Grupos de poder que han defraudado impuestos al Estado buscan que sus casos no sean investigados. Pero las acciones del MP no solo causan zozobra en los trabajadores de la SAT, también a corto plazo el ritmo de recaudación podría disminuir si estos casos quedan impunes, según exfuncionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria.
Por Isela Espinoza
Debilitar la institucionalidad de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y dejar en la impunidad casos de defraudación que involucran a grupos de poder son algunos de los impactos que analistas visualizan en el reciente caso que emprendió el Ministerio Público (MP) contra el superintendente Marco Tulio Díaz Reyes.
La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) realizó, este jueves, un allanamiento a las oficinas de la firma auditora Moore Díaz Reyes, propiedad de los hermanos del jefe de la SAT. El hecho ocurre un día después que Díaz Reyes reveló que el MP abrió una investigación en su contra y sus familiares por extorsión y tráfico de influencias, tras denunciar el caso B410. Este consiste en una estructura de 410 empresas que habría defraudado al fisco hasta Q300 millones a través del incumplimiento en el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Sobre la Renta (ISR) durante el gobierno de Alejandro Giammattei.
Para el exsuperintendente Juan Francisco Solórzano Foppa esta persecución no es únicamente en contra de Díaz Reyes sino también de los más de 70 auditores y otros trabajadores involucrados en las investigaciones y denuncias de defraudación tributaria por lo que las acciones del MP buscan “debilitar la institucionalidad de la SAT”.
Abelardo Medina Bermejo, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) y exsuperintendente interino de la SAT, coincidió en que los efectos colaterales del caso se extienden en la zozobra que causa a los trabajadores sobre lo que pasará en el ente tributario. En ese sentido, la administración a corto y larga plazo podría tener un impacto ya que los empleados podrían pensar en las acciones que van a tomar ante casos de defraudación.
Ambos coincidieron en que es una forma de intimidación y deslegitimación del MP al caso B410 para que la SAT deje de investigar, aunque dentro de sus atribuciones tiene la facultad de imponer sanciones fiscales a las empresas o contribuyentes.
“Es muy preocupante lo que está sucediendo porque el superintendente es una de las figuras más importantes del Organismo Ejecutivo, pero realmente no tiene ninguna defensa”, dijo Medina al recordar que el cargo no le da inmunidad a Díaz Reyes por lo que corre el riesgo de ser detenido sin tener certeza de su involucramiento en las acusaciones del MP.
Por otro lado, Medina alertó que otro impacto se trasladaría al contribuyente que incumple con el pago de sus impuestos. “Perciben que, de todas maneras, aunque no hayan hecho pagos y aunque hayan defraudado no les pasa nada. Lamentablemente este tipo de situaciones ocasiona un daño profundo a la moral tributaria y cuestionada dramáticamente la credibilidad de los organismos del Estado para defender a los que pagamos impuestos”, dijo el analista.
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El gobierno de Bernardo Arévalo contará con Q148 mil 526 millones para ejecutar en 2025, del monto se devengan ingresos y gastos. Para el analista del ICEFI, la parte presupuestaria no cambiaría en el corto plazo, pero una de las consecuencias podría ser que la recaudación baje. De pasar esto, prevé que haya algún impacto en la ejecución del presupuesto del próximo año.
Medina considera que el gasto del presupuesto del Estado ha aumentado comparado con años anteriores, por lo que si se pierde la dinámica en la recaudación tributaria podría ocasionar que, en el 2025, haya algunos problemas de financiamiento en rubros que deben ser pagados.
“Por ejemplo, si la recaudación es baja es muy normal que aquellas asignaciones que van dirigidas a las municipalidades, a los concejos de desarrollo o algunos entes particulares se vean reducidas”, comentó Medina.
En tanto Foppa, recordó que la SAT se ha fortalecido en la recaudación de impuestos y eso también ha beneficiado a gobierno, como el de Giammattei y a estructuras corruptas que están detrás de Consuelo Porras.
“Ellos lo que están buscando es que no haya menos presupuesto para ejecutar. Ellos lo que están buscando es que haya impunidad y que nadie se atreva a investigarlos. El monto del presupuesto para ellos es bueno que aumente, lo que no es bueno es que se les investigue”, expresó.
Por otro lado, los casos recientes de persecución penal contra funcionarios públicos también debilitan la participación de profesionales en el servicio público. Medina lamentó que personas preparadas académicamente y con más capacidad se mantengan al margen del servicio público.
Según el jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, la diligencia de este jueves busca establecer si el superintendente tiene alguna vinculación con esta firma, ya que recibieron denuncias que a través de la SAT algunas empresas habían sido remitidas a la firma auditora, para que, si su empresa tenía una deuda con el Estado, de por lo menos Q10 millones, se les otorgara un descuento.
Curruchiche añadió que el superintendente de la SAT no está siendo investigado, la firma de auditoría, sí. La diligencia fue de inspección, registro y secuestro de evidencias.
Este jueves se conoció que el superintendente solicitó una licencia para tomar su periodo de vacaciones y en su lugar asumió, de forma interina, Armando Gabriel Pokus Yaquián, intendente de Atención al Contribuyente.
“El ministerio Público de hoy es una herramienta de impunidad y la van a utilizar para debilitar a las instituciones y para perseguir a las personas que se dediquen a denunciar actos de corrupción”, agregó Foppa.
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