La CC confirmó la resolución del Juzgado de Mayor Riesgo “B”, que en 2023, anuló las órdenes de captura giradas contra Tarso de León Maldonado y Edgar Eugenio Méndez, ambos señalados de delitos contra los deberes de la humanidad, desaparición forzada y asesinato.
Por Alexander Valdéz
La Corte de Constitucionalidad (CC) rechazó los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Público (MP) y la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA), contra la resolución del Juzgado de Mayor Riesgo “B”, del 25 de septiembre de 2023, que anuló las órdenes de captura contra Tarso de León Maldonado y Edgar Eugenio Méndez, ambos señalados de graves delitos en el caso conocido como Diario Militar.
La fiscalía y los representantes de las víctimas buscaban que se dejara sin efecto la resolución que protegió a los dos acusados y los dejó sin órdenes de captura, y actualmente los mantiene desligados de esa investigación. De hecho, no fueron ni citados a una primera declaración para que solventen su situación legal por la posible comisión de delitos contra los deberes de la humanidad, desaparición forzada y asesinato.
“Al resolver como lo hizo no consideró las circunstancias particulares del caso y no interpretó, ni aplicó correctamente la normativa penal aplicable, dado que la solicitud de las órdenes de aprehensión requeridas contra los sindicados, reunían los requisitos de ley; c) inobservó que al solicitar las mencionadas órdenes se expusieron las circunstancias por las cuales se consideraba la posible participación de los sindicados en los hechos ilícitos objeto de la investigación, razón por la cual se determinó la necesidad de girar órdenes de aprehensión”, denunciaron la víctimas.
La CC analizó los argumentos vertidos por los apelantes, sin embargo, consideró que el juzgado no incurrió en falta de motivación, ni varió las formas del proceso al dictar la resolución y aceptar la solicitud de los implicados en la investigación.
“Al efectuarse el análisis de rigor, conforme al estudio de las constancias procesales, lo argumentado por las partes y de los agravios denunciados por el ente accionante, esta Corte considera que la autoridad cuestionada no incurrió en falta de motivación, ni varió las formas del proceso, al no convocar a los sujetos procesales para discutir los recursos de reposición que interpusieron Edgar Eugenio Méndez López y Alfonso Tarzo de León Maldonado”, concluyó. Ese fallo implica que la decisión quede firme.
¿Quiénes son los implicados?
A Méndez López se le atribuye el apodo de “Pepito el Malcriado”, y sucedió a Oliva Blanco en el Departamento de Investigaciones Técnicas. Méndez participó, según la fiscalía, en la desaparición del sindicalista, estudiante de Literatura y miembro del Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) Rubén Amílcar Farfán, ocurrida el 15 de mayo de 1984. La hermana y sobrino son directora y abogado de la asociación Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA), querellante en el caso.
En la investigación figura una declaración de un exintegrante del ejército, que señala que “Pepito el Malcriado” habría entregado a Farfán al mayor Alfonso Tarzo de León Maldonado. Junto al mayor Tarzo de León, también librado de orden de captura, otros agentes de inteligencia participaron en su traslado de las instalaciones del Departamento de Investigaciones Técnicas (DIT) a la antigua Escuela Politécnica, en la avenida Reforma. Entre ellos se encontraba Edgar Virginio de León Sigüenza, un agente de contrainteligencia de la D-2 que en ese momento aparecía además en la nómina del DIT, y que operaba con el sobrenombre de El Choco.
De León Sigüenza fue capturado, el 27 de mayo de 2021, y ligado a proceso el 9 de junio del mismo año por los delitos de desaparición forzada, asesinado, asesinato en grado de tentativa y delitos contra deberes de la humanidad.
El caso sigue impune
El 27 de mayo de 2021, la Fiscalía de Derechos Humanos informó de la captura de 11 exmilitares señalados de la detención ilegal, tortura, desaparición forzada, asesinato y violencia sexual de aproximadamente 195 personas, durante el gobierno de facto del general Óscar Humberto Mejía Víctores, entre 1983 y 1985.
Según la fiscalía, el archivo, publicado en 1999, registra asesinatos y desapariciones forzadas de al menos 183 personas. Este caso estuvo a cargo de Miguel Ángel Gálvez, pero renunció al Organismo Judicial (OJ), por el hostigamiento y criminalización del que fue víctima a raíz de fallos dictados en ese expediente.
Actualmente, el caso está paralizado por un fallo favorable para los acusados que suspendió la resolución que tomó Gálvez respecto a enviar a juicio a militares señalados en ese expediente judicial. A eso se le suma la desarticulación de la Fiscalía de Derechos Humanos, cuyos fiscales que investigaron los hechos fueron despedidos por Consuelo Porras.
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