para mantener activa la red aérea a pesar de los decomisos y accidentes, y de hacerlo de forma que seguir los rastros registrales de las aeronaves fuese complicado.

Los fiscales describen así el esquema: “Los acusados evadían las leyes de los Estados Unidos al poner matrículas N (aviones estadounidenses) en manos de narcotraficantes y extranjeros no autorizados. Los acusados usaban su calidad de ciudadanos de los Estados Unidos para ejecutar un fraude en tres partes que servía al tráfico de drogas. Primero… violaban regulaciones para registrar aeronaves estadounidenses de forma que se ocultase a los verdaderos propietarios; segundo… cuando las autoridades decomisaban aviones cargados de drogas, los acusados anulaban el registro de la nave para transferir la propiedad. Finalmente, los acusados participaban en una serie de ventas falsas para esconder el movimiento de los fondos obtenidos ilegalmente”.

Entre los clientes más destacados de la flotilla estaba el Cartel de Sinaloa, cuyos alijos viajaron en los aviones de la red en más de una ocasión según se desprende de seguimientos que los fiscales hicieron de algunos de esos vuelos, los cuales están consignados en los documentos judiciales introducidos a la corte federal en Texas.

La droga de Sinaloa

La avioneta matrícula N311BD aterrizó en Belice el 4 de marzo de 2020 cargada con 2,310 kilos de cocaína.  Cuando los tripulantes habían descargado ya parte de la droga, las autoridades locales intervinieron la avioneta.

La aeronave era, entonces, propiedad de AGC (Aircraft Guaranty Corporation Holdings), basada en Texas y una de las compañías que participaban del fraude descrito por los fiscales estadounidenses que la red utilizaba para esconder las ganancias y a los verdaderos propietarios de la narcoflotilla aérea. El verdadero dueño del N311BD no era AGC, sino César Gastelum, el principal operador de Joaquín “el Chapo” Guzmán y del Cartel de Sinaloa durante toda la década pasada.

Gastelum había trasladado la propiedad de la avioneta N311BD el 27 de febrero de 2020, menos de una semana antes del aterrizaje en Belice, de forma que cuando la aeronave fue retenida, no era él quien aparecía como propietario; su pista se perdía gracias a los movimientos administrativos hechos por la red a la que perteneció el argentino Federico Machado.

Diez días después del aterrizaje de la droga en Belice, el 14 de marzo, Gastelum volvió a recuperar la propiedad del avión según consta en los documentos judiciales estadounidenses.

César Gastelum fue el principal embajador del Chapo Guzmán en Centroamérica, desde principios de la década 2010, cuando el jefe de Sinaloa lo mandó a abrir plaza en Honduras y Guatemala tras la incursión de los Zetas en el norte centroamericano. La importancia de este hombre, de origen mexicano, quedó retratada en el juicio en Nueva York al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien en marzo de 2024 fue condenado a 45 años por narcotráfico.

Página del expediente judicial que describe el aterrizaje de una narcoavioneta en Guatemala.

En aquel juicio, uno de los testigos, un narcotraficante colombiano llamado Alexander Monroy Murillo, declaró que Gastelum fue el hombre al que “el Chapo” envió para establecer relaciones con políticos centroamericanos como una forma de garantizar que las rutas de la cocaína funcionaran sin problema en la región. En su testimonio, Monroy aseguró que Guatemala era el centro de operaciones de Gastelum. Ese hombre, el principal operador del Chapo, también utilizaba la flotilla aérea manejada por la red de la que, según fiscales estadounidenses, el argentino Federico Machado formó parte.

Ya en octubre de 2018, el 9 de diciembre, otro de los aviones operado por la red se había accidentado en Venezuela con 1,200 kilos de cocaína. La droga pertenecía también al Cartel de Sinaloa.

En una entrevista reciente que concedió a Prensa Libre, el argentino Federico Machado intentó desligarse de las acusaciones estadounidenses alegando que él fue incluido en esa investigación por un mensaje que envió “como una broma” a una mujer que es dueña de varios aviones. Incluso dijo Machado que un Agente de la DEA le reconoció que las autoridades de aquel país se habían equivocado al acusarlo. No es eso lo que se entiende tras leer las 37 páginas de la acusación que un Gran Jurado y Ernest González y Colleen Bloss, fiscales distritales de Texas, presentaron el 10 de septiembre a una corte como parte del caso criminal 20-CR-00212.

