El camino de la iniciativa de Ley 6388, ahora decreto 27-2024, fue apresurado y aprobado sin dictámenes técnicos de Segeplan o del Ministerio de Finanzas, según evidenció una citación de funcionarios. Diputados de VOS afirman que los Codede fueron el botín a cambio de votos para la nueva Junta Directiva del Congreso y la aprobación del Presupuesto 2025. Con la ley, los alcaldes podrán ejecutar los recursos que no ejecutaron este año y además contarán con la asignación establecida en el presupuesto que se aprueba para 2025.
Por Isela Espinoza
En gobiernos anteriores los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede) y municipalidades han sido focos de anomalías y vínculos corruptos. Por ello, críticos de Bernardo Arévalo y analistas cuestionan el incremento de fondos destinados a ambas entidades cuando la ejecución del presupuesto asignado es baja.
Desde septiembre, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur) aprobó conformar una comisión que se encargara de gestionar que los fondos ordinarios de los Codedes puedan ejecutarse en 2025.
Para este año, el presupuesto asignado inicialmente era de más de Q3 mil 300 millones y hasta agosto el 85% estaba pendiente de ejecución, según cifras de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan). Tras la ampliación presupuestaria aprobada ese mismo mes, las municipalidades y Codedes fueron beneficiadas con un incremento. Según el desglose del presupuesto, las comunas recibieron una ampliación de Q1 mil 676 millones 555 mil y Q481 millones 866 mil para los Codedes.
Actualmente, en el proyecto de presupuesto para el año fiscal 2025, los Codedes podrían tener Q4 mil 322.1 millones. De concretarse los Codedes y las municipalidades llegarían a un presupuesto mayor a los Q7 mil millones.
“Los Codede siguen siendo estructuras de corrupción y ustedes (funcionarios de Finanzas) están avalando que esos Q3 mil 322 millones que no han ejecutado se amplíen en automático al presupuesto del otro año. Pero, además, los zánganos (en referencia a diputados) les van a meter otros Q3 mil 500 millones y eso incrementa en Q7 mil millones la asignación de Q4 mil 299 que ya tienen (los Codede) y todo para satisfacer esa alianza (política) pegada con dinero, Q10 millones le dieron a cada diputado para que lo asignaran en obras sin criterios técnicos”, dijo el diputado Orlando Blanco durante una citación con funcionarios del Minfin el pasado lunes 4 de noviembre.
El pasado martes, el Congreso de la República aprobó la Ley de Agilización en la Ejecución de Obras de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. Esta fue presentada bajo la iniciativa 6388 y modifica el artículo 45 bis sobre “Desembolsos a favor de los Consejos Departamentales de Desarrollo” de la Ley Orgánica del Presupuesto. En este artículo se establecen mecanismos para que los montos no ejecutados por las municipalidades y Codedes sean traslados a un fondo común.
“La corrupción sigue vigente en estas estructuras (Codede) y en este caso estimulados desde el mismo gobierno porque en la misma iniciativa también deviene esta situación”, afirmó Blanco al comparar las cifras proporcionadas por el subsecretario de asuntos ejecutivos, Oscar Moisés Juárez ya que no coincidían con los del Sistema de Contabilidad Integrado (Sicoin).
Ante la baja ejecución, el diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), Carlos Barreda, afirmó que la ampliación presupuestaria fue “una negociación politquera y un bolsón de corrupción” para que los fondos de los Codede no sean ejecutados.
A dos meses de finalizar el año fiscal 2024, el Gobierno de Bernardo Arévalo continúa recibiendo críticas de sus opositores por la baja ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos luego que en agosto el Congreso aprobó con 114 votos a favor una ampliación de Q14 mil 151 millones 700 mil 391. Con la cifra el Gobierno aumentó el monto total del Presupuesto a Q131 mil 172 millones.
El pasado 31 de octubre, durante una sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur), Menkos explicó que con los Q481 millones 866 mil asignados a los Codedes se prevén ejecutar 654 proyectos valorados en Q472 millones 522 mil 364. Cada proyecto y monto asignado a partir de la ampliación presupuestaria fue aprobado por el Conadur.
