Por Robert Varenik
Mientras el secretario de Estado Marco Rubio estuvo en Guatemala, esta semana, su tarea clave fue evitar que los guatemaltecos huyeran a Estados Unidos. Si ese es el caso, y por muchas otras razones, tendría que dejar claro que los Estados Unidos rechaza la formar de socavar la justicia y seguridad por parte de la Fiscalía bajo fiscal general Consuelo Porras.
Con Porras, la Fiscalía se ha destacado como favorable a la élite corrupta de Guatemala. Como la principal oficial de aplicación de la ley de la nación, ha ayudado a mantenerlos fuera de la cárcel. Ha atacado sin piedad a quienes la cuestionan o se oponen a la corrupción, incluso a otros fiscales y jueces.
Menos conocido es su historial de delitos comunes, es decir, los crímenes que lleva a muchos guatemaltecos a abandonar su país y venir a Estados Unidos. Un informe del consorcio Convergencia por los Derechos Humanos hace una clara acusación: es la peor fiscal de Guatemala en la historia reciente, con una tasa de fracaso de casos de alrededor del 90%, palideciendo al lado de sus dos antecesoras inmediatas (ahora exiliadas), Claudia Paz y Paz y Thelma Aldana. Peor aún, alega el informe, su pésimo historial en realidad refleja una práctica de abandono de casos, registrándolos engañosamente como resueltos exitosos y en efecto lavándose las manos en cuanto las víctimas de delitos y su trauma.
Hace apenas un año, Porras era un solitario vestigio del régimen anterior, caído en desgracia y derrotado, seguro de que el presidente entrante, Bernardo Arévalo, le pediría —tal vez lo obligaría— a renunciar. Arévalo, ganador de más del 60% de los votos y respaldado por una intensa presión diplomática que superó los repetidos intentos de Porras y otros para impedir su elección y toma de posesión, tendría que destituirla, o gobernar con una piedra en el zapato hasta que termine su mandato constitucional en 2026.
A medida que la presidencia de Arévalo cojea a través de su primer aniversario, hay pocas dudas sobre quién tuvo el mejor año. La piedra resultó inamovible, y casi imposible de rozar. Insight Crime la llama “la amenaza existencial más clara para el gobierno de Arévalo“.
Desde que asumió como fiscal general, a mediados de 2018, Porras ha sido durante un pararrayos. Ha sido sancionada por Washington y Bruselas por frustrar los esfuerzos anticorrupción y atacar a actores independientes y de la oposición. Es objeto de preocupaciones y recomendaciones de la ONU, la UE y la OEA. Los partidarios de Arévalo la vilipendian como el perro de ataque de una camarilla de intereses económicos, políticos y militares que históricamente han instrumentalizado al Estado guatemalteco, y en particular a su sistema de justicia, para sus propios intereses. Algunos líderes empresariales han sido un poco más mixtos, reflejando preocupaciones sobre la atención adversa que Porras atrajo de inversionistas y gobiernos extranjeros.
Una cosa parece clara: la forma en que sea recibida por la administración Trump afectará el sistema de justicia y, a su vez, la forma en que los guatemaltecos ven su seguridad. Si gana influencia, lo más probable es que la justicia penal guatemalteca continúe frustrando los esfuerzos para acorralar la corrupción y suprimir las voces independientes.
Porras ha afirmado descaradamente ser inimaginablemente exitosa como luchadora contra el crimen, afirmando repetidamente que su oficina supera el 100% de eficiencia en la resolución de casos. Pocos han analizado sus propios datos para refutar esas afirmaciones en toda la gama de delitos que enfrentan los guatemaltecos, hasta hace poco.
El nuevo informe afirma que la política interna de Porras fue diseñada para crear una falsa apariencia de eficiencia: obliga a los fiscales a decidir qué hacer con los casos dentro de los 20 días posteriores a la denuncia de la víctima, tiempo insuficiente para que investiguen de manera significativa en la mayoría de los casos. Sobre ese detalle el informe no logra citar a fiscales que lo confirmen públicamente. Pero los números documentan el resultado global: más de tres millones de quejas fueron rechazadas o archivadas desde que asumió el cargo en 2018. Es cierto que tribunales son una parte importante del problema de justicia de Guatemala. Pero la fiscalía cerró el 90% de estos casos sin acción judicial.
Seguramente, en su encuentro con Rubio, el presidente Arévalo tuviera razones para tener cuidado con respecto al tema de su fiscal general: Porras ha buscado favor con Porras. Ella públicamente se unió a los negacionistas de las elecciones estadounidenses de 2020 el 6 de noviembre al tuitear felicitaciones en inglés a Donald Trump por su tercera victoria presidencial, y luego fue invitada a los eventos de inauguración por el Partido Republicano de Florida. (Todavía excluida de Estados Unidos por corrupción, envió representantes en su lugar).
Pero los guatemaltecos atentos pueden recordar el papel del entonces senador Rubio en socavar a la CICIG (una comisión de la ONU contra la impunidad que ayudó a los predecesores de Porras a abordar la corrupción endémica de alto nivel) al impulsar afirmaciones infundadas de que en realidad era la herramienta de Vladimir Putin para perseguir a los expatriados rusos en Guatemala lo que lo había enfurecido. La CICIG fue expulsada más tarde, con la bendición de la administración Trump, por Jimmy Morales, el presidente que nombró por primera vez a Porras fiscal general. Desde entonces, la lucha contra la delincuencia ha disminuido en todos los ámbitos. Ahora toca a Rubio apoyar estabilidad e integridad jurídica y actuar sobre bases empíricas y normativas adecuadas.
Para las mafias criminales corruptas que se irritaban ante los esfuerzos por llevarlos ante la justicia, la elección de Arévalo fue la piedra en el zapato. Después de las elecciones del norte, más que nunca pueden imaginarse sacudiéndolo todo. Pero si Rubio quiere que Guatemala implemente la asociación para combatir la trata de personas, el fentanilo y la migración que exigió a Arévalo, su gobierno tendrá que ser efectivo, y no obligado a defenderse de los intentos de socavarlo o derrocarlo.
En Guatemala, Rubio dio señales de que lo entiende. En su conferencia de prensa de clausura, habló sobre el crecimiento económico para abordar las causas fundamentales de la migración: “No puedes tener prosperidad económica si tu país es inseguro. Es por eso que hoy enfatizamos la necesidad de normas democráticas. Y mira, quiero decir, no es solo un tema de conversación, ¿verdad? Las empresas no van a invertir en un país donde va a haber un golpe de Estado…”
En su crítico primer año, el secretario de estado Rubio debería asegurarse de que la política de Estados Unidos refleje ese entendimiento: que la cooptación de la justicia y la alimentación de los temores de seguridad de los guatemaltecos no están en sus intereses ni en los nuestros.
