El exdiputado y excandidato a alcalde Julio Ixcamey no podrá ser investigado por supuesto financiamiento electoral no registrado de la UNE, de Sandra Torres, durante las elecciones generales del 2015.
Por Alexander Valdéz
En abril del 2019, un informe financiero de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) entregado al Tribunal Supremo Electoral (TSE), develó que una empresa propiedad del exdiputado Julio Ixcamey, era investigada por el Ministerio Público (MP) por posible financiamiento electoral ilícito del partido de Sandra Torres, hechos acontecidos cuando corría por la presidencia en las elecciones del 2015.
Seis años después, la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió una inconstitucionalidad en caso concreto promovida por el exfuncionario legislativo y le dio la razón parcialmente, evitando que se pueda investigar esos hechos que vinculan a la entidad Grupo Inmobiliario Empresarial San Felipe, Sociedad Anónima. Esa entidad vinculada al exdiputado habría hecho aportes para la campaña de Torres sin ser reportados a la autoridad electoral.
Ixcamey se defendió indicando que no se le puede investigar por financiamiento irregular. Él considera que a los artículos 407 “N”, segundo párrafo; y 407 “O”, ambos del Código Penal, no se le podían aplicar por la fecha en que habrían ocurrido los hechos. En el fallo únicamente se le aceptó lo planteado contra el segundo artículo.
“El MP señaló actos correspondientes a la campaña política llevada a cabo en 2015, año en el que se supone que una de las entidades postulantes entregó una cantidad de dinero, es decir, los hechos corresponden a un período de tiempo previo a la vigencia del artículo 407 “O” del Código Penal, dado que este empezó a regir el 6 de noviembre de 2018. Esa circunstancia de que los hechos denunciados por el MP hubieren acaecido en el año 2015, hace imposible su tipificación por medio de la aplicación del artículo 407 “O” del Código Penal. El artículo 407 “N” de la ley sustantiva penal no se encuentra vigente en la actualidad, por lo que no puede ser aplicado a su caso”, alega la defensa del exfuncionario.
Ese grupo inmobiliario apareció como donador de mantas vinílicas, volantes y locales para las actividades de la UNE en Sacatepéquez, distrito por el que Ixcamey fungió como diputado por el Congreso de la República.
Ixcamey en las elecciones del 2023 se desvinculó de la UNE y se unió al partido Voluntad, Oportunidad, Solidaridad (VOS), intentó participar como candidato a la alcaldía del municipio de Antigua Guatemala, en Sacatepéquez, pero no logró los votos necesarios y quedó en tercer lugar.
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Exdiputado no será juzgado
La CC integrada por los magistrados Nester Vásquez, Roberto Molina Barreto, Héctor Hugo Pérez Aguilera, Luis Rosales y Walter Jiménez Texaj, dieron la razón a la defensa del exdiputado, y resolvieron que no se puede investigar al exdiputado ni a la empresa por el delito de financiamiento electoral no registrado.
“Con lugar el incidente de inconstitucionalidad de ley en caso concreto, planteado únicamente en cuanto al artículo 407 “O” del Código Penal y, la inaplicación en el caso concreto en cuanto a los solicitantes, en la causa penal 01074-2015-00115 del Juzgado Primero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala, con competencia para conocer Procesos de Mayor Riesgo, Grupo “A”, se lee en la resolución de la CC.
Este proceso fue develado cuando la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) era dirigida por el exfiscal Juan Francisco Sandoval, actualmente en el exilio por criminalización. En ese proceso estuvo vinculada la excandidata presidencial Sandra Torres y otros exintegrantes de la UNE, pero fueron beneficiados por la jueza de mayor riesgo “A”, Claudette Domínguez.
Según la investigación del MP, en 2015, la empresa en la que Ixcamey era el representante legal habría recaudado Q1.7 millones de financistas anónimos y los inyectó a la campaña electoral de la UNE. Por este caso, hubo allanamiento en las oficinas de esta empresa en busca de obtener información para ampliar la investigación.
Desde la salida de Sandoval, el traslado y despido de fiscales que conocían el caso no volvió a tener ningún avance o resultados. Además, la reforma legal promovida desde el Congreso al financiamiento electoral ilícito, en 2018, provocó que casos como éste o contra otras agrupaciones políticas fueran cerrados en los tribunales.
Sandra Torres la más beneficiada
En 2019, las investigaciones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y de la FECI alcanzaron a la dirigencia de ese partido y especialmente a la candidata presidencial por presuntamente haber captado financiamiento millonario de manera ilícita a través de Gustavo Adolfo Alejos Cámbara y financiar la campaña electoral de la UNE cuatro años antes.
Con la llegada de Consuelo Porras al MP, durante el gobierno del expresidente Jimmy Morales, la investigación encontró todo tipo de trabas. Quien fuera entonces el principal fiscal anticorrupción que llevó la investigación contra Torres, por presunto financiamiento electoral ilícito, afirma que la fiscal general ha protegido a la candidata desde 2019, lo que le permitió participar en el proceso electoral de ese año, a tal punto que en noviembre de 2022 una jueza de mayor riesgo en Guatemala cerró el caso en contra de la candidata presidencial.
En noviembre de 2022, la jueza Domínguez cerró el caso en contra de la expresidenciable, y seis personas más por su presunta participación en ilícitos dentro del proceso judicial denominado Financiamiento UNE. Entre los beneficiados también estuvo Alejos.
Cuando dictó la resolución, la jueza dijo que “las pruebas no fueron suficientes para determinar los actos conclusivos, no reúnen los requisitos legales”; por lo tanto, decidió cerrar el proceso penal a favor de los acusados.
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