Las familias de las víctimas buscan que Toribio Acevedo, señalado por los delitos de asesinato, asesinato en grado de tentativa, desaparición forzada y delitos contra los deberes de la humanidad, regrese a prisión preventiva asegurando el acceso a la justicia.
Por Isela Espinoza
Abogados de las familias de las víctimas del caso conocido como Diario Militar coincidieron que Toribio Acevedo Ramírez busca obstruir la justicia y solicitaron, este martes, a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) declarar sin lugar el amparo presentado por la defensa del sindicado, contra la resolución de la Sala Primera de Mayor Riesgo que revocó el arresto domiciliario y ordenó prisión preventiva.
Acevedo Ramírez fue ligado a proceso por los delitos de asesinato, asesinato en grado de tentativa, desaparición forzada y delitos contra los deberes de la humanidad, por Miguel Ángel Gálvez, del Juzgado de Mayor Riesgo B. Sin embargo, después de que el exjuez renunció, pidió solicitó su libertad condicional ante la jueza Claudette Domínguez, quien lo favoreció con las medidas sustitutivas luego de que la defensa señalara que tenía problemas de salud.
El beneficio fue revocado luego por la Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo y ordenó la prisión preventiva de Acevedo, el 14 de abril del año pasado. Ante la decisión, la defensa de Acevedo presentó un amparo para recuperar su prisión domiciliaria ante la Cámara de Amparos y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El 18 de mayo del 2023, la CSJ otorgó el amparo provisional a favor del acusado. Sin embargo, las y los abogados querellantes del caso apelaron la decisión de la Corte Suprema de Justicia ante la CC, porque las circunstancias del peligro de fuga y los peligros procesales no habían variado.
Tras dos suspensiones, la CC realizó este martes la vista pública solicitada por Acevedo la cual fue presidida por la magistrada Leyla Lemus Arriaga. En su intervención, el abogado Francisco Vivar, representante de los querellantes, señaló que el amparo alega violaciones al debido proceso y a los derechos del sindicado. Sin embargo, la resolución de la Sala está fundamentada y explica los argumentos detrás de la revocación.
“Consideramos que esta revisión de la medida es competencia exclusiva de los juzgados ordinarios. No es pertinente que sea elevado incluso a esta Alta Corte”, expuso Vivar.
Por otro lado, el abogado expuso que la defensa de Acevedo alega que la presunción de inocencia fue violentada, pero, este argumento no existe ya que “al apelante le sigue asistiendo, en este caso, el derecho a impugnar las resoluciones que considere violentadas”. Además, resaltó que la resolución de la CSJ señala que el dictamen del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (INACIF) fue que Acevedo se encuentra estable de salud.
“En este caso no hay derechos violentados del solicitante razón por la cual solicitamos que el recurso de apelación sea declarado sin lugar”, dijo Vivar.
#DiarioMilitar 🌹 Magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) presiden vista pública por apelación de sentencia en amparo solicitada por Toribio Acevedo Ramírez
La defensa de Acevedo presentó un amparo contra la resolución de la Sala de Mayor Riesgo que revocó su libertad… pic.twitter.com/XsrJ6IPOyf
— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) December 3, 2024
Por aparte, Paulo Estrada, representante de la Asociación Familiares de Detenidos de Guatemala (FAMDEGUA), expresó su preocupación por que el militar y exjefe de seguridad de Cementos Progreso continúe apelando resoluciones que lo obligan a estar en prisión preventiva.
Además, recordó que Acevedo estuvo un año prófugo y fue detenido, el 11 de mayo de 2022, en el aeropuerto de Panamá por la Policía Internacional (INTERPOL) cuando intentaba viajar a Alemania.
“Llevamos 40 años buscando justicia, llevamos 40 años buscando a nuestros familiares. Se nos ha negado justicia desde 1983, 1984 y 1987 cuando pasaron los hechos”, afirmó Estrada.
De acuerdo con el Ministerio Público, Toribio Acevedo fue identificado en la declaración de un testigo con identidad bajo reserva, como “el Loco” o “Lucas”. La fiscalía lo señaló de haber sido parte de una estructura clandestina entre el 29 de agosto de 1983 y 30 de abril de 1985, que controló, desapareció, neutralizó y eliminó a un grupo de disidentes políticos.
“Los mismos testigos lo reconocen como uno de los más sanguinarios. Sin embargo, él está pidiendo que se le de una medida sustitutiva, la cual fue otorgada y logramos que se le quitara. Pero sigue apelando”, agregó Estrada.
El abogado de FAMDEGUA, Santiago Choc, recalcó que los delitos imputados a Acevedo son graves y no permiten medidas sustitutivas. También coincidió con Vivar al considerar que la apelación carece de fundamento legal por lo que solicitó a la CC que confirme la resolución de la Sala que lo envía a prisión preventiva.
Mientras, Jovita Tzul, representante de otro grupo de querellantes, recordó que Guatemala tiene obligaciones internacionales de investigar, juzgar y sancionar la desaparición forzada, delitos contra deberes de humanidad, el asesinato, asesinato en grado de tentativa para que las víctimas puedan alcanzar justicia.
Tzul dijo que cuando se le otorgaron medidas sustitutivas a Acevedo uno de los compromisos adquiridos era presentarse a las audiencias. Sin embargo, este no compareció a varias de ellas. Tzul comentó que a partir de que se le otorgó las medidas sustitutivas se dieron una serie de situaciones extraprocesales y que audiencias fundamentales como la de etapa intermedia no se ha llevado a cabo. “Todas estas situaciones nos llevan a concluir que existe una intención de obstruir la búsqueda de la justicia en este caso. Por eso solicitamos que sea declarada sin lugar y que la Corte de Constitucionalidad deje incólume la sentencia venida en grado”, enfatizó.
La abogada resaltó que Acevedo busca “desnaturalizar” el amparo y que se le ordene libertad pero que eso excede los alcances de la medida. “El apelante tuvo en su momento la oportunidad de comparecer en las audiencias. El apelante busca sorprender en su buena fe a los magistrados invocando nuevas situaciones de salud que no han sido comprobadas”, añadió Tzul.
La vista pública finalizó con la petición de la abogada a los magistrados de la CC para que declare sin lugar el amparo a favor de Acevedo y garanticen justicia para las víctimas. Actualmente, el caso Diario Militar está paralizado y aún no se ha definido de qué manera se retomará el proceso que se sigue contra los militares.
Aquí puede visualizar la vista pública
