Hace dos meses Prensa Comunitaria publicó que la fiscal Fabiola Velásquez Orozco retomó una investigación que surgió del hallazgo de los Q122 millones y que vinculó al expresidente Giammattei en supuestos actos de corrupción.
Por Alexander Valdéz
En septiembre, la agente fiscal Sandra Fabiola Velásquez Orozco, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), informó a la jueza del Juzgado de Mayor Riesgo “D”, Abelina Cruz, que estaría a cargo del expediente 01073-2016-00359, un caso relacionado con los Q122 millones y que alcanzó al expresidente Alejandro Giammattei, por medio de la declaración del denominado “Testigo A”.
Fue a través de un oficio dirigido a la jueza que pidió acceso al expediente y a la identidad del denominado “Testigo A”, que declaró y vinculó a Giammattei en supuestos actos de corrupción, el 18 de mayo de 2021. Una diligencia inusual que reactivaba esa investigación, tres años después de conocerse los hechos. Ese proceso habría provocado la destitución y exilio del exfiscal Juan Francisco Sandoval y otros fiscales de esa unidad de investigación.
Dos meses después, el Ministerio Público (MP) confirmó que Velásquez Orozco fue despedida de la FECI que dirige Rafael Curruchiche. Ella fue una de las fiscales removidas en las últimas semanas por Consuelo Porras.
En la publicación de Prensa Comunitaria, del 24 de octubre, consta que el oficio dirigido a Cruz fue firmado por la agente fiscal Velásquez Orozco, y el mismo informa que estaría a cargo del expediente judicial relacionado con los hechos mencionados en esa declaración.
“Respetuosamente comparezco ante usted, con el objeto de informar que el expediente ministerial identificado en el acápite se encuentra actualmente bajo mi responsabilidad y en estatus de Investigación, el cual se encuentra judicializado con el número de causa 01073-2016-00359, derivado a ello a través del presente memorial se le solicita respetuosamente la entrega de la plica que obra en el presente Juzgado y que contiene los datos de identificación de testigo identificado como “Testigo A”, de sexo masculino, documento incorporado el día 18 de mayo de 2021”, se lee en el oficio.
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Caso alcanza al exmandatario
En una publicación de El Faro, en febrero de 2022, se reveló que el “Testigo A”, su identidad y una copia de su declaración estaban guardadas en la caja fuerte del Juzgado de Mayor Riesgo “D”, anteriormente a cargo de la exjueza Erika Aifán, ahora en el exilio por criminalización.
Se informó que en esa declaración, una persona de confianza del expresidente Giammattei, lo acusó de haber negociado la entrega de Q20 millones, supuestamente provenientes de sobornos de empresas constructoras para financiar su campaña en 2019. A cambio de ese dinero, según el testigo, Giammattei se comprometió con el entonces ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, José Luis Benito, a manternerlo en el cargo un año y mantener operando un millonario esquema de corrupción en contratos de construcción y mantenimiento de carreteras.
La publicación refiere que, en julio de 2019, entre la primera y segunda vuelta de la elección presidencial, el testigo asistió a una reunión en la que el entonces candidato y Giorgio Bruni, que era secretario general del partido Vamos y después fue secretario privado de la Presidencia, hablaron por teléfono con Benito para confirmar el aporte y la forma de entrega. En presencia del exministro de Desarrollo, Raúl Romero; el exjefe del Centro de Gobierno, Miguel Martínez; y una persona más identificada como Jorge, el testigo asegura que escuchó a Bruni decir a Giammattei que el dinero saldría de un anticipo pagado por el Ministerio de Comunicaciones a la empresa COAMCO, para la construcción y mejoramiento de un tramo de carretera en el departamento de San Marcos.
La declaración que ahora la FECI busca obtener se grabó bajo reserva en presencia de la jueza, dos fiscales y una abogada defensora, el 18 de mayo de 