Por Miguel Ángel Sandoval
Se dice fácil, pero es necesario dimensionar el fenómeno político que hay en la base de esta afirmación, pues el hecho de tener un año sin que las mafias tengan la hegemonía en el ejecutivo se debe valorar como el mayor logro político producto de la victoria electoral de Bernardo Arévalo. Y las razones son las que se enumeran: Lo primero es que los restos de la contrainsurgencia y las dictaduras militares no gobiernan hoy, así como los restos del anticomunismo de la guerra fría y el continuismo grosero no forman parte del gobierno actual. Y eso lo debemos valorar, apreciar y proyectar. Sobre todo, esto último: esta experiencia la debemos proyectar.
Luego es necesario anotar que durante el año 2024 los grupos sociales, los progresistas o los revolucionarios vivimos, unos más, otros menos, con una especie de apuesta sobredimensionada. La espera de cambios, incluso radicales, es necesario apuntar que nunca formaron parte de la oferta de Semilla y su candidato o binomio. Claro que, si se analiza desde la perspectiva de combatir de fondo la corrupción y retomar el control de las instituciones, la apuesta del gobierno es radical, pues en esa lucha no se puede solo enunciarla.
Ahora bien, desde la perspectiva de una democracia liberal, el rescate de las instituciones es el inicio de un cambio de una profundidad indispensable. Es la herramienta central de una democracia, pues dicho, en otros términos, sin la existencia de tres poderes en una democracia republicana, y sin los organismos de control, funcionando como instituciones dedicadas a cumplir con sus mandatos legales o constitucionales, pues la democracia no puede funcionar. En sentido contrario, sin tres poderes y su equilibrio, sin los órganos de control pues el ejercicio democrático es muy débil, cuando no dictatorial, aun sea lo que se ha puesto de moda en los últimos años: la dictadura judicial, o de los jueces y fiscales coaligados, pero que, de manera general, entorpecen todos los proyectos democráticos.
Y el tema de las instituciones no se limita al ámbito del ejecutivo, sino que abarca a los otros poderes. Y por ello la apuesta del actual presidente para recuperar las instituciones no se debe dejar de lado y mucho menos, dejarlo al caos de las redes sociales. Solo dos ejemplos de las funciones que no se realizan por parte de dos instituciones centrales: es el caso de la Contraloría General de Cuentas, que antes de supervisar de forma democrática el uso del dinero público, se dedica a hostigar a funcionarios menores con “hallazgos” que generalmente se ubican en las formas, sin jamás abordar los contenidos del gasto y su calidad. O el estado de la PDH en donde en la actualidad su función es absolutamente irrelevante. Dejó de ser una institución para proteger al ciudadano de los abusos reales o supuestos de las instituciones del estado y devino en un lugar para el decorado sin sentido.
Si vemos con detenimiento, el Organismo Legislativo se encuentra mal debido a que en su origen no hay, en sentido estricto, partidos políticos reales, pues lo que existe son fichas electorales, sin propuesta programática, sin planes de gobierno, y lo que es peor, sin militancia o afiliaciones realmente existentes. Es una verdad del tamaño de un templo. Y en manos de esos grupos de interés se encuentra una parte sumamente importante de la democracia del país y de sus instituciones. No es un secreto decir que la relación del legislativo con el ejecutivo se ha convertido en una relación compleja, en ocasiones con formas de chantaje. Las fiscalizaciones son moneda corriente para una suerte de acoso sistemático a los funcionarios del ejecutivo. Todo para buscar plazas, prebendas, coimas, etc. Ni hablar de las interpelaciones. En estas los temas que se abordan pasan de lo intrascendente a lo vulgar.
Ahora que entramos en un segundo año sin las mafias hegemonizando el ejecutivo y en consecuencia las relaciones de éste, vemos que se abren nuevas perspectivas. La primera es la existencia de un presupuesto general que tiene como mayor logro, que se priorizan las carteras de educación, salud y comunicaciones. Con ello se asiste a una especie de nueva época pues se trata de poner como punta de lanza del presupuesto para 2025, el gasto social. Es algo alejado de los presupuestos restringidos, que como decía en alguna ocasión un exministro de finanzas, en nuestro país nos acostumbramos a una suerte de presupuesto “bonsái” pequeñito, bien recortadito, pero en el fondo ineficiente para abordar los problemas más acuciantes del país.