Según las cifras, los Codede cuya asignación sobrepasan los Q20 millones son de los departamentos de Guatemala (Q59 millones 506 mil 388), Huehuetenango (Q35 millones 510 mil 554), Alta Verapaz (Q31 millones 926 mil 232), San Marcos (Q29 millones 949 mil 583), Quiché (Q28 millones 101 mil 804), Quetzaltenango (23 millones 210 mil 107) y Jutiapa (Q20 millones 193 mil 039).
En la siguiente gráfica se detalla el monto para los Codede de los 22 departamentos del país.
Menkos agregó que el 36.19% de los proyectos están destinados a educación, el 24.02% para introducción y distribución de servicios de agua potable, el 19.04% para infraestructura, el 16.14% para manejo de desechos y el 4.37% para salud pública.
“Es necesario que los Consejos Departamentales de Desarrollo retomen su papel de foco de formulación democrática del desarrollo en las regiones del país, de acuerdo a las potencialidades territoriales y conceptos propios de los departamentos, regiones y los pueblos”, dijo Menkos quien también presidió la última reunión del Conadur en donde participaron los nuevos representantes titulares y suplentes de instituciones y sectores no gubernamentales ante el Codede electo en los primero 10 días de octubre y quienes tomarán posesión en enero para un periodo de dos años.
Según analistas consultados por Prensa Comunitaria, la baja ejecución presupuestaria de los Codede puede responder a dos hechos. En el primero se visualiza el intento del Gobierno por frenar un régimen de incentivos corruptos a actores locales para la agilización de proyectos. Y el segundo factor es el nombramiento tardío de los gobernadores ya que ellos presiden los Codede.
“El viejo régimen se resiste a avanzar en la ejecución porque no se beneficia, el Ejecutivo debe tener, no únicamente buenos gobernadores que establezcan esos incentivos, sino también un buen gabinete que logre agilizar la ejecución”, dijo Manfredo Marroquín, presidente de la organización Acción Ciudadana.
¿Una ley con destinatarios?
El pasado martes 5 de noviembre, el Congreso de la República aprobó con 124 votos la Ley de Agilización en la Ejecución de Obras de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural que modifica la Ley Orgánica del Presupuesto.
Horas antes, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) advirtió que de aprobarse la iniciativa 6388, ahora decreto 27-2024, incumpliría los artículos 15 y 38 de la Ley Orgánica del Presupuesto ya que prácticamente exonera a los Codede de la obligación de reintegrar a la Tesorería Nacional los saldos de efectivo no ejecutados.
En el comunicado, el Icefi también señaló que la Ley de Agilización en la Ejecución de Obras de los Codede contraviene el artículo 14 de la Ley del Organismo Ejecutivo ya que facultaría a las municipalidades la evaluación de sus obras, cuando según esa norma superior, es facultad de la Secretaría General de Planificación y Programación (Segeplan).
Pero los legisladores aseguraron durante la aprobación que las reformas ayudarán a que los alcaldes “tengan la oportunidad de mejorar sus municipios”. La Ley fue aprobada de manera temporal ya que los diputados también aprobaron una enmienda por lo que los Codede podrán “incorporar, por única vez, los saldos” pendientes de ejecutar ya que perderá vigencia el 30 de diciembre de 2025.
Pero los diputados Esduín Javier Javier, de Cambio y exalcalde de Ipala, Chiquimula; Boris España, de Vamos y Sergio Celis de Cabal mostraron su inconformidad porque la ley sea temporal ya que “los alcaldes necesitan más tiempo para ejecutar las obras”.
Según el diputado oficialista, Samuel Pérez la ley es temporal ya que a largo plazo ocasionaría que el Ejecutivo tuviera menos fondos disponibles para otras políticas públicas.
Ricardo Barrientos, director del Icefi, comentó que la aprobación confirma las preocupaciones que han expresado desde el incremento al aporte extraordinario a los Consejos Departamentales de Desarrollo aprobado en la ampliación presupuestaria. “El nivel de ejecución era bajo y sigue siendo muy bajo y cuestionábamos la ampliación ya que es claro que no lo van a ejecutar este año”, dijo Barrientos.
