Las familias de Agapito Pérez Lucas, Nicolás Mateo, Mateo Pú Chivalán y Luis Ruíz Luis, desaparecidos en 1989, escucharon ayer la notificación de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y sintieron un alivio a la tragedia que viven desde hace 35 años. En su sentencia, la Corte resolvió que el Estado de Guatemala es responsable de violar el derecho a la justicia y búsqueda de la verdad de las cuatro familias y debe pedir disculpas, en un acto público, por mantener el caso en la impunidad por más de tres décadas.
Por Claudia Méndez Villaseñor
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, dio a conocer el jueves 14 las medidas de reparación a las familias de Agapito Pérez Lucas, Nicolás Mateo, Macario Pú Chivalán y Luis Ruíz Luis desaparecidos en abril de 1989, cuando trabajaban como cortadores de café en una finca de Patulul, Suchitepéquez.
Los cuatro, eran agricultores y con su trabajo sostenían a sus familias, pero también eran miembros activos del Consejo de Comunidades Étnicas “Rujunel Junam” (CERJ), una organización de defensa de las garantías individuales, que rechazaba la participación de población civil en las filas de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC). Por ello la Corte consideró que por su papel como defensores de los derechos humanos fueron desaparecidos por agentes estatales.
En la notificación de la sentencia por este caso, la Corte Interamericana resolvió que el Estado de Guatemala violentó el derecho a la personalidad jurídica; a la vida; a la integridad personal; a las garantías procesales; a la protección judicial; a conocer la verdad; a la integridad personal; a la protección de la familia y de la niñez en perjuicio de los cuatro desaparecidos.
“Hay una responsabilidad internacional del Estado de Guatemala por la desaparición forzada, ocurrida en el contexto del conflicto armado interno por sus labores de defensores de los derechos humanos”, sentenció la Corte.
“Las autoridades no investigaron de manera diligente, a la fecha, no han esclarecido lo que ocurrió ni se tiene noticias de su paradero”, afirmó.
Amílcar Méndez, presidente del CERJ cuando ocurrieron los hechos y en la actualidad, representante legal de la entidad consideró que esta sentencia es un reconocimiento a la lucha de 35 años por encontrar justicia en este caso. “Los familiares lloraron porque ahora el Estado está obligado a investigar, esclarecer y dar con los responsables. Lo que no se hizo en más de tres décadas”, dijo.
Además, la Corte Interamericana ordenó al Estado diseñar una estrategia o un programa para la búsqueda de personas desparecidas, incluidas las reportadas en el contexto del conflicto armado interno y abrir los archivos estatales o desclasificados referente a este crimen. Así como fortalecer las competencias de la oficina del Procurador de los Derechos Humanos. Además en un acto público el Estado de Guatemala debe reconocer la impunidad en este caso y pedir disculpas a las cuatro familias.
La Corte Interamericana también ordenó un resarcimiento y el pago de costas judiciales, se reservó los montos. Estas acciones deben cumplirse en un plazo de un año, mencionó Méndez.
Quiénes eran
Agapito Pérez Lucas
Nació el 19 de marzo de 1958, en el cantón Xabaj, del municipio de San Andrés Sajcabajá, Quiché. Era agricultor. Tenía esposa, Crisanta de León y cuatro hijos: Antonio, Miguel, Ricardo Agapito y Angélica.
Nicolás Mateo
Nació el 20 de septiembre de 1949, en el cantón Pachok, aldea Santa Rosa Chujuyub de Santa Cruz del Quiché, Quiché. Vivía con sus hijos: Pedro Mateo, Tomasa y María.
Luis Ruíz Luis
Nació el 15 de mayo de 1953 en la aldea Potrero Viejo, de Zacualpa, Quiché. Vivía con sus padres, Sebastián y Juana; y sus hermanos: Hernán, Juan y Sotero.
Macario Pú Chivalán
Nació en 1967 en Chinique, Quiché. Tenía esposa, Paulina y dos hijos, Felipe y Sandra.
