La crisis de derechos humanos que atraviesa Nicaragua ha provocado muerte, desapariciones forzadas, cárcel de disidentes, el exilio y el destierro. Estas son las historias de dos de 135 nicaragüenses expresos políticos que arribaron a Guatemala el pasado 5 de septiembre.
Por Isela Espinoza
El exilio forzado es un nuevo patrón represivo que el gobierno de Daniel Ortega instauró para sustituir la prisión injusta de quienes levantan la voz y defienden derechos, denunció Amnistía Internacional en febrero de 2023, después de la liberación de 317 presos políticos nicaragüenses y a quienes envío al exilio a Estados Unidos y España.
En esta nueva ola de violaciones de derechos humanos, Ortega junto a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo no solo exilian a los presos políticos sino también les despoja de su nacionalidad bajo el argumento de ser “traidores” y “vendepatrias”.
La condición de apátridas les quita todos sus derechos “cruelmente además de reforzar la política de terror y represión para aniquilar cualquier disidencia”, dijo en 2023 Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
El 5 septiembre de 2024, un nuevo grupo de presos políticos fue expatriado por el régimen. El destino: Guatemala. Pero la parte mediadora fue Estados Unidos. Los 135 tienen en común haber manifestado por la ola de represión que vive el país desde el 2018 cuando estallaron las protestas contra las reformas al sistema de seguridad social pero que el Ejecutivo catalogó como un intento de golpe de Estado.
El lavado de dinero, terrorismo y su financiación o tráfico de drogas son algunos de los delitos que el régimen utilizó para detenerlos. Además, de utilizar todas las instituciones del Estado para amedrentar, castigar y erradicar cualquier forma oposición política o defensa de los derechos humanos.
Su destino se encuentra en un limbo migratorio debido a que el reasentamiento en Estados Unidos para empezar de nuevo con sus vidas fue rechazado debido a los delitos que les inventó la dictadura.
¿Cómo fueron sus días de cárcel? ¿Por qué el régimen los arrestó? Son preguntas que tienen secuelas emocionales, físicas y profesionales pero que admiten no estar arrepentidos ya que su convicción los motivó a alzar la voz por quienes temen hacerlo. Una estudiante universitaria y un activista político compartieron sus historias con Prensa Comunitaria.
“He logrado saborear la libertad”
Gabriela Morales López, tiene 27 años, y cuando vivía en Managua estudió Trabajo Social en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAM). Desde mayo de 2018 se unió a marchas y manifestaciones hasta que un 19 de agosto de 2023 la detuvieron por quemar una bandera del Frente Sandinista. El hecho se volvió viral en las redes sociales y eso provocó su detención, recordó.
Su lucha activa tenía el objetivo de derrocar a un “minigobierno” dentro de la Universidad catalogado como un brazo de la dictadura de Ortega.
“Era una estudiante muy activa. Siempre participaba en las jornadas científicas y andaba en todo lo académico por lo que los profesores me conocían, entonces fui como un radar para ellos ya que le deben fidelidad al Gobierno y fui un blanco”, contó.
En la estación de policía fue sometida a casi 10 horas de interrogatorio sin comer ni dormir. “Era horrible el interrogatorio porque ellos siempre tienen la idea de que te financian. No creen que entre nosotros hay mucho amor por Nicaragua y convicción”, afirmó.
Morales pasó un año y un mes detenida, condenada a ocho años de prisión por los delitos de terrorismo, menoscabo a la integridad nacional, ciberdelitos, alteración al orden público y daños al patrimonio nacional. Sin embargo, dijo que el tráfico de drogas fue el delito que prevaleció en la acusación que el régimen le impuso. Ella recuerda su juicio como un circo. “Llevan como 10 a 12 testigos y los jueces se venden. No nos preocupa la sentencia porque sabemos que es falsa”, manifestó.
Sin embargo, para tramitar su refugio en Estados Unidos parece haber influido, por lo que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos le negó la entrada.
“Dentro del sistema penitenciario pensábamos en la libertad, pero ahora no tenemos un país ni nacionalidad y eso es un peso más”, dijo. Desde su llegada al país hasta el 31 de enero la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) les proporcionó vivienda a los 135 presos políticos y a algunos familiares que llegaron al país. Mientras, el apoyo con alimentación terminó el 2 de enero.
La incertidumbre y el miedo sobre su estatus migratorio se suma las consecuencias de quedarse sin el apoyo de ACNUR ya que no cuentan con permiso de trabajo ni documentos que respalden sus estudios o experiencia profesional para optar por un empleo en Guatemala mientras se regula su situación, porque el gobierno de Ortega la expulsó de Nicaragua.
