En los últimos tres gobiernos, Guatemala ha mostrado el mínimo avance en el combate a la corrupción por lo que su posicionamiento en el Índice de Percepción de la Corrupción muestra que existen graves problemas de corrupción. En el marco del Día Internacional Contra la Corrupción, el Gobierno de Arévalo presentó medidas que buscan fortalecer las instituciones del Ejecutivo para la asignación de fondos públicos, así como mecanismos de denuncia.
Por Isela Espinoza
La corrupción y la injusticia son dos flagelos que coexisten en Guatemala como consecuencia de tres gobiernos consecutivos (Otto Pérez Molina, Jimmy Morales y Alejandro Giammattei) implicados en prácticas corruptas, señaló en enero el índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2023.
El IPC de Transparencia Internacional clasifica a 180 países en una escala de cero (muy corrupto) a 100 (muy baja corrupción). Guatemala se ubicó en el puesto 154 con una puntación de 23 de 100. La nota por debajo de 50 puntos indica que existen graves problemas de corrupción. Según el informe, el Ministerio Público y el poder judicial se han utilizado para conceder impunidad a las clases dirigentes por sus prácticas corruptas y para atacar a quienes alzan la voz contra la corrupción. “Esto dejó al Estado sin ninguna capacidad institucional para combatir la corrupción”, dice el documento.
Según cifras del Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas, el impacto de la corrupción equivale a más del 5% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial y provoca una pérdida de hasta el 25% del gasto público (US$13 billones). En 2021, el Global Financial Integrity (GFI) reveló que el costo de la corrupción en el país se calcula hasta en unos Q30 mil millones.
En agosto, cuando la Comisión Nacional contra al Corrupción registraba 131 denuncias, Santiago Palomo, exdirector de esta entidad y ahora secretario de comunicación de la presidencia, dijo que esas denuncias se traducían en Q7 mil millones 266 mil. “Con este dinero se podría haber hecho una modernización completa del Aeropuerto La Aurora (Q1,540 millones), la construcción de un hospital moderno totalmente equipado (Q740 millones) y una red completa de metro en Guatemala (Q4,760 millones)”, dice en un video.
Este lunes en el marco del Día Internacional contra la Impunidad, el Gobierno de Bernardo Arévalo conmemoró la fecha con un acto donde estuvo presente el gabinete y otros empleados públicos en donde presentó dos iniciativas de ley y firmó dos acuerdos gubernativos para contrarrestar las prácticas corruptas desde el Ejecutivo.
Arévalo reconoció estar consciente que la corrupción no se combate solamente tomando medidas de corto plazo, reemplazando a algunos funcionarios, suprimiendo plazas, revisando algunos procedimientos o reformando una ley ya que es un fenómeno complejo y estructural.
“La corrupción es un monstruo de mil cabezas que habita en las entrañas del Estado”, dijo el mandatario al iniciar su discurso y recordar que esta se traduce para la ciudadanía en la falta de medicamentos en los hospitales, en las escuelas que no se construyen, los maestros que no se contratan, la infraestructura vial o el financiamiento al pequeño y mediano empresario pero que no llega a su destino final.
Recientemente, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) denunció un el fraude de una cooperativa a la que se le asignó durante el gobierno de Giammattei créditos por un monto de Q126 millones 143 mil 434, destinados a 43 proyectos productivos en algunos departamentos del país. Pero estos fueron desembolsados irregularmente.
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Este es uno de los más de 200 casos que ha registrado la Comisión Nacional contra la Corrupción presidida por Julio Flores y que según dijo Arévalo, con la información recabada, se impulsarán medidas desde el Ejecutivo como los anunciado este lunes.
El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) resaltó que contar con órganos judiciales e instituciones encargadas de la aplicación de la ley independientes, trasparentes y dotadas de recursos suficientes es fundamental para contener la corrupción. Esto resulta clave para evitar que el abuso del poder político, el soborno y otras formas de corrupción influyan en los sistemas de justicia para asegurar que estos sean eficaces, agregó.
El informe resaltó que las autoridades que menoscaban la justicia contribuyen a profundizar la impunidad de la corrupción y, en algunos casos, incluso la fomentan al eliminar las consecuencias para los infractores.
En Guatemala, el Ministerio Público de Consuelo Porras continúa respondiendo a los intereses del conocido Pacto de Corruptos al observar los últimos acontecimientos entre ellos la anulación del partido Movimiento Semilla que llevó a la presidencia a Arévalo, el cambio de personal que maneja casos por genocidio en la Fiscalía de Derechos Humanos y la presunta investigación contra el superintendente de la Administración Tributaria, Marco Livio Díaz Reyes, tras develar el caso B410 y Eureka B410 que evidenció a una estructura de empresas que defraudó más de Q6.9 millones en impuestos.
