Hace una semana Marco Livio Díaz Reyes accionó para que se ordene a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), a cargo de Rafael Curruchiche, cesar la persecución en su contra, brindarle acceso a la carpeta de investigación, y evitar que se pida su orden de aprehensión.
Por Alexander Valdéz
El Organismo Judicial (OJ) informó que el amparo solicitado por el superintendente Marco Livio Diaz, de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), remitido por la Corte de Constitucionalidad (CC) no se ha conocido y permanece en la Cámara de Amparos y Antejuicios de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Han transcurrido siete días desde que Marco Livio Díaz Reyes presentó la acción ante la CC con el fin de que le ordene a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), a cargo de Rafael Curruchiche, cesar la persecución en su contra, el acceso a la carpeta de investigación que lo vincula, y así evitar que se pida su orden de aprehensión.
La semana pasada, el portavoz del OJ, Fredy Calderón, dijo que esa acción podría conocerse en un pleno extraordinario que sería convocado por los magistrados de la CSJ, sin embargo, el expediente no se ha elevado a esa instancia.
En el amparo del funcionario de la SAT, hace ver que la FECI inició una investigación en su contra a partir de haber expuesto el caso de defraudación tributaria B410, en el que él fue denunciante, y que el Ministerio Público (MP) no ha accionado contra las empresas implicadas en ese expediente.
#CasoSAT 📢 Jefe de la SAT pide licencia
Marco Livio Díaz Reyes, jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) ha solicitado una licencia de sus labores.
👉🏽Esto luego de conocerse que el Ministerio Público (MP) lo está investigando. pic.twitter.com/rUk1afjLmd
— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) December 5, 2024
Además, el amparo busca que se otorgue protección a su núcleo familiar; Herman Darío Díaz Reyes, Julio Cesar Díaz Reyes, Dora Consuelo Melani Díaz Reyes, Oscar Danilo Díaz Reyes, Silvia Lorena Márquez Santizo de Díaz, Pablo Danilo Díaz Márquez, Alitza Lucía Díaz Márquez y Diana Paola Díaz Márquez.
Cuando la CSJ analice el amparo, decidirá si otorga o no la protección provisional, lo que frenaría las acciones de la FECI, que la semana pasada allanó oficinas de familiares del funcionario de la SAT.
Acá otra nota que puede leer:
Allanan empresa de familiar del superintendente
La semana pasada, Rafael Curruchiche y sus fiscales allanaron una empresa de familiares del jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Marco Livio Díaz Reyes. El operativo se desarrolló en la zona 15 capitalina, un día después de que el titular de la SAT informó que señalados en el caso B410 habían presentado denuncias en su contra y el MP había empezado una investigación.
En esas diligencias de investigación estuvo presente Curruchiche, quien respondió que la investigación se realiza por una denuncia recibida, pero negó que se investigara al titular de la SAT.
“Desconocemos de dónde él (Díaz Reyes) pueda tener este tipo de información. Sin embargo, no se cuenta una investigación en este momento relacionada a este tema, más allá de la denuncia que se investiga por la Fiscalía de Delitos Económicos respecto al caso B410, el cual la Fiscalía realiza las investigaciones correspondientes”, puntualizó.
El caso B410
Contrario a la otra investigación que Curruchiche informó, en la relacionada con empresas que habrían defraudado al Estado por más de Q1,110 millones, no ha habido avances por parte del MP.
La investigación de la SAT, a cargo de Livio Díaz, identificó un entramado de corrupción que incluiría a 410 empresas con anomalías y que podrían haber evadido hasta Q1,100 millones a través del incumplimiento en el pago del IVA y el Impuesto Sobre la Renta (ISR), durante el gobierno de Alejandro Giammattei.
Entre las anomalías destacan que estas empresas comparten al mismo representante legal y contador y se relacionan con una offshore en Belice. Al menos 200 de ellas reportaron un mismo domicilio ubicado en la colonia BANVI, en la zona 7 capitalina.
La investigación detalló que de 2021 a 2024, las empresas reportaron ventas por Q6 mil 400 millones, pero que solamente han pagado Q26 millones de impuestos, lo cual dio origen a una serie de auditorías en las que detectaron el entramado de corrupción que incluía la falsificación de documentos para constituir empresas, la negociación entre las mismas para la evasión de impuestos, la negociación con proveedores del Estado y la venta directa a instituciones públicas y municipalidades.
Acá otra nota que puede leer:
Los vínculos de las empresas que negociaron con la estructura B410
