El Ministerio Público ha desembolsado una millonaria cantidad de dinero para atender “casos especiales contra la impunidad”, los cuales están asignados a la criticada FECI de Rafael Curruchiche.
Por Cristian García
Después de la salida de Juan Francisco Sandoval de la jefatura de la FECI, el Ministerio Público de Consuelo Porras ha gastado un total de Q65.78 millones para trabajar en casos “especiales contra la impunidad”, según el Sicoin.
Entre agosto de 2021 y diciembre de 2024, la fiscalía ahora a cargo de Rafael Curruchiche ha contado con un amplio presupuesto para impulsar diferentes expedientes en el sistema de justicia.
Estos han criminalizado el trabajo de antiguos integrantes de esa unidad de investigación. También han resultado afectados por estas carpetas judiciales múltiples periodistas y hasta el Movimiento Semilla.
La inversión tampoco se ha traducido en condenas en investigaciones de alto impacto que desarrollaron la antigua FECI y la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ya que los expedientes se han cerrado en favor de Alejandro Sinibaldi, Manuel Baldizón, Sergio López Villatoro y otros sindicados.
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En cambio, las actividades efectuadas por Curruchiche, con el aval de la fiscal general, les ha valido a ambos el recibir sanciones internacionales, que actualmente les impide ingresar a Estados Unidos y a la Unión Europea.
Esto ocurre entre una crisis de impunidad provocada por la propio Fiscalía, debido a que la Convergencia por los Derechos Humanos indicó que en la gestión de Consuelo Porras se han desestimado 3.33 millones de denuncias.
De esa manera, la institución encargada de la persecución penal ha desechado el 87% de las 3.82 millones de denuncias que ha analizado entre 2018 y 2024, según el informe de la Convergencia.
Los casos
Prensa Comunitaria le consultó al Ministerio Público cuáles eran, a su criterio, los casos más relevantes de combate a la impunidad que se han presentado en el período en el que Curruchiche ha sido el jefe de la FECI. Sin embargo, no hubo respuesta.
No obstante, entre los expedientes más representativos están el de Jose Rubén Zamora, quien pasó 813 días preso. Aunque ahora tiene arresto domiciliario, sus casos siguen activos y una Sala ordenó su retorno a la cárcel, una decisión que todavía no está firme.
También resalta la carpeta judicial del Movimiento Semilla, por el cual la agrupación gobernante fue, primero, suspendida y, después, cancelada, por medio de decisiones controvertidas del juez Fredy Orellana.
Destaca, además, la “investigación” Acuerdo Fraudulentos, con el que se criminalizó a las personas que evidenciaron actos de corrupción de la empresa Norberto Odebrecht, entre quienes están Juan Francisco Sandoval, Siomara Sosa y David Gaitán.
El último caso polémico de la FECI es el que involucra a la oenegé Save The Children, cuyas oficinas fueron allanadas por una investigación sobre supuestos abusos contra menores. La pesquisa se encuentra bajo reserva y se desconocen detalles.