Francois Valérian, presidente de Transparencia Internacional, comentó en el informe del IPC que “la corrupción seguirá ganando terreno hasta que los sistemas de justicia puedan castigar los actos indebidos e imponer controles a los gobiernos. Cuando la justicia es algo que se puede comprar o interferir políticamente, quienes sufren son las personas”.
Iniciativas de ley y acuerdos gubernativos
Durante el acto realizado en el Palacio Nacional este lunes, Pedro Fuentes, subdirector de la Comisión Nacional Contra la Corrupción dio a conocer la iniciativa de Ley de Beneficiario Final y la iniciativa de Ley de Protección de Denunciantes de Irregularidades. La primera permitirá la creación de un registro de beneficiarios adscritos a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para poder conocer quiénes son las personas que ejercen control, son propietarias o se benefician de las empresas.
“Esto permitirá tener mayores controles e identificar alertas de posibles conflictos de interés. Con este registro se permitirá el intercambio fluido de información con instituciones clave para poder prevenir la corrupción”, dijo Fuentes.
2️⃣🧵 Pedro Fuentes, subdirector de la Comisión Nacional Contra la Corrupción, explicó en qué consiste los acuerdos gubernativos contra la corrupción
Uno de ellos busca identificar a las personas individuales que controlan y se benefician de empresas o estructuras que contratan… pic.twitter.com/gzX4EgGlh0
— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) December 9, 2024
En tanto, la iniciativa de Ley de Protección de Denunciantes de Irregularidades para quienes alcen la voz en contra de la corrupción sean protegidos por la ley, manifestó el subdirector. La iniciativa prevé la creación de canales de denuncia.
Además, Fuentes comentó que esta mañana durante una reunión con el consejo de ministros, el presidente firmó los acuerdos gubernativos de Proveedores Transparentes y de Sistemas de Integridad.
Según explicó el de Proveedores Transparentes responde a la necesidad de reformar las normas que regulan la inscripción y precalificación de los contratistas y proveedores del Estado, para generar mayor transparencia y prevenir actos de corrupción en la contratación pública.
“Busca identificar y verificar a las personas individuales que controlan y se benefician de empresas o estructuras que contratan con el Estado”, enfatizó Fuentes.
Mientras, el Acuerdo gubernativo de Sistemas de Integridad fue definido como las bases de la ética pública en el Gobierno para prevenir la corrupción, así como la gestión de denuncias administrativas.
Arévalo resaltó el trabajo de la Comisión Nacional contra la Corrupción instalada en febrero sirve para detectar patrones de corrupción. “La Comisión hoy presenta propuestas integrales y sostenibles que dotarán a las instituciones públicas para prevenir la corrupción. El caso B410 ha evidenciado la urgencia de contar con procedimientos para que el Estado conozca a profundidad las empresas que buscan prestar servicios. Es injustificable que los recursos públicos sean asignados a empresas que no cumplen con estándares internacionales”, agregó el presidente.
Según resaltó Arévalo los acuerdos gubernativos y las iniciativas de ley se complementan y buscan reconstruir la confianza en el Estado, blindarlo contra los abusos del pasado y devolver a las instituciones su misión de servir a los guatemaltecos.
El año pasado, la Oficina Humanitaria de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) describió cómo Guatemala de tener “uno de los mecanismos más exitosos para combatir la corrupción y el crimen organizado” con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de la ONU (expulsada en 2019) se convirtió “en un brazo represivo para asfixiar a quienes buscan decir la verdad, investigan y promueven la libertad de expresión” y que desembocó en el aumento de la criminalización de operadores de justicia y medios de comunicación.
Sesenta operadores de justicia que trabajaban en casos relacionados con corrupción y un alrededor de 22 periodistas que los investigaban acabaron detenidos o en el exilio para evitar la cárcel.
“En Guatemala existe un proyecto autoritario encaminado a destruir la democracia”, condenó la organización Human Rights Watch (HRW) en una visita realizada al país, en abril de 2023, en el contexto de las elecciones generales. Pese a la judicialización de los comicios, y el presidente Arévalo tomó posesión, los ataques del MP no cesan y continúa una alianza con jueces que continúan impulsando casos de criminalización o desestiman casos para dejar en la impunidad actos corruptos cometidos por funcionarios de gobiernos anteriores.
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