En mayo, los Codede habían ejecutado el 7% del presupuesto asignado. En agosto, se ubicó en 16% y al 7 de noviembre se registraba un 29.80%, según datos del Control de Desembolsos y transferencias a los Codede de la Segeplan y Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin). En el portal también se observa que del monto vigente 40% ha sido desembolsado a los Codede.
Según Barrientos esta ley temporal contraviene o debilita los controles anticorrupción establecidas en la Ley Orgánica del Presupuesto aprobada en 1997. “Se ha olvidado que esos controles se establecieron (en la Ley del Presupuesto) porque era frecuente que en las municipalidades y en los Consejos Departamentales de Desarrollo no se ejecutaran las obras y se malversaban los fondos que se habían recibido sin que las obras caminaran”, recordó.
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Pero para el director de Icefi aunque la enmienda afirma que la Ley de Agilización en la Ejecución de Obras de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural es temporal “al final le dan permiso durante un año a operar al margen del control que se tiene establecido”, agregó.
En gobiernos anteriores los Codede han sido focos de anomalías y vínculos corruptos por lo que en un gobierno como el de Arévalo, que prometió luchar contra la corrupción, no debería impulsar este tipo de iniciativas, manifestó Barrientos.
La ley fue aprobada con el apoyo de 30 diputado de Vamos, 22 del Movimiento Semilla, 22 de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), 11 de Viva, nueve de Valor, ocho de Cabal, entre otros bloques pequeños.
Además, la Comisión de Finanzas Públicas y el Congreso dictaminaron favorable la disposición sin la opinión de entes rectores como el Segeplan y el Minfin. “Esto queda más que claro que son decisiones políticas bajo presión de grupos de alcaldes tomadas por diputados especialmente distritales sin tener avales técnicos”, enfatizó el director del Icefi. El día de la aprobación, un grupo de alcaldes aplaudía y ejercía presión para que los diputados votaran a favor de la Ley. Durante un momento de la sesión ordinaria, el presidente del Congreso, Nery Ramos, convocó a sus pares a reunirse al centro del hemiciclo ante la falta de consenso. Al final, la sesión terminó con la aprobación de la Ley.
Pregunta si respuesta
¿Cómo se determinó el monto destinado para cada Consejo de Desarrollo?, fue una de las preguntas recurrentes de diputados de Vos, el lunes 4 de noviembre, a funcionarios del Minfin citados un día antes de la aprobación del ahora decreto 27-2024.
El subsecretario de asuntos ejecutivos, Oscar Moisés Juárez dijo que para diciembre prevén trasladar a los Codede un 48.15% del monto asignado.
Ante la baja ejecución, el diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), Carlos Barreda, afirmó que la ampliación presupuestaria fue “una negociación politquera y un bolsón de corrupción” para que los fondos de los Codede no sean ejecutados.
Los diputados de VOS pidieron poner atención a la aprobación del presupuesto para el próximo año y al rubro que se le asignará a los Consejos. Según Barreda, los Q3 mil millones fueron otorgados a cambio de la compra de votos por la recién electa Junta Directiva del Congreso y del Presupuesto 2025.
Por otro lado, Eddy Cifuentes, analista en temas municipales, se refirió a la Ley aprobada como una medida consecuente con los alcaldes debido a que la mayoría son nuevos. “Para el gobierno tiene sus réditos porque de manera muy inmediata con obra gris, aunque no sea la más necesaria, para mostrar ejecución y que lleguen los beneficios. Es un gana gana para el gobierno y las autoridades locales”, comentó.
El próximo año será determinante, según Cifuentes, porque a partir del tercer y cuarto año de gestión los alcaldes empiezan con una incidencia política rumbo a las elecciones generales. Ahora los alcaldes y los Codede deberán agilizar los proyectos acompañados de la auditoría social y de las instituciones del Estado encargadas de hacerlo.
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