El 23 de diciembre, el Ministerio Público giró órdenes de captura contra Pablo Ceto y Miguel Sanic Itzep, en un contexto de denuncias sobre una estrategia de criminalización dirigida a líderes políticos y defensores de derechos humanos.
Por Prensa Comunitaria
El Ministerio Público (MP) de Consuelo Porras anunció que Pablo Ceto y Miguel Sanic Itzep, tienen una orden de captura, acusados de estar vinculados a la masacre de Chacalté en 1982.
De acuerdo con el comunicado del MP, Ceto y Sanic, tendrían responsabilidad en el ataque contra los pobladores, por dirigir en ese momento la organización conocida como Ejército Guerrillero de Los Pobres y perpetrar el ataque.
En respuesta, la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), partido político con el que ha participado Ceto para postularse a diversos cargos públicos declaró que el Ministerio Público solo trata de criminalizar a los defensores y líderes que han defendido los derechos humanos en Guatemala.
Pablo Ignacio Ceto Sánchez, nació en Santa María Nebaj, Quiché. Es maya Ixil, ingeniero agrónomo egresado de la Universidad San Carlos (Usac) en 2006. Desde el 2011 es Rector de la Universidad Ixil, un modelo educativo alternativo basado en el conocimiento ancestral maya que ofrece oportunidades de educación a líderes comunitarios emergentes. Fundador y directivo de la Fundación Maya (Fundamaya).
En los comicios de 2019 fue proclamado como candidato a la presidencia por la URNG cuando planteaba que un pendiente para Guatemala es el cumplimiento de Los Acuerdos de Paz.
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En seguimiento a los allanamientos realizados hoy por la Fiscalía de Derechos Humanos en inmuebles ubicados en Santa María Nebaj, Quiché, Mixco y cuidad de Guatemala, el Ministerio Público informa: pic.twitter.com/0Z0DJpGyzP
— MP de Guatemala (@MPguatemala) December 23, 2024
La orden de captura contra Pablo Ceto ocurre en un contexto donde el Ministerio Público (MP) ha debilitado los procesos contra exmilitares acusados de crímenes de lesa humanidad durante el conflicto armado interno.
Este debilitamiento se evidencia en decisiones como la de la Corte de Constitucionalidad (CC), que recientemente otorgó libertad condicional al coronel Jacobo Salán Sánchez y a Malfred Orlando Pérez Lorenzo, vinculados al caso del Diario Militar, argumentando problemas de salud. Estas medidas contrastan con la gravedad de los delitos imputados, como desaparición forzada y asesinato, los cuales prohíben medidas sustitutivas.
Diario Militar: CC ordena mantener en libertad al coronel Jacobo Salán Sánchez
Familiares de víctimas del conflicto armado señalaron que el caso de Pablo Ceto evidencia la estrategia del MP de tergiversar hechos históricos y desviar la atención de la responsabilidad estatal en los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado.
La URNG ha denunciado que las acusaciones no solo son injustas, sino que también representan un intento de deslegitimar a líderes y movimientos sociales que han dedicado su vida a la defensa de los derechos de los pueblos originarios y a la justicia social.
Ceto, exdiputado y candidato presidencial, fue uno de los fundadores del Comité de Unidad Campesina (CUC) y, tras la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, continuó su carrera política con la URNG. Sin embargo, el MP lo acusa, junto con Sanic Itzep, de ser responsables de la masacre en Chacalté, sin reconocer que, según la CEH, el Ejército y las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) fueron los principales responsables de estos hechos.
El MP en los últimos años ha incidido en un patrón de criminalización contra los defensores de derechos humanos y de la libertad de expresión. Una evidencia es el ataque a periodistas, líderes campesinos y académicos, así como la creciente represión contra estudiantes y movimientos sociales lo que les ha valido la sanción de la comunidad internacional.
