Los gases lacrimógenos son cada vez más tóxicos. Producen asfixia y vómitos, por lo que los campesinos necesariamente tienen que huir en el momento del ataque. Pero regresaron insistentemente para montar piedras en los mismos puntos de bloqueo.
Por Cindy Forster
Hubo un intento de asesinar al expresidente Evo Morales el 27 de octubre.
Desde entonces lo protegen mil quinientos campesinos quechuas del Movimiento al Socialismo (MAS-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos), y está viviendo en el recinto de la Radio Kawsachun Coca. Tiene quince acusaciones falsas en su contra. En semanas recientes en las primeras horas de la mañana, el gobierno ha cerrado cuatro emisoras de radio situadas en pueblos indígenas.
Uno de los exministros más cercanos a Morales, Juan Ramón Quintana, vive ahora en la clandestinidad, igual que Ponciano Santos, el máximo líder de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (la “Única” o CSUTCB). Ellos dicen que el gobierno nacional está destruyendo la democracia de los pobres e indígenas.
Dos de los dirigentes más altos del movimiento “campesino indígena originario” –Humberto Claros de la CSUTCB y Ramiro Jorge Cucho del Consejo de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq)– fueron detenidos el 13 de noviembre. Hombres vestidos de civil los agarraron sin órdenes de aprehensión. Fueron metidos en carros sin placas, a la fuerza, y llevados a La Paz donde enfrentan cargos de terrorismo por haber organizado un bloqueo pacífico de camino. Gracias a la táctica de bloqueos, desde los años noventa, el movimiento indígena y campesino obligó el respeto por el voto popular. Evo Morales triunfó en la elección presidencial de 2005 a pesar de la feroz resistencia de la oligarquía. MAS ha ganado cada elección presidencial desde entonces.
La persecución ha alcanzado tal grado en tándem con una decisión legal que sigue en un limbo jurídico. Pretende inhabilitar a Evo Morales como presidente de MAS-IPSP y a la vez, como candidato a la presidencia de la nación. Permite el robo de la sigla de MAS, o sea, sin la aprobación de un millón de militantes del partido.
Ante todo, MAS-IPSP es una alianza indígena de movimientos sociales, cuyas luchas liberaron a millones de la pobreza cuando ocupó la presidencia entre 2006 y 2019. La raíz de la crisis actual se encuentra en el derecho de elegir a sus propios dirigentes, y dirigir sus propias organizaciones.
El magno Congreso de la CSUTCB tuvo lugar en agosto del año pasado para elegir a nuevos directivos, y lo celebró unas cinco semanas antes del supremo Congreso de MAS. En los dos congresos, se le confirieron a Evo Morales Ayma dos cargos: la presidencia de MAS y la postulación para el próximo ciclo presidencial de Bolivia.
El Congreso de MAS fue avalado por el poder judicial en su momento, pero la CSUTCB tomó estas decisiones –en pleno cumplimiento de sus estatutos y la Constitución de Bolivia– tras soportar palizas y 5 ataques con gases lacrimógenos, por orden del presidente Luis Arce. El poder ejecutivo quería otros dirigentes, y en ese momento ya había robado varias elecciones por la fuerza o el engaño en los congresos de otros movimientos sociales. Muchos ciudadanos de a pie se sintieron desconcertados, en buena parte porque la autocensura de los medios ha sido tremenda. Con el paso del tiempo, la derechización de Luis Arce Catacora se vuelve cada vez más clara.
¿Por qué las marchas contra Arce?
La aguerrida Confederación CSUTCB de 4 millones de militantes (la población nacional es menos de doce millones), ha atraído la ira de presidente Arce. No son los únicos. En cada departamento del país, los pobres han decidido reunirse masivamente, manifestarse, o bloquear las carreteras. Creen que su resistencia es necesaria para salvaguardar a Bolivia del regreso al neoliberalismo.
Bajo el mandato de Arce, el ejecutivo ha revertido la política de nacionalizaciones. Casi ha eliminado las reservas nacionales. Los precios de la canasta familiar en muchos casos se han duplicado. No hay gasolina o diésel y los conductores están pasando días en largas colas, incluso hay peleas para comprar un poco de combustible. Aparte, los movimientos sociales mantienen que muchos burócratas de más alto nivel del gobierno están sumergidos en la corrupción. Acusan a los dirigentes leales a presidente Arce del mismo vicio – los llaman “prebendalistas.”
Evo Morales, el exjefe del exministro de la economía Luis Arce, buscó evitar la estrategia de bloqueos en 2024. Evo convocó asambleas en donde se reunían hasta treinta mil personas. Para llegar, muchos vencieron obstáculos como amenazas, el hostigamiento policial, y ataques de la ultraderecha.
En septiembre de este año, Evo Morales y la CSUTCB lideraron una marcha de protesta de 7 días, de Caracollo a La Paz. Los participantes exigieron que el presidente Arce solucione la desastrosa crisis económica. La agencia Atlas Electoral que aplica la metodología de “MapChecking” para el conteo de personas en espacios públicos, informó que se congregaron 3.4 millones de personas en El Alto, el último día de la marcha, el 23 de septiembre.
Arce respondió a tan abrumadora manifestación del sentimiento público con órdenes de aprehensión para dirigentes campesinos. En violación de toda norma, presentó cargos contra Evo que ya habían sido juzgados y desestimados durante la dictadura de Jeanine Áñez. La región donde Morales ha vivido y organizado desde los años ochenta –el Trópico– alimenta a dos de las ciudades más grandes de Bolivia, ahora por medio de maquinaria de labranza motorizada, y el ejecutivo les está negando combustible al Trópico. Comentó el Senador Leonardo Loza, también un cocalero del Trópico, “Como nunca, todos contra el movimiento campesino. Todos contra el Trópico de Cochabamba. No funcionan normalmente los bancos. No hay combustible por más de un mes”.
El principal banco asociado con el gobierno está prácticamente cerrado. Cantidades de frutas y peces se están echando a perder por la ausencia del transporte a los mercados.
Bloqueos tienen protección constitucional
Los campesinos indígenas sufrieron la represión durante la caminata de 7 días, y como resultado murió un militante. La presidencia ofreció diálogo en el mismo instante que los estaba atacando. Con dudas sobre la sinceridad del gobierno, las bases indígenas no aceptaron. El 14 de octubre amontonaron piedras en las carreteras. Decenas de bloqueos paralizaron el centro del país por veinticuatro días. La arremetida de Arce contra los campesinos en los bloqueos incluye el encarcelamiento preventivo a largo plazo.
Crear bloqueos es un derecho protegido por la Constitución. En cambio, el uso de soldados para atacar a civiles es inconstitucional en Bolivia. En noviembre, el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo movilizó a miles de policías de las tres ciudades más grandes del país, más la ciudad de Oruro en los Andes, y Sucre, la capital judicial. De forma ilegal, el presidente mandó a soldados para reforzar la embestida policial contra los bloqueos.
Paramilitares gozan del favor presidencial
Es más, Arce contrató a paramilitares para aterrorizar a las bases indígenas, tanto en la marcha de 7 días como en los bloqueos recientes. La existencia de aquellos paramilitares al servicio de la ultraderecha es una violación manifiesta del sistema Interamericano de la justicia.
Durante y después del año golpista de 2019 a 2020, representantes oficiales de los derechos humanos (del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) exigieron que fueran desmantelados.
Estos grupos armados, para ser preciso, funcionan a servicio de todo proyecto político no socialista. Ciertamente, el presidente Arce en su primer año en el cargo juró que los iba a abolir, y a juzgar a los líderes paramilitares, aunque no a los cientos de tropas bajo su mando. Estas fuerzas irregulares durante el año del golpe fueron muy investigadas. Sus raíces se remontan a la creación de la ultraderecha fascista en las tierras bajas desde mediados del siglo XX y las dictaduras militares a nivel nacional.
El hecho de que se le ocurrió al ejecutivo nacional pagar a paramilitares para cometer actos sanguinarios –contra civiles en su mayoría quechua– antes de desplegar a policías, es suficiente para demostrar que el gobierno de Luis Arce Catacora no puede considerarse a favor del pueblo indígena ni campesino. La entrevista a continuación profundiza esta observación.
Otros ultrajes
Los gases lacrimógenos son cada vez más tóxicos. Producen asfixia y vómitos, por lo que los campesinos necesariamente tienen que huir en el momento del ataque. Pero regresaron insistentemente para montar piedras en los mismos puntos de bloqueo. La represión oficial no perdonó a nadie. Los movimientos sociales reportaron 4 muertes e innumerables heridos; entre los asesinados estaba una joven mujer que participó en los bloqueos desde sus inicios y fue violada por la policía antes de su muerte – según sus vecinos.
Cuando desmantelaron los bloqueos, los policías capturaron a un gran número de personas, la mayoría en Pirque Parotani donde se congregaron quince mil personas. La persecución en Pirque Parotani casi coincide con el quinto aniversario de las masacres de la dictadura de Áñez en Sacaba y Senkata.
El equipo jurídico de MAS informó que las fuerzas de seguridad detuvieron a civiles en los bloqueos que no tenían nada que ver con montar o defender los mismos. Se los llevaron a las regiones más frías del país, lejos de sus familias. Fueron condenados en juicios relámpagos por delitos de terrorismo. No se les permitió escoger a sus propios abogados, ni ropa adecuada para el clima o suficiente comida y agua. Permanecieron secuestrados por los días necesarios hasta que desaparecieran las señales de moretones en sus cuerpos. Los dirigentes de las bases populares informan de 106 personas encarceladas.
La tortura
Varias lideresas de los movimientos sociales, cuando hablan de los detenidos dicen que “los tienen torturados”. Una de ellas es María Javier, Ejecutiva de la Federación Única de Centrales Unidas de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba. María Javier ha cumplido sus estudios de derecho, pero como sucede a menudo en familias campesinas, no tiene el dinero necesario para sacar el título.