Y al analizar la historia reciente nos encontramos que el presupuesto pequeño, sin mayor gasto en educación, salud o en obra de infraestructura, se condenaba al país a la pobreza permanente. A ello se agregaban los bajos salarios y como guinda del pastel, los bajos impuestos. O, dicho en otras palabras, nada de distribución de la renta. Todo para un pequeño grupo de dueños de la finca nacional. Y todavía más grave, la existencia de exenciones y privilegios fiscales para redondear el cuadro de un país rico lleno de pobres. Apenas ahora se dan pasos pequeños para modificar esa situación que, a fuerza de permanente, se convirtió en una especie de tablas de Moisés. Intocables y hay de aquel que intentara modificar el orden inmemorial de los dueños de la finca. Esos tiempos inician un periodo con la existencia de un gobierno ajeno a sus deseos.
El futuro inmediato estará caracterizado por un ejecutivo que impulse el gasto público, pues ahora cuenta con recursos para ello. En esa perspectiva la obra pública tendrá un resurgimiento y con ello se deben activar procesos económicos en el conjunto del país. Para ello un rol de suma importancia debe ser jugado por los Consejos Departamentales de Desarrollo, que, de una forma y visión anclada en la Constitución Política de la República, y con la perspectiva de democratizar el gasto en el país, debe dar un impulso a esa idea de hacer del desarrollo un proceso incluyente. No es el descubrimiento del hilo negro, pero si se trata de un abordaje diferente al que nos tenía acostumbrados el presupuesto “bonsái” como ya se dijo. Ahora se trata de dar pasos para un proceso diferente.
Es obvio que no todo será miel sobre hojuelas, pues persistirán expresiones ligadas a las prácticas de corrupción del pasado. Los compadrazgos y las formas de poder local a la antigüita se mantendrán, aunque en proceso de retirada. Los emisarios del viejo modo de ejecutar los fondos públicos mantendrán la presión para que nada cambie, para que todo siga como siempre. Esa será una de las principales batallas para el 2025. Aunque tengo la impresión de que la visión que emane desde el ejecutivo, y más concretamente desde la Presidencia de la República, en relación con la lucha contra la corrupción en todos los niveles, así como en la ejecución con transparencia de los fondos públicos, marcaran el rumbo.
Otros temas como la lucha contra el estilo dictatorial de las Cortes y e MP continuaran, así como la lucha contra las formas más vulgares en el ejercicio de la política a la tortrix impulsada desde las diferentes bancadas en el Congreso de la República. Ante ello, los sectores sociales progresistas tienen el enorme desafío de mantenerse alertas ante cualquier expresión que busque interponerse en la ruta que se vislumbra. No se trata ahora de esperar de brazos cruzados, por las expectativas poco reales que muchos albergaron, sino que se trata de dar impulso a una nueva forma de lucha por la democracia. Tampoco se trata de dar rienda suelta a las frustraciones o desencantos por el mecanismo de las redes sociales que, con toda su importancia, no son la herramienta que anime la reflexión política, ni sirven para establecer las alternativas de un país. Menos para la construcción de una nueva mayoría social y política que necesitamos.
Es claro que la principal base en las alianzas estará alrededor de fortalecer los nexos con los pueblos y sus principales expresiones organizadas. Sin dejar de lado todo lo que se pueda construir para forjar otras alianzas políticas y sociales, en donde los sectores populares deben ser parte integrante y fundamental de esa alianza indispensable para un mejor gobierno. Sectores empresariales que entiendan que la visión de gran finca no es posible en la nueva época, pueden también ser parte de este esfuerzo.
Como se decía al inicio de estas notas, asistimos a un segundo año sin la hegemonía de las mafias en la dirección del estado y ello se festeja. Es cierto que hay mucha tela que cortar en el balance que se haga del cierre del 2024 y en el inicio del 2025, y sobre todo en los pendientes que hace falta resolver. De algo si se puede estar seguros: aun sea a paso lento, balbuceante, el país camina en la dirección correcta. No con grandes transformaciones, pero si con los cambios indispensables que permiten pensar en avances, y con los esfuerzos que apuntan a un mejor país.
