Por Prensa Comunitaria
La revocatoria al arresto domiciliario del periodista Jose Rubén Zamora Marroquín y la amenaza de su retorno a prisión ratifica lo expresado hace unos días por la exdiputada Ligia Hernández: “Que nada ha cambiado en el ámbito político y judicial”. Pese a lo dicho por el gobierno y la bancada oficialista, la elección de magistrados a Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Salas de Apelaciones no fue balanceada.
Más allá de la suerte del gobierno y la bancada de Semilla en los próximos años, la prisión preventiva ha sido una de las armas, usada como castigo ejemplar, del pervertido sistema de justicia guatemalteca contra quienes han cuestionado el régimen de corrupción e impunidad que permea en las altas Cortes. Al menos desde la gestión de Thelma Aldana como fiscal general del Ministerio Público (MP), hemos visto este tipo de actuaciones contra las autoridades indígenas, dirigentes y periodistas comunitarios, igual que hoy ocurre en el caso de Jose Zamora.
Como lo hemos presenciado en este caso y los de operadores de justicia, actualmente perseguidos, la criminalización no es una decisión de unas manzanas podridas en juzgados, tribunales y fiscalías, hay un sistema político y criminal que lo permite, lo impulsa y se beneficia de ello, a pesar de los múltiples llamados para detener esta actuación.
Este hecho contradice las palabras emitidas por el presidente Bernardo Arévalo en la firma de la Declaración de Chapultepec junto a directivos de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), quien aseguró que la presencia del régimen autoritario está terminando.
“Este esfuerzo deber ser acompañado por otros organismos de Estado, otras instituciones y otros actores. Necesitamos alcaldes con vocación democrática, demandamos jueces que protejan los derechos y las libertades democráticas, diputados que garanticen y respeten el libre ejercicio de la prensa. Es urgente la necesidad de una fiscalía que cese la persecución política y arbitraria a los periodistas”, dijo el presidente desde el Salón de Banquetes del Palacio Nacional de la Cultura, segundos antes de apuntar su rúbrica para ratificar la Declaración donde Zamora fue testigo de honor.
Como el Estado es único e indivisible, la firma de esta declaración con la SIP se vuelve una contradicción a esa protección que mencionó Arévalo. La otra contradicción está en aquella promesa olvidada de un programa de protección a periodistas, que a la fecha sigue sin avance.
Esto significa que ya no es suficiente echar las culpas a los organismos del Pacto de Corruptos. Conforme pasa el tiempo, el presidente Arévalo pierde oportunidades de reponer los derechos de la población guatemalteca que se violan todos los días.