“Acá he logrado saborear la libertad. Mi desafío ha sido lidiar con las emociones y sentimientos, pero más allá está la incertidumbre sobre lo que va a pasar en el futuro si no tengo una nacionalidad”, afirmó.
Estados Unidos fue la primera opción para reasentarse debido a que fue a través de ellos que ocurrió la liberación. Un mes después, España ofreció brindar la nacionalidad a los 135 presos políticos, pero si accedían significaba no continuar con el proceso iniciado por el país norteamericano.
“Al ver los rechazos masivos ACNUR nos presentó otras opciones para ir como Costa Rica, Chile, Guatemala, Argentina, Panamá e incluso Canadá. Pero este último nos dijo que por no tener nacionalidad no nos podía recibir”, agregó Gabriela quien espera que España le abra las puertas a la nacionalidad ya que temen quedarse en un país latinoamericano debido a la cercanía con el régimen representa un peligro para su seguridad.
“Era un deber alzar la voz”
Edder Muñoz Centeno tiene 34 años, es de la ciudad de Masaya y tenía tres años de estar en la cárcel cuando fue expatriado a Guatemala. Su activismo lo inició desde que cursaba secundaria por que creía que Nicaragua necesitaba “un cambio radical hacia la justicia, democracia y derechos humanos”, declaró. Por eso perseguido y encarcelado en tres ocasiones.
Desde la década de los 80 su familia se ha opuesto a las políticas de Ortega. En 2007, cuando este retoma el poder, Muñoz junto a otros jóvenes crean un grupo para condenar leyes arbitrarias que buscaban expropiar tierras a los campesinos con el objetivo de construir un canal interoceánico. Este proyecto, impulsó el activismo político de Muñoz entre 2010 y 2016.
El año pasado, el régimen volvió a revivir este proyecto con inversionistas chinos, está vez con una nueva ruta en la que, en vez de atravesar el Lago Cocibolca, pasaría por el lago Xolotlán.
Durante las protestas del 2018, fue detenido el 30 de diciembre de ese año. Seis días antes su esposa fue arrestada para que a cambio de su libertad él se entregara. Aunque así lo hizo, ella estuvo presa hasta el 5 de abril de 2019. Un mes después, el 20 de mayo, Muñoz fue liberado.
“Me vuelven a capturar el 22 de septiembre de 2019, pero solo me mantienen horas. Me hacen un interrogatorio, me liberan y me vuelven a capturar el 23 de noviembre de 2021 hasta el día de mi liberación, el 5 de septiembre de 2024”, recordó.
Sin embargo, de las tres capturas, el 2018 lo recuerda como la etapa más dura porque sufrió torturas psicológicas y físicas. “En mi cuerpo aún hay señas de esa tortura”, expresó. Una galleta y agua era lo que le daban de alimento para tres días mientras se encontraba durante 20 días en una celda con total oscuridad y otros 20 en una prisión con luz artificial día y noche.
“En 2018 nunca me presentaron ante un juez, nunca supimos de qué nos acusaban ni porqué nos detuvieron. En 2021, me detuvieron por un delito totalmente infundado. Me llegaron a traer a mi casa y cuando me presentan al juez, a los tres días, me presentan por caso de tráfico de estupefacientes, pero no hay prueba de nada de que yo estaba participando en algún ilícito”, contó.
En 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares debido a que fue condenado en un juicio sin ningún tipo de garantías.
Muñoz es ingeniero eléctrico pero la búsqueda de trabajo en Nicaragua se volvió un calvario cuando policías le perseguían, incluso, en las afueras de empresas que lo contrataban. Ante posibles problemas con la ley, sus amistades que lo contrataban terminaban despidiéndolo. Entonces, optó por la agricultura. “Trabajé la tierra, sembré plátano, banano, crie animales de granja para poder subsistir de esa manera”, recordó.
Edder recuerda que un mes antes de su liberación, lo aislaron de la celda donde permanecía junto a otros presos políticos y criminales a una de castigo. Todo el proceso del exilio forzoso empezó el 4 de septiembre.
El director del penal llegó con la excusa que les iban a dar asistencia psicológica y médica. A él y otros expresos políticos les ordenaron vestirse con el uniforme y los sacaron con grilletes en los pies y manos.
Cabeza abajo los suben en una ambulancia. En ese momento pensó que sería llevado a la cárcel de máxima seguridad de Nicaragua. Sin embargo, horas más tarde se dio cuenta que quedarían libres al observar la presencia de un funcionario de la embajada de Estados Unidos.
“Estábamos en un bus los 135 presos políticos que fuimos expatriados y se subió un funcionario estadounidense y nos comentan que por medio de una negoción ellos lograron liberarnos y que nos dirigíamos hacia Guatemala en donde íbamos a optar por procesos migratorios. Ahí respiramos un poco de libertad, aunque no total. Nos dijeron que si aceptábamos salir del país íbamos libres, pero si decidíamos quedarnos ya sabíamos que el régimen nos iba volver a encarcelar”, declaró.
El miedo persiste en los nicaragüenses exiliados desde el primer día de su liberación debido a que aún poseen familiares en su país natal y no desean perjudicarlos. Edder señala que los familiares que pudieron venir a visitarlos en Guatemala a su regreso a Nicaragua no los dejaron entrar o la policía llegó posteriormente a las viviendas para advertir que sabían que habían viajado a Guatemala.
Al llegar al país les notificaron que entrarían a un proceso del programa Movilidad Segura en donde las entrevistas requerían pruebas, documentos o algunas medidas cautelares que hayan sido giradas ante un organismo de derechos humanos.
Sin embargo, la ilusión de establecer su proyecto de vida en otro país también se ha convertido en un problema emocional. “Muchos traemos secuelas de heridas abiertas y tratar de olvidar de alguna manera camuflar y dejar eso en el pasado y comenzar una nueva vida es difícil. Más la incertidumbre de no saber a dónde ir ni tener un consejo real que me diga qué hacer, cómo hacerlo y a dónde dirigirme”, enfatizó.
Muñoz describe así su estado emocional ante el limbo migratorio en el que se encuentran. “Empezamos el año con malas noticias. No nos especificaron cuánto iba a tardar el programa, pero sí nos dijeron que era un procedimiento expedito por la situación en la que ingresamos al país que lo normal era que estos procesos duraban entre uno a dos años, pero nosotros íbamos a ser mucho más rápido el proceso”, añadió.
Guatemala les concedió una estadía de 90 días que vencieron el 5 de diciembre. Pero como había personas que aún no tenían una resolución se les extendió el plazo para otros 90 días que vencen el 27 de febrero.
“Me gustaría pedirle al Gobierno de Guatemala que nos dé una audiencia para exponerle la incertidumbre y lo que nosotros solicitamos”, abogó. Sus principales peticiones es contar con asesoría legal para conocer la mejor forma de establecerse en algún país y tener la posibilidad de generar sus propios ingresos.
“Hasta este momento no tenemos en concreto decisiones o consejos que aplicar y pensar a futuro se vuelve más oscuro para nosotros. ¿Qué hacer si somos apátridas? No tenemos nacionalidad porque el gobierno nos la quitó y lo único que poseemos es un documento (pasaporte) que requirió la negociación para sacarnos del país. Nuestro registro civil en Nicaragua no existe, no hay registro académico, no hay archivos de nuestro estatus médico en Nicaragua, no hay nada de nosotros. Somos fantasmas en un mundo en donde todos nos ven”.
Piden a ese mundo que los ayude y sean empáticos con ellos. Mientras, Edder tiene un sueño: estar nuevamente con su familia.
Un comité de ayuda
Ante el limbo migratorio que enfrentan conformaron un comité integrado principalmente por cuatro nicaragüenses que han asumido la tarea de representar a los 44 con el objetivo de “tocar las puertas necesarias” para que sean escuchadas sus demandas.
Una de las primeras medidas fue enviar una carta formal a la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) solicitándole que no los desampare y que cada uno pueda tener un abogado para que borre los delitos adjudicados por el régimen en su expediente.
“Hay personas que no saben leer ni escribir o tienen la carga familiar y los trámites migratorios son bien engorrosos por eso decidimos organizarnos”, dice Morales. La primera vez que se integró el grupo fue en noviembre para buscar fondos que cubrieron los gastos de medicamentos y complementos de alimentación.
El año pasado, un informe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU señaló que la situación de los derechos humanos en Nicaragua se ha deteriorado gravemente desde 2023, con un aumento de los casos de detenciones arbitrarias, intimidación de opositores, malos tratos bajo custodia y ataques contra pueblos indígenas.
Según el informe en mayo de 2024, al menos 131 personas consideradas como opositoras se encontraban bajo detención arbitraria, mientras en junio de 2023 se registraban 54 personas. En junio y julio de 2024 se produjeron otras 10 detenciones arbitrarias.
Ex-presos políticos nicaragüenses permanecen en limbo migratorio en Guatemala