Además de la suspensión, el Ministerio de Ambiente impuso una multa de Q2 millones por incumplimiento de compromisos ambientales del proyecto de extracción minera Sechol, que opera en Panzós, Alta Verapaz, desde el año 2014. La empresa Mayaniquel, propietaria del proyecto minero fue sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, en 2022, por la supuesta entrega de sobornos al presidente en ese entonces, Alejandro Giammattei.
Por Prensa Comunitaria
El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó sobre la suspensión temporal de la licencia ambiental del “proyecto de extracción minera Sechol” de la empresa Mayaniquel, S.A., ubicado en Panzós, Alta Verapaz.
La decisión se determinó “por incumplimiento de compromisos ambientales establecidos en la resolución de aprobación de su instrumento ambiental”, señala el MARN en un comunicado publicado el pasado 13 de diciembre.
“Adicionalmente, se le ha impuesto una multa por incumplir los compromisos ambientales de Q2 millones 649 mil 642”, cita la institución del gobierno de Bernardo Arévalo.
De acuerdo al MARN, estas medidas buscan que la empresa cumpla con los compromisos ambientales adquiridos. Según el artículo 63 del Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental, la licencia ambiental puede suspenderse temporalmente por incumplimiento de compromisos ambientales adquiridos.
¿Qué es el proyecto Sechol de Mayaniquel?
El proyecto de extracción minera de Mayaniquel es conocido como “Sechol” o LEXT-006-11, ubicado en Panzós, Alta Verapaz. Esta licencia de 15.24 kilómetros cuadrados fue otorgada en septiembre de 2013, sin embargo, debido a irregularidades se ha suspendido en varias ocasiones su licencia de exploración.
Mayaniquel, es propiedad de la transnacional rusa TELF AG, que según investigaciones entregó un soborno al presidente Alejandro Giammattei en 2022, en un caso que se conoce como “la alfombra mágica” o la “trama rusa”, procedimientos que no tuvieron seguimientos y que posteriormente cerró la fiscal general, Consuelo Porras.
El exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, que se encuentra exiliado, puso en evidencia cómo Giammattei recibió una alfombra llena de dinero en su casa de la zona 15, de la ciudad de Guatemala en 2021. Unos días después el Ministerio de Energía y Minas (MEM) sin mayor información entregó una nueva licencia minera a la empresa rusa Mayaniquel.
Según la información, Mayaniquel vende a Solway Investment Group el níquel que extrae de su yacimiento en Panzós. La empresa procesa el material y lo envía al puerto Santo Tomás, en Izabal, desde donde se exporta a los mercados europeos.
El 18 de noviembre de 2022, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos a través de la Ley Global Magnitsky sancionó por corrupción a Mayaniquel junto con la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) y Compañía Procesadora de Níquel de Izabal (Pronico), vinculados con Solway Investment Group, una empresa rusa dirigida por personas señaladas de sobornos.
El Departamento del Tesoro en Washington D.C. sancionó en ese entonces, a Dmitry Kudryakov y a Iryna Litviniuk, los ejecutivos de Solway, por dirigir “múltiples esquemas de sobornos durante años que involucran a políticos, jueces y funcionarios guatemaltecos…” y “llevar a cabo actos corruptos en apoyo a los esquemas de tráfico de influencias rusos al dar pagos en efectivo ilegalmente a funcionarios públicos a cambio de apoyo a los intereses mineros rusos”.
Sin embargo, esta medida se retiró en enero de 2024. En su momento, la empresa anunció que se podría “iniciar operaciones nuevamente en Guatemala”. Finalmente, en 2024 la empresa inició nuevamente sus operaciones en el país.
Mayaniquel señala que es un caso desde hace 10 años y tomará acciones
Según un comunicado público en la página web de la empresa Mayaniquel, S.A. señala que fue notificado de diversas resoluciones administrativas emitidas por el MARN durante el transcurso de la tarde del día 13 de diciembre del 2024.
“Las notificaciones recibidas por Mayaniquel y a las que aparentemente hace referencia el MARN en su comunicado se relacionan a un irregular proceso de auditoría ambiental llevado a cabo en el mes de marzo del año 2015, hace casi 10 años, cuando la empresa era propiedad de sus anteriores accionistas”, aclara.
La empresa indica que se continuará con “los reclamos de arbitraje de inversión por parte de sus inversionistas, Mayaniquel tomará las acciones legales correspondientes para protegerse en contra de los actos y resoluciones del MARN, -así como de cualquier otra entidad que intente afectar aún más sus derechos y los de sus inversionistas, empleados y partes interesadas- y buscará deducir las responsabilidades personales de quienes actúen en abuso de su autoridad”,
Ba Tiul: “El proyecto nunca ha beneficiado a la población”
El investigador y antropólogo, Máximo Ba Tiul en una entrevista con Prensa Comunitaria, señaló que Mayaniquel, es parte de lo que antes se llamó EXMIBAL y Oxec, y nunca han beneficiado a la población, sobre todo al pueblo maya Q’eqchi’ del lugar.
“Es un proyecto que ha dejado muertos, persecución, desaparición, miedo y terror en vez de desarrollo para la población. Es un proyecto que destruyó el medioambiente de todo ese territorio. Ha dejado división en las comunidades y la cambió la vida del pueblo Q’eqchi’, porque son proyectos que fueron dados en concesión bajo la mesa, por medio de corrupción y compadrazgo”, enfatizó.
Asimismo, asegura que no es la primera vez que Mayaniquel es señalado en procesos irregulares, señala que la suspensión debe ser definitiva, como otros proyectos que han destruido la vida de las comunidades. “Un proyecto que ha dejado violaciones a los derechos humanos y al medio ambiente debe ser detenido en su totalidad, porque nunca ha beneficiado a la población Q’eqchi’ de esos lugares”, indicó Máximo Tiul.
Además, destaca que no hay que “olvidar que las empresas, tanto mineras, como hidroeléctricas o de monocultivos, sobre todo, siempre van a alegar, diciendo que toda medida es ilegal, pero que más ilegal hay, cuando no se cumple con los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Toda empresa inversora, tiene que observar incluso las salvaguardas del Banco Mundial, y esas salvaguardas van en función de proteger los derechos humanos en cualquier proyecto que se haga”.
“El gobierno y el Estado guatemalteco debe velar por los derechos de los pueblos indígenas, cumplir con el Convenio 169, las dos declaraciones sobre pueblos indígenas de la OEA y ONU y hacer que la empresa se vaya de una vez, sobre todo porque han violado el derecho a la vida del pueblo maya Q’eqchi’ siendo este un derecho fundamental”, puntualizó el académico Poqomchi’.
