En el decreto 16-2024, que amplía el Presupuesto para este año, el gobierno de Bernardo Arévalo logró fondos para reparar la autopista Palín – Escuintla, créditos dirigidos a Mipymes del sector agrícola afectadas por el impacto de las lluvias y sequías, así como una asignación para Codedes de Q1,875 millones. Sin embargo, el decreto está en vilo ante las acciones presentadas ante la Corte de Constitucionalidad.
Por Isela Espinoza
La bancada oficial desafió a la oposición la noche del pasado martes interrumpiendo la interpelación al ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, para lograr la aprobación de una ampliación presupuestaria por Q14 mil 451.7 millones por lo que ahora el Ejecutivo tiene un disponible de Q131 mil 318.5 millones para este año.
La propuesta aprobada de emergencia, a través de 111 votos, solo modificó algunos destinos a los que tenía la iniciativa original. Según el diputado del Movimiento Semilla, Samuel Pérez, la ampliación presupuestaria prioriza fondos para el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) en donde se “liberaron algunos candados para terminar obras de infraestructura pendientes”.
Para el analista económico, Erick Coyoy, es indispensable que el Gobierno de Arévalo promueva mecanismos de transparencia, con autorías especiales de la Contraloría General de Cuentas, en aquellos contratos de la administración de Alejandro Giammattei señalados de opacidad “para que no se hagan desembolsos a obras que no han tenido el resultado físico deseado”.
El diputado también resaltó que otra de las prioridades de la ampliación presupuestaria son fondos para apoyar la producción agrícola y minimizar el impacto en la canasta básica que se tuvo en los meses de junio y julio por los golpes del cambio climático.
Además, se asignan montos específicos para el programa Primera Vivienda y un aumento al Ministerio de Salud Pública con el objetivo de cumplir con lo establecido en la Ley de Atención Integral de Cáncer, explicó Pérez.
El Decreto 16-2024 destina Q500 millones para crear el Fondo de Crédito Campesino y Q500 millones para la compra de fertilizante, semillas y herramientas. Todo deberá ser coordinado desde el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), mientras, el Fondo de Crédito Campesino será administrado por el Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala (CHN).
Este lunes durante una conferencia de prensa, el presidente Bernardo Arévalo explicó que, con el Fondo de Crédito Campesino, las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) del sector agropecuario podrán acceder a créditos a tasas más bajas a las que ofrece el mercado.
El artículo 18 del Decreto 16-2024, sobre Apoyo al aumento de la producción agrícola nacional, señala que a partir de que cobre vigencia la ampliación presupuestaria, en un plazo de 15 días, el MAGA publicará el reglamento que especificará los requisitos para otorgar los créditos.
“Entre las condiciones se establece la obligatoriedad de incluir un seguro agrícola para brindar cobertura económica a los productores que resulten afectados cuando ocurran lluvias intensas o sequía prolongada, durante la vigencia del crédito”, dice el texto.
En cuanto a la compra de fertilizante, semillas y herramientas de labranza, Arévalo dijo que serán “distribuidas lo más pronto posible a todo el sector agrícola para fomentar la productividad de legumbres y verduras necesarias para la canasta básica”.
El artículo 18 señala que para la adquisición de estos insumos “no será obligatoria licitación ni la cotización y se podrá realizar la compra directa. Se podrá adquirir los insumos anteriores, incluyendo el costo del transporte para entrega en las cabeceras municipales”.
A criterio del el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), esta disposición reproduce las normativas que en el pasado facilitaron abusos y actos de corrupción, “incluyendo casos en los que diputados al Congreso de la República fueron señalados y acusados de beneficiarse directamente, toda vez eran dueños y estaban vinculados con empresas proveedoras, justamente de fertilizantes, semillas, aperos de labranza y transporte de productos agrícolas”.
Sin embargo, el diputado Pérez asegura que en la ampliación de presupuesto se establecieron procedimientos administrativos de asignación que “responden a criterios técnicos no a criterios políticos” que eran utilizados en gobiernos anteriores para beneficiar a sus afiliados o simpatizantes.
Pérez dijo que los agricultores que accedan al Fondo de Crédito Campesino será a través de un procedimiento “competitivo” y descartó que las asignaciones sean a dedo.
Nuevos bonos
“Con el Bono Productivo aumentará la oferta y con el Bono (de crédito) Campesino aumentará la disponibilidad de alimentos”, agregó el mandatario en la conferencia junto a los ministros de Agricultura, Maynor Estrada y de Economía, Gabriela García.
Estrada señaló que el Bono de Crédito Campesino contará con semilla certificada de maíz, de frijol, de yuca y camote.