Impunidad y silencio cómplice
Las cuatro familias se trasladaron a la finca Trinidad Miramar, en Patulul, Suchitepéquez con la finalidad de acompañar a los cuatro agricultores en la recolección de café y por ello, conocieron de primera mano sobre el secuestro de los cuatro agricultores. Los hechos se produjeron el 1 de abril y 7 de abril de 1989, cuando los campesinos se encontraban en las galeras precarias de descanso en horas de la noche. Grupos de soldados, por la ropa que vestían, secuestraron a los jornaleros, sin explicar los motivos de la detención ilegal. En cambio, amenazaron a quienes intentaron frenar el atropello.
Méndez y las familias agotaron las instancias legales del país en búsqueda de los cuatro agricultores, ni siquiera encontraron respaldo en la oficina del Procurador de los Derechos Humanos. Desde 1989, la organización Robert F. Kennedy Human Rigths (RFKHR) acompañó al CERJ y las familias en este doloroso proceso y en los últimos años, Angelita Baeyens, abogada de esta entidad, brindó su respaldo legal.
Abrir los archivos desclasificados
Angelita Baeyens, abogada de RFK Human Rights, comentó que sin pretender comprender los sentimientos de las familias, con la sentencia de la Corte se sintieron satisfechos, “pero es muy triste llegar hasta acá y que sus seres queridos no son regresados a ellos”, explicó.
A nivel personal, la jurista comentó que es una buena decisión. “La Corte nos dio la razón a todos los alegatos y violaciones que denunciamos. No solo la desaparición forzada y el involucramiento de agentes estatales en el hecho; sino el daño a las familias y a la sociedad guatemalteca. Se denunció que se violó el derecho a defender garantías individuales porque la persecución hacia los cuatro fue directamente relacionada por ser miembros del CERJ. Por su trabajo en educar a las comunidades y defenderlas para que no las involucraran con las PAC”, dijo.
“Con su desaparición se envió el mensaje a otras personas defensoras que hacían lo mismo y a otras comunidades que resistían la represión que se vivía en Guatemala”, añadió Baeyens.
De acuerdo con la abogada, en los últimos años, la Corte ha desarrollado el contenido de defensa de los derechos humanos y por ello se dio la oportunidad de desarrollar este ámbito. “Se podría decir que por tratarse de un caso de 35 años, es histórico, pero siguen siendo una lucha contemporánea. En las medidas de no repetición se recoge la solicitud de diseñar e implementar medidas para desclasificar, proteger y conservar los archivos militares que existen y se le de acceso a las familias de desaparecidos”, indicó.
“Este caso en particular se conecta y otros se conecta con las medidas. A pesar de todos los años, si hay voluntad, si el ministerio de la Defensa y autoridades militares dan acceso a los archivos, la posibilidad de dar con los cuatro defensores crece exponencialmente”, afirmó.
“El caso quedó atrancado y no se sabe en dónde están los restos. No hubo capturas ni colaboración del ministerio de la Defensa ni autoridades militares para conocer quiénes pertenecían a los pelotones de la zona en la que fueron extraídos los cuatro defensores”, añadió Baeyens.
Una segunda etapa
La medida es importante, no solo por este caso sino en todas las desapariciones forzadas que se reportaron durante el conflicto armado interno y en la época actual en la que, con ayuda del Ministerio Público no se deja avanzar procesos judiciales que tienen que ver con impunidad y violaciones a los derechos humanos durante ese periodo, agregó la jurista.
“En Guatemala la política persigue a defensores de derechos humanos. Están expuestos a un riesgo altísimo y a un grave nivel de hostigamiento y violencia que no puede continuar”, agregó.
Además, la Corte obligó al Estado guatemalteco a la búsqueda de personas desaparecidas como una deuda hacia la población civil. “Ahora se necesita de los proyectos de ley que quedaron engavetados; reactivar una política comprensiva, integral y afectiva. Saldar esa deuda permitirá a las familias algo de cierre a su duelo”, consideró.
“Todas las violaciones son crueles, pero la desaparición es muy cruel por la incertidumbre que genera a las familias y comunidades. Es una angustia constante y permanente, a menos que aparezca su ser querido y se esclarezcan los hechos”, comentó.
La sentencia de la Corte resulta en una victoria legal. Sin embargo, arranca una nueva etapa: hacer que el Estado cumpla. “Espera un trabajo muy fuerte y coordinado con organizaciones de derechos humanos, no solo por este caso, sino como parte de un esfuerzo más amplio”, aseguró.
