Por Juan Francisco Sandoval
La pauta conductual de Consuelo Porras se desarrolla entre la disciplina para proteger a sus aliados y la contradicción en sus hábitos cuando las circunstancias le resultan convenientes.
Para mostrar el núcleo de la afirmación, traigo al recuerdo que, a finales de 2020, la fiscal general Consuelo Porras paralizó la investigación del tráfico de influencias que ejercía el gobernante Alejandro Giammattei en la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). Dicha acción estaba encaminada a beneficiar a las farmacéuticas que representaba la actual magistrada de la Corte de Constitucionalidad -nombrada por Giammattei- Leyla Lemus.
En aquella época se buscaba la remoción de Carlos Contreras como presidente de la directiva del IGSS y, de esa manera, quitar del camino a quien promovía un convenio con UNOPS (Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos) para transparentar la compra de medicamentos, algo que perjudicaba a las casas de medicamentos que representaba Lemus. Para entonces, Leyla Lemus fungía como secretaria general de la Presidencia de la República.
La fiscal general argumentó como pretexto para obstruir la investigación, que los fiscales de la FECI habíamos irrespetado la figura presidencial al haberle requerido información para incorporar en la investigación. Las consecuencias, el traslado del expediente a otra fiscalía para archivar la pesquisa y el intento frustrado de sancionar administrativamente a los fiscales.
¿Por qué traigo el recuerdo de estos incidentes? Primero, muestra la desenfadada actitud para proteger a sus aliados políticos, porque como vemos utilizó un pretexto fútil para defender a su amigo Alejandro Giammattei.
Así lo ha seguido haciendo con sus partidarios, como lo refleja el conteo que realiza el diario “La Hora” y los 360 días sin investigar a Miguel Martínez.
Regresando al tema de Giammattei-Lemus, aquella motivación vacua de paralizar la investigación (la supuesta falta de respeto al gobernante) y la aneja intención de sancionar a los fiscales mostraba su eficiencia para la impunidad, mataba dos pájaros de un tiro.
La reprimenda a los fiscales de la antigua FECI, a quienes exigía trato reverencial para Alejandro Giammattei, constituyó una actitud completamente opuesta a su insolencia con la que ella y sus adláteres actúan con respecto al presidente Bernardo Arévalo.
En comunicados públicos ha criticado las políticas gubernamentales, como lo he señalado en otros espacios de opinión; ha intentado usurpar la función de gobierno al sostener múltiples reuniones impropias de sus funciones como fiscal general.
Igual que su jefa, actúa Ángel Pineda quien en sus publicaciones en “X” ya no oculta el propósito de su agenda, y qué decir de lo que difunde Rafael Curruchiche en redes, un verdadero atentado en contra del deber ser del ejercicio del cargo de fiscal.
Desacato, impertinencia e irreverencia son calificativos que se quedan cortos al definir la crítica a la política interna y hasta la pretendida usurpación de funciones en asuntos externos con los que busca imponer una agenda que responde a las afinidades políticas de la fiscal general, no así a la función que demanda la Constitución y las leyes de la república en materia de persecución criminal.
Los calificativos de disciplina para proteger a los aliados y la contradicción de actitud según la conveniencia solo nos reflejan una cualidad de Consuelo Porras y su manejo del Ministerio Público: convenenciera, preocupada por sus propios intereses, sin consideraciones ni preocupaciones por su verdadera misión legal.