Mientras, el Bono Productivo está dirigido para productores que ofrecen al mercado frijol, maíz y arroz, así como varias hortalizas que han sido afectadas por las irregularidades climáticas y productores de tomate, cebolla, papa, cardamomo y cacao.
“El Crédito Campesino será fundamentalmente para aquellas micro, pequeñas y medianas empresas del sector agropecuario, prioritariamente mujeres, jóvenes e indígenas promoviendo el uso de la digitalización bancaria y brindando servicios financieros adaptados a la demanda campesina”, dijo el ministro.
Por aparte, la ministra señaló que desde el viceministerio de la Mipyme y, en alianza con el Ministerio de Agricultura y actores del sector privado, promoverán los productos de los agricultores beneficiados con el Bono Productivo y Campesino.
“Cuando los pequeños productores estén listos para comercializar en el mercado local o internacional, entran los servicios de desarrollo empresarial que tienen un enfoque dirigido especialmente para el sector agrícola”, dijo García.
Agregó que con algunos supermercados están “haciendo esfuerzos” para evitar la especulación de precios e intermediación con el objetivo de garantizar las compras de verduras y frutas.
Para el analista económico de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), Erick Coyoy, el alza de los precios de los alimentos y otros productos de la canasta básica no se detendrá con estos nuevos bonos y otras medidas que tomen los ministerios, sino que depende de otros factores como la sequía a inicios de año, el tardío inicio de las lluvias que se han combinado con otros impactos como la logística de distribución de alimentos que se ha visto afectada por la inhabilitación del tramo carretero Palín – Escuintla.
“La dinámica (de los precios) va a seguir mientras no se corrijan los factores que la generan. Habrá que ver si la medida (los bonos productivo y campesino) y su impacto es suficiente”, dijo el también exministro de Economía.
Fondo para la autopista y más recursos para los Codede
Con el deterioro de la carretera CA-9, especialmente el tramo de Palín-Escuintla, la ampliación de presupuesto declara de urgencia nacional la rehabilitación y logró una asignación de Q100 millones con lo que deberán repararla y darle mantenimiento.
“No será obligatoria la licitación ni la cotización en las contrataciones de las dependencias y entidades públicas para la adquisición de bienes y suministros” pero las adquisiciones deberán ser publicadas en el portal de Guatecompras dice el Decreto 16-2024.
Las bancadas legislativas opositoras de Vamos, Vos y Unionista han criticado la ampliación presupuestaria debido a algunos “bolsones”, que carecían de destino específico, como los fondos que se manejarán desde los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural (Codedes) para lo cual se quedó una asignación de Q1 mil 875 millones.
El decreto señala que la asignación extraordinaria a los Codedes será para realizar proyectos de educación, salud, agua, saneamiento, drenajes, infraestructura vial y caminos rurales.
En la sesión plenaria, que terminó en la madrugada del miércoles 14 de agosto, se decidió que para el departamento de Escuintla se incrementarían Q15 millones 470 mil 500 para obtener un total de Q142 millones 920 mil.
Mientras, al departamento de Guatemala, también durante las votaciones, le aumentaron más de Q7 millones para un total de Q106 millones 810 mil 500. Otros departamentos con incrementos son: Huehuetenango, Jalapa, Jutiapa, Retalhuleu y Petén, subrayó el diputado de oposición, José Chic.
Al respecto, Icefi también argumentó que el aporte extraordinario para los Codede carece de justificación técnica y constituye un riesgo “muy grave de abusos y corrupción” ya que no detalla la fuente de financiamiento para Q1mil 756.8 millones, que no pueden ser recursos del IVA-Paz (equivalente a 1 de los 12 puntos porcentuales de la tarifa del IVA).
Según dijo el Icefi, el financiamiento para ese incremento al aporte extraordinario para los Codede deberá provenir de recursos tributarios distintos al IVA-Paz o recursos de caja.
Mientras, para los Q118.2 millones restantes, la fuente de financiamiento proviene del reordenamiento de aportes extraordinarios del artículo 11.
Sin embargo, el diputado de Semilla recalcó que los fondos para la ampliación presupuestaria provienen de la recaudación. “No se aumentó a través de deuda, no se aumentó a través de préstamos, sino que es del aumento de la eficiencia de la recaudación tributaria, que se cerraron caminos de corrupción y por lo tanto hay más dinero disponible. Lo que necesitábamos era que el Congreso aprobara el destino de esos fondos recaudados”, agregó Pérez.
Cuestionan baja ejecución de los Codedes
“Hay departamentos que reciben demasiado dinero y ahí también hay cuestionamientos relacionados con la transparencia sobre cómo han manejado los recursos en administraciones pasadas. Este tipo de ampliaciones llevaron a la bancada a no apoyar la ampliación presupuestaria”, dijo Chic.