Ella sirve como abogada de las y los encarcelados. Habla de los múltiples abusos – sobre todo, la tortura a manos de agentes del Estado. Además, están obligados a dormir en las gradas de la cárcel, a usar ropa distinta que les identifica para sufrir toda clase de suplicios a manos de otros presos, y permanecen con falta de agua, comida y abrigo. Una mujer embarazada fue arrestada en los bloqueos, y ahora está encarcelada a pesar de que la Constitución ordena el arresto domiciliario para proteger a toda prisionera que se encuentra en estado de gravidez.
Al igual que muchos, María Javier –la dirigenta de las Seis Federaciones del Trópico– comenta que no existen suficientes cárceles para encerrar a todos los que siguen luchando. Dice, “los ejecutivos son coyunturales, y atrás de nosotros vienen las bases”. Leonilda Zurita, la histórica lideresa cocalera, expresa en quechua que las bases han ganado en la cancha política, por la simple razón que los jueces “auto prorrogados” –que sirven a las ambiciones del ejecutivo– no tienen ninguna autoridad ética de cara a los ciudadanos.
Radio Kawsachun Coca, “Acullicando Coca con Soberanía y Dignidad”, 22 noviembre 2024,
Véase también un enlace del 8 de diciembre en donde habla de una visita de los derechos humanos de la ONU, en que no recibió la autorización del gobierno para visitar a los prisioneros capturados en los bloqueos, https://www.youtube.com/watch?v=kiYgQXFOajY
Asesinar al estadista histórico, el presidente indígena
Quizás ahora sería posible hablar más ampliamente de acontecimientos que antes provocaron un exceso de cautela afuera de Bolivia. Desde el 27 de octubre, todo mundo puede ver la persecución a gran velocidad del expresidente indígena Evo Morales y sus acompañantes, en el largo trayecto de su hogar rural en el Trópico, pasando una base militar, para llegar a la radio cocalera donde cada domingo se dirige a la nación.
Se pueden ver los vidrios perforados por las balas por medio de un video realizado adentro de los 2 vehículos blindados – vehículos prestados por el gobierno de Venezuela, que salvaguardaron la vida de sus ocupantes– incluso cuando tenían que trasladarse de uno al otro por la ruptura de una llanta por una bala.
Se puede apreciar la sangre causada por una bala que le rozó la cabeza al chofer de Evo. El largo ataque causó catorce agujeros de bala –por lo menos– en uno de los vehículos y 4 agujeros de bala en el otro. La huida de los atacantes a la base militar –la Novena División– y la salida por helicóptero de hombres enmascarados y fuertemente armados desde adentro de la misma base, destruyó el argumento de la presidencia que fue un ataque montado. De todas formas, montar ataques armados es un actuar ausente en la trayectoria de Evo Morales.
El video desmiente las otras declaraciones del gobierno nacional – que Evo estaba disparando balas a sus perseguidores y transportaba narcóticos. Las acusaciones oficiales hacen eco de las alegaciones de narcoterrorismo que la ultraderecha, más los estadounidenses, han lanzado a Evo y a los pequeños agricultores quechuas y aymaras, desde los años ochenta del siglo XX.
La Novena División del Ejército los acogió a los perseguidores de Evo cuando fracasaron en su misión. En fotos tomadas por la población –que se congregó inmediatamente en las afueras de la base– aparecen hombres blancos vestidos en short y playeras, y otros en vestimenta militar, cuando montan en helicóptero.
El MAS-IPSP histórico hizo un documental de la persecución, en el que aparecen hechos aún más escalofriantes.
La CNN y otros medios multimillonarios avisaron que la gente humilde se levantó en armas, tomó las bases militares del Trópico y robó los armamentos. De hecho, los cocaleros estaban rodeando las bases militares, acullicando o masticando coca con propósito de convivir con los comandantes en una tensa conversación, también captada por video, sobre la necesidad de paz. Cualquier militar podía salir o entrar. Sesenta por ciento de los soldados en el Trópico son hijos de familias cocaleras, comentaron los campesinos. Soldados de la Novena División informaron a sus parientes que los comandantes confiscaron sus teléfonos celulares días antes del ataque.
Invisibilizar a los indígenas y campesinos
Merece la pena seguir las huellas de la derechización del ejecutivo en relación con los intentos de destruir los movimientos sociales elegidos por las bases. A continuación, se encuentra una entrevista sobre la arremetida contra el movimiento campesino indígena originario, con uno de sus máximos dirigentes. Vuelve a publicar las palabras de Humberto Claros, elegido por el movimiento matriz, la CSUTCB, que cuenta con buena parte de la población rural entre sus militantes.
Claros fue apresado ilegalmente el 13 de noviembre, hace tres semanas. Fue obligado por civiles a subir a un vehículo sin placas. Apareció en La Paz, a 400 kilómetros de distancia, en la sede de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, trasladado desde el aeropuerto de El Alto por una caravana de 9 vehículos policiales. El gobierno nacional sigue persiguiendo a un gran número de dirigentes consecuentes.
