Por WOLA
Después de más de siete meses de audiencias públicas, el juicio contra el antiguo jefe del Estado Mayor del Ejército de Guatemala, Manuel Benedicto Lucas García, está por concluir. Lucas García está acusado de responsabilidad por el genocidio en contra de la población maya ixil durante el gobierno de su hermano, Fernando Romeo Lucas García (1978-1982). Lucas García enfrenta cargos por orquestar operaciones de contrainsurgencia que condujeron a masacres, desplazamientos forzados, violencia sexual y otros delitos graves contra la población maya ixil.
Según los fiscales, Lucas García es responsable de planificar y llevar a cabo la estrategia de contrainsurgencia del ejército guatemalteco en la región ixil, tras haber determinado que la zona era «territorio enemigo». Como jefe del ejército, Lucas García está acusado de diseñar y aplicar políticas para eliminar a la población civil.
A lo largo de 90 sesiones, el tribunal ha escuchado a 80 víctimas directas, 55 testigos expertos, y ha revisado documentos oficiales y evidencia forense. Los y las testigos sobrevivientes declararon sobre las acciones del ejército en sus comunidades y en las fincas cercanas, incluyendo masacres, violencia sexual sistemática contra mujeres y niñas, desaparición forzada, y desplazamientos forzados.
Los abogados defensores han objetado a los testigos expertos y han recusado repetidamente al tribunal en un intento de detener o retrasar el juicio. Hasta ahora, estos esfuerzos no han prosperado. Sin embargo, la Fiscal General Consuelo Porras, que ha sido sancionada en dos ocasiones por el gobierno de Estados Unidos, despidió al fiscal principal del caso, Erick de León, pocos días antes de que concluyera el juicio, generando preocupación sobre el resultado.
Lucas García niega los cargos imputados contra él y los califica de «farsa total». Dice que cumplió con su deber como comandante en jefe de las fuerzas armadas para impedir una toma del poder de la guerrilla y que protegió a la población indígena.
Los tribunales guatemaltecos han determinado en dos ocasiones que el ejército llevó a cabo una política estatal de genocidio durante el gobierno sucesor de Lucas García, dirigido por Efraín Ríos Montt. Ríos Montt fue declarado culpable de genocidio y crímenes de lesa humanidad contra la población maya ixil en 2013 y condenado a 80 años. En un fallo controvertido, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala retrotrajo parte del proceso, anulando así la condena al ex dictador. Ríos Montt murió en abril de 2018 en medio del nuevo juicio en su contra. En una sentencia de 2018, un tribunal declaró por unanimidad que el ejército guatemalteco cometió genocidio contra la población maya ixil, pero absolvió al único acusado en ese caso de cualquier delito. El veredicto en este caso pondrá a prueba una vez más la capacidad del sistema judicial guatemalteco para proporcionar justicia a las víctimas de atrocidades masivas.
Información general
Según el informe Guatemala Nunca Más de la Iglesia Católica, entre 1978 y 1982, el alto mando del Ejército de Guatemala desplegó una contraofensiva militar mediante operativos que dejaron al menos 12,400 víctimas en los municipios de Santa María Nebaj, San Gaspar Chajul y San Juan Cotzal ubicados en el departamento de El Quiché.
El 25 de noviembre de 2019, el Ministerio Público imputó responsabilidad de mando por los delitos de genocidio, desaparición forzada y crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de estas operaciones a tres miembros del Estado Mayor del Ejército, entre ellos Lucas García, el jefe de inteligencia militar, Manuel Callejas y Callejas, y el jefe de operaciones militares, César Octavio Noguera Argueta.
El Juez Miguel Ángel Gálvez, quien en su momento presidió el Tribuanl de Mayor Riesgo «B», estuvo a cargo de la fase de instrucción del caso. Las audiencias de la fase probatoria comenzaron en marzo de 2020. En noviembre de 2020, Noguera Argueta falleció y se retiraron los cargos en su contra. En agosto de 2021, el juez dictaminó que había pruebas suficientes para llevar a juicio a Lucas García y Callejas y Callejas. Tras una intensa campaña de intimidación y persecución relacionada con estos otros casos penales, el juez Gálvez dimitió el 15 de noviembre de 2022 y vive en el exilio. En enero de 2024, Callejas y Callejas fue apartado del caso por motivos de salud. El juicio oral y público contra Lucas García comenzó en abril de 2024, luego de varias movidas dilatorias por parte de la defensa.
El Ministerio Público junto con los querellantes en el caso, la Asociación Justicia y Reconciliación (AJR) y la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), presentaron unas 500 medios de prueba, incluyendo los testimonios de 80 testigos sobrevivientes, incluyendo 11 mujeres sobrevivientes de violencia sexual, 55 informes periciales, incluyendo 42 de antropólogos forenses, y docenas de documentos militares, históricos y periodísticos para apoyar las acusaciones esbozadas en este caso.
Como WOLA señaló recientemente, durante la última década, redes formadas por miembros de la élite política y militar de Guatemala, grupos criminales y el sector privado han lanzado una contraofensiva para detener la lucha contra la impunidad, poniendo en grave riesgo la capacidad de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos para acceder a la justicia, la verdad y la reparación. El resultado de este juicio será una prueba crucial del sistema de justicia de Guatemala y de su capacidad para responder a las exigencias de verdad y justicia de los y las sobrevivientes.
*Publicado Originalmente vía WOLA