Icefi también señala en un informe que la ejecución presupuestaria de los Codede es baja y lo califica de “alarmante”. Según el Sistema de Contabilidad Integrado (Sicoin), al 15 de agosto de 2024, la ejecución de las trasferencias del Gobierno Central a los Codede es de Q650.6 millones, equivalentes al 16.1% de la asignación vigente de Q4 mil 044.2 millones.
Con el incremento aprobado en el aporte ordinario de Q481.9 millones, más el incremento al aporte extraordinario de Q1 mil 875.0 millones, los Codede tendrían Q2 mil 356.9 millones a asignación total vigente asciende a Q6,401.1 millones.
“Los niveles más bajos de ejecución corresponden a las acciones vinculadas a las áreas de salud, educación y saneamiento”, dice Icefi.
Coyoy coincidió que los Codede han sido utilizados como “bolsones” y que posiblemente la asignación de los fondos pudo influir en la aprobación del Decreto 16-2022. “La presión de los diputados distritales para que estos recursos estén disponibles pudo haber sido un factor. Habrá que ver qué tan eficientes serán para agilizar la ejecución ya que no lo fueron en los primeros seis meses del año. Ahora habrá que ver qué mecanismos pueden implementar para acelerar la ejecución”, manifestó el analista de Asies.
Agregó que no solo es necesario agilizar la ejecución de los fondos sino los mecanismos de transparencia. “Aquí el gobierno puede jugar un papel activo para asegurar que esos recursos atiendan las necesidades de la población”, puntualizó Coyoy.
En tanto Pérez, opinó que la asignación a los Codedes es menos del 1% del presupuesto. “El tema de acceso al agua para las familias es prioridad para Semilla. Algunos temas de infraestructura también sobre todo caminos rurales”, dijo el diputado.
Según Pérez, la ejecución del presupuesto por parte del Gobierno “es la mejor” que ha tenido el país en los últimos cuatro gobiernos. “Ahora con el aumento de la asignación de recursos, los ministerios tendrán que ejecutar más deprisa pero hasta el momento la ejecución ha superado el promedio”, agregó.
Otros montos aprobados
Esta es la primera vez, desde marzo pasado, que el gobierno logra más de 110 votos para aprobar un proyecto de ley. Antes de estas votaciones había impulsado sin ningún resultado la aprobación de un estado de calamidad y uno de emergencia.
En mayo pasado, el Ejecutivo también pidió una reforma a la Ley del Ministerio Público para lograr remover a la fiscal general Consuelo Porras. Este es uno de los proyectos clave del gobierno y para el cual también necesita una mayoría calificada.
La ampliación presupuestaria incluye un fondo para la construcción de un hospital especializado en cáncer por Q600 millones y fondos de preinversión que suman Q500 millones.
Jonathan Menkos, ministro de Finanzas Públicas, resaltó a través de sus redes sociales que ese monto incluye una cantidad destinada a iniciar el proceso de mejora del aeropuerto La Aurora y para los estudios de preinversión del Metro en la Ciudad de Guatemala.
Además, asigna otros Q500 millones para el programa Primera Vivienda que busca financiar a guatemaltecos que carecen de vivienda que también será administrado a través del CHN.
También se destina fondos para alcanzar la meta de 10 mil escuelas remozadas, se incluyen Q42 millones para el Programa de Incentivos Forestales (Pinpep) y Q84 millones a la Ley Probosque y un rubro de Q1 mil 676 millones 555 a las municipalidades del país, para proyectos de desarrollo social.
Acciones legales contra el Decreto 16-2024
El Ejecutivo deberá acelerar la ejecución del gasto en los próximos meses. El Ministerio de Finanzas tiene dos semanas para presentar el nuevo proyecto de Presupuesto para 2025.
Sin embargo, en menos de una semana la ampliación del presupuesto ha sumado cinco acciones legales para que se suspenda. Una de las últimas fue interpuesta ante la Corte de Constitucionalidad (CC) el lunes 19 de agosto por el Grupo Cívico Ciudadano Guatemalteco.
La semana pasada, la diputada de Valor, Sandra Jovel, ya había anunciado que presentaría acciones legales por la interrupción de la interpelación. A los amparos se suman la de Fundación contra el Terrorismo (FCT) y de la bancada Vamos.
Las últimas resoluciones de la CC no han sido favorables a Bernardo Arévalo. En la alta Corte, dirigida por Nester Vásquez, las decisiones más polémicas se han ganado con tres votos contra dos.
Para el diputado oficialista, Samuel Pérez, no existen argumentos legales que justifiquen los cuestionamientos hacia la ampliación presupuestaria en términos constitucionales “ya que se usó un precedente que ya ha sido confrontado en la CC en ocasiones anteriores para poder interrumpir una interpelación”.