La acusación de González y Bloss dice que Machado y otros imputados en el caso están involucrados en una conspiración para “con conocimiento de causa e intencionalmente distribuir… cocaína en los Estados Unidos. Y que, “desde al menos 2012”, él y los otros conspiraron para distribuir drogas en Colombia, Panamá, Ecuador, Costa Rica, Guatemala, México, Belice y Venezuela…”

Estación Guatemala

Los hilos que unen a Federico Machado con la política guatemalteca habían empezado a ser visibles en 2021, cuando investigaciones de elPeriódico lo relacionaron con Minas del Pueblo en Alta Verapaz y con los entornos políticos de Jimmy Morales y de Alejandro Giammattei, para entonces presidente del país. El pasado 16 de febrero, el asunto volvió al tapete público por una referencia a Morales hecha en el senado de la Argentina.

El senador Rodolfo Tahilde, del opositor Partido Judicialista, acusó a Machado de narcotraficante, explicó las acusaciones de la justicia estadounidense y aseguró que una de las formas en que lavaba dinero era financiado campañas presidenciales como la de Jimmy Morales en Guatemala. Morales le contestó al día siguiente en un vídeo que subió a redes sociales en el que lo acusó de comunista y lo asoció con el magistrado colombiano Iván Velásquez, excomisionado de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la cual investigó al expresidente por financiamiento electoral ilícito.

El senador argentino Rodolfo Tahilde acusó a Federico Machado de narcotraficante, y aseguró que una de las formas en que lavaba dinero era financiado campañas presidenciales como la de Jimmy Morales en Guatemala. Foto: Archivo, gobierno de Guatemala.
El senador argentino Rodolfo Tahilde acusó a Federico Machado de narcotraficante, y aseguró que una de las formas en que lavaba dinero era financiado campañas presidenciales como la de Jimmy Morales en Guatemala. Foto: Archivo, Gobierno de Guatemala.

Durante su respuesta a Tahilde, Morales asegura que nunca recibió dinero de extranjeros para su campaña, y desliza una mentira al asegurar que tampoco recibió financiamiento de empresarios guatemaltecos. Esto último está probado que no es cierto: En 2018, luego de que la CICIG y el MP de entonces abrieron una investigación contra varios de los empresarios más influyentes de Guatemala, precisamente por financiar de forma ilegal la campaña presidencial de Morales, ellos aceptaron haberlo hecho y pidieron disculpas públicas.

Morales gasta poco menos de cinco minutos respondiendo en el vídeo, pero nunca se refiere a su relación con Federico Machado, la cual el mismo empresario argentino confirmó en su entrevista con Prensa Libre del 19 de febrero. Ahí, Machado dice que sí conoció a Morales, que puso aviones a su disposición y a la de su hermano y que el entonces presidente lo invitó a “invertir” en Guatemala.

Prensa Comunitaria habló con dos agentes del Estado guatemalteco y fuentes del Congreso que conocieron de la trayectoria de Machado y de su trayectoria en Guatemala para reconstruir parte de esa relación y de los negocios que el argentino montó en el país. Las fuentes hablaron desde el anonimato por razones de seguridad.

Machado efectivamente colocó parte de su dinero en inversiones hechas en Guatemala, como se lo había recomendado el entonces presidente Morales. Tal cual reveló en su momento elPeriódico, el argentino se hizo de Minas del Pueblo en 2019 y con ella de la concesión extractiva en Alta Verapaz. Luego, según una indagatoria hecha por el Congreso en 2020, invirtió en la mina El Pato en Chiquimula, de donde se extraía oro sin licencia.

Un empleado de Machado dirigía la operación en Chiquimula, desde donde salían camiones cargados de oro hasta el sitio minero en Alta Verapaz.

En diciembre de 2020, pobladores de Chiquimula denunciaron que un convoy de camiones cargados con oro había salido de El Pato hacia la mina en Alta Verapaz. Fiscales de Delitos contra el Medio Ambiente del MP y agentes de la PNC montaron un operativo para interceptar a los vehículos en flagrancia. Lo hicieron y descubrieron oro en dos de los cinco camiones detenidos. Uno de los investigadores aseguró que entre los pilotos de los vehículos había uno con distintivos de Minas del Pueblo, la empresa del argentino Machado.

Dos meses antes, el 12 de agosto de 2020, la corte del distrito este de Texas había iniciado el caso contra Machado y los otros imputados por lavado de dinero y narcotráfico, relacionado con el uso de una flotilla de aviones para el transporte de cocaína por el continente americano. Poco después de esa acusación, el argentino lo dejó todo en Guatemala y se fue a refugiar en su país de una notificación roja de Interpol y de la extradición solicitada por Estados Unidos. Actualmente espera, en arresta domiciliario, la resolución final de la justicia argentina sobre esa petición estadounidense.

En Guatemala, a pesar de todas las pistas y los expedientes abiertos, la relación de Jimmy Morales con el operador de una narcoflotilla aérea y el posible financiamiento ilícito de su campaña pasó, como otros casos relacionados con el expresidente, a las gavetas del olvido.

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