Los magistrados Nester Vásquez, Roberto Molina Barreto, Héctor Hugo Pérez Aguilera y Luis Rosales, otorgaron la libertad condicional a Jacobo Salán y Manfred Orlando Pérez, pese a que los delitos por los que ambos están vinculados al caso tienen prohibición expresa para conceder arresto domiciliario.
Por Alexander Valdéz
Con cuatro votos a favor y tres en contra, el pleno de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió aceptar una apelación presentada por Jacobo Esdras Salán Sánchez y Malfred Orlando Pérez Lorenzo, ordenando que ambos puedan continuar en libertad condicional mientras solventan su situación legal por el caso Diario Militar. El fallo se dicta contra la Sala Segunda de Mayor Riesgo, que había revocado las medidas por considerar que el delito de asesinato no goza de esos beneficios.
Los magistrados Nester Vásquez, Roberto Molina Barreto, Héctor Hugo Pérez Aguilera y Luis Rosales, estuvieron a favor de otorgar la libertad del militar pese a que por el que ambos están vinculados al caso tiene prohibición expresa para conceder arresto domiciliario.
Molina Barreto y Rosales que conocieron el caso, están ligados al partido Valor de Zury Ríos, hija del fallecido expresidente de facto y general José Efraín Ríos Montt, también estuvo acusado y procesado por el delito de genocidio contra el pueblo Ixil.
Salán Sánchez está procesado por los delitos de asesinato, asesinato en grado de tentativa, desaparición forzada y delitos contra los deberes de la humanidad. Mientras que, Pérez Lorenzo por desaparición forzada y delitos contra los deberes de la humanidad.
Salán argumentó ante la CC que “a causa de su detención, su estado de salud ha empeorado gravemente”. Además, señaló que incluso, previo a la realización de esa diligencia tuvo una crisis extrema de dolor en la columna.
Por su lado, el segundo acusado pidió que los derechos humanos que se discuten “también deben ser aplicados para los sindicados”, pidiendo que se priorice su derecho a la salud, ya que los estudios médicos que le han practicado, señalaron que padece de la enfermedad denominada párkinson, la que es degenerativa y progresiva.
Los magistrados Leyla Lemus, Juan José Samayoa y Rony López estuvieron en contra de la decisión que asumieron sus colegas.
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Los cuatro magistrados aceptaron los argumentos de los dos acusados señalando que en el caso coinciden las circunstancias que ameritan el otorgamiento de la protección constitucional. Es decir, otorgó la protección provisional a los procesados y les devuelve el beneficio de permanecer en libertad condicional.
“Con lugar el recurso de apelación interpuesto por Jacobo Esdras Salan Sánchez –amparista–. III. Revoca el numeral II) de la resolución apelada y, resolviendo conforme a Derecho, otorga el amparo provisional solicitado, precisando como efecto positivo de tal protección que se deja en suspenso temporal la decisión de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés –acto reclamado–”, indica la resolución.
Otro beneficio judicial
Está no es la primera vez que la CC favorece a Salán Sánchez, anteriormente le confirmó un amparo que anuló la resolución del juez de mayor riesgo “B”, Miguel Ángel Gálvez, que ya lo había enviado a juicio. En esa oportunidad ordenó que se emitiera un nuevo fallo debidamente fundamentado, prácticamente dejando sin validez la etapa intermedia del caso Diario Militar, al haber un nuevo juez.
La Fiscalía de Derechos Humanos vincula a Salán Sánchez y al resto de implicados en la investigación llamada “Diario Militar” o “Dossier de la Muerte”. Este es un documento que detalla cronológicamente, la forma en la que fuerzas de seguridad del Estado cometió una serie de crímenes.
Entre ellos: secuestro, desaparición forzada, traslado a centros clandestinos de detención, tortura, abuso sexual y el asesinato de 183 personas entre los años 1983 y 1985, durante el Conflicto Armado Interno.
El otro beneficiado fue Pérez Lorenzo, quien fue un integrante de la extinta Policía Nacional (PN). En esa institución laboró en los años 80, en la Sección de Drogas y Narcóticos. Actualmente trabaja como guardia de seguridad de la empresa VISEGUA, que aparece en línea como Vigilancia y Seguridad Empresarial de Guatemala. En los últimos años ha trabajado en empresas de seguridad.
El 27 de mayo de 2021, la Fiscalía de Derechos Humanos informó de la captura de 11 militares señalados de la detención ilegal, tortura, desaparición forzada, asesinato y violencia sexual de aproximadamente 195 personas, durante el gobierno de facto del general Óscar Humberto Mejía Víctores, entre 1983 y 1985.
Según la fiscalía, el archivo que se investigó en 1999, recoge registros de asesinatos y desapariciones forzadas de al menos 183 personas. Este caso estuvo a cargo de Miguel Ángel Gálvez, pero el juez renunció a seguir en el Organismo Judicial (OJ), por el hostigamiento y criminalización del que fue víctima a raíz de fallos dictados en ese expediente.
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Acusado de corrupción
El militar Salán Sánchez no es la primera vez que comparece ante un juez. El 5 de junio del 2014, el Tribunal Segundo de Sentencia Penal lo condenó por el traslado de Q30 millones al Crédito Hipotecario Nacional, provenientes de la sustracción de Q120 millones del Ministerio de la Defensa Nacional en 2001. Pero el 24 de marzo del 2015, la Sala Tercera de Apelaciones del ramo Penal anuló la sentencia.
El caso sigue activo por peculado y actualmente está procesado por ese desvío millonario, que además llegó al expresidente Alfonso Portillo, de quien fue asesor de seguridad.
