En vista pública con la Corte de Constitucionalidad, siete representantes del Consejo Superior Universitario (CSU) solicitaron a la CC mantener en firme el amparo otorgado, el pasado 18 de septiembre, por la Sala Primera de lo Contencioso Administrativo, que obliga al CSU a convocar a elecciones de 37 de sus miembros en un plazo de cinco días.
Por Prensa Comunitaria
La vista pública de la Corte de Constitucionalidad (CC) en la que participaron siete miembros del Consejo Superior Universitario (CSU), forma parte del amparo que presentaron para evitar el retraso del proceso de elección de los integrantes del consejo cuyos mandatos ya vencieron.
El 18 de septiembre pasado, la Sala Primera de la Contencioso Administrativo resolvió que el Consejo Superior Universitario debe convocar a elecciones de los 37 integrantes cuyo mandato ya está vencido. La resolución fue apelada por el rector de facto Walter Mazariegos, sin embargo, el 28 de octubre pasado la CC resolvió un amparo a favor de la decisión de la Sala. La elección de nuevos integrantes del CSU ha sido obstaculizada por Mazariegos y sus allegados.
El Consejo Superior Universitario, es el máximo órgano de dirección de esta casa de estudios y está integrado por diez decanos, diez representantes docentes, diez representantes profesionales y diez representantes estudiantiles, para un total de 40 consejeros, además del rector, quienes tienen voz y voto. Sin embargo, de estos 40 integrantes, 37 miembros del CSU se encuentran fuera del periodo para el que fueron electos y están ejerciendo el cargo de manera extemporánea, incumpliendo la ley orgánica, el estatuto de la USAC y las normativas que los rigen.
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En la vista pública virtual, de este jueves, se presentó el decano de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Rodolfo Chang Sun, en quien los otros seis miembros del CSU unificaron su personería jurídica, y la abogada Astrid Lemus, quien actúa como su representante legal.
Lemus señaló que la principal razón de la solicitud del amparo es que “el acto reclamado causa que los postulantes, con la excepción del decano Rodolfo Chang, estén siendo obligados a permanecer en un cargo para el cual la representación que les fue otorgada ya venció”.
#UsacResiste 🚨 Piden dejar firme amparo que obliga la elección de integrantes del CSU
“Permanecen en forma obligada en el ejercicio de los cargos, en una representación que consideran viciada e ilegítima”, dijo la abogada Astrid Lemus, al explicar el motivo de la solicitud de… pic.twitter.com/ylawcCAYcm
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“La legislación universitaria señala que la duración de los cargos de los integrantes del CSU es de cuatro años para el rector y los decanos, y de dos años para los demás representantes”, indicó Lemus. Sin embargo, hasta el día de hoy, únicamente tres decanos se encuentran en el periodo para el que fueron electos: Rodolfo Chang Sun, de Medicina Veterinaria y Zootecnia; Kenneth Roderico Pineda Palacios, de Odontología; y Henry Manuel Arriaga Contreras, de Derecho. El resto de consejeros está fuera del periodo para el que fueron electos.
Dentro de las preocupaciones de los interponentes del amparo figuran las posibles faltas jurídicas que se podrían cometer desde el CSU debido a la extemporaneidad en el ejercicio de sus funciones en más del 90% de sus miembros.
Según Lemus, “siendo la universidad una institución que tiene participación en la vida de otras instituciones del Estado y en la vida nacional, e incluso participa en la conformación de un poder del Estado, es altamente preocupante que los miembros hayan superado el periodo para el que fueron electos y permanezcan en el ejercicio de este cargo, pues esto puede erosionar la institucionalidad pública del país, como en el caso en que el CSU eligió al delegado titular y suplente ante la Junta Monetaria”.
Las excusas de Walter Mazariegos para no convocar a elecciones
Durante su exposición, Astrid Lemus señaló que las excusas para no convocar a elecciones “son completamente improcedentes y no deben tomarse en cuenta, pues carecen de validez”, indicó.
#UsacResiste 🚨 Piden dejar firme amparo que obliga la elección de integrantes del CSU
“Las razones que el CSU ha dado para no realizar la convocatoria y evadir su deber son completamente improcedentes y no deben tomarse en cuenta; carecen de validez”, señaló Astrid Lemus.
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En primer lugar, mencionó la emergencia nacional por la COVID-19, en 2020. “Ese periodo fue superado y no impidió la elección de decanatura en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, realizada el 1 de junio de 2021”, señaló Lemus.
El segundo argumento se refiere a la toma del campus universitario, en 2022, una acción de protesta por el fraude electoral que impuso a Walter Mazariegos como rector. Según el CSU, esto resultó en la pérdida de la información necesaria para elaborar el padrón electoral. “Esta situación concluyó el 9 de junio de 2023, por lo que afirmamos que esta razón carece de validez y no puede ser aceptada”, concluyó Lemus.
Esta última razón ha sido criticada por la comunidad estudiantil, ya que se ha permitido la inscripción y pago de matrículas estudiantiles sin interrupciones. Además, como puede corroborarse en el portal de registro y estadística de la USAC, todos los estudiantes pueden acceder a sus comprobantes de inscripción, siendo estos los datos necesarios para elaborar el padrón electoral. Este servicio no se vio afectado en ningún momento, incluso cuando las instalaciones estaban resguardadas por estudiantes en manifestación contra el fraude que impuso a Mazariegos en la rectoría.
Las razones por las que Walter Mazariegos y sus allegados evitan convocar a elecciones, según un miembro del CSU que habló con Prensa Comunitaria a condición de anonimato, son varias: “Es para mantener una cuota de poder que fue clave para su alianza con Giammattei, como pago de favores, pues con el apoyo de la mayoría de quienes están ahora en el CSU, aprueba dispensas, pagos, nombramientos y elecciones de representantes. Desde que aumentaron el presupuesto de la USAC, las sesiones se reducen a dos temas en particular: dispensas de nombramientos o pagos por asuntos de años anteriores en general de unidades académicas que tiene cooptadas”.
“Esto muestra cómo la preocupación sobre la validez en el ejercicio de estos cargos trasciende el ámbito universitario y afecta la vida nacional, erosionando la institucionalidad pública y, en el peor de los casos, viciando o invalidando las decisiones que están tomando”, concluyó Astrid Lemus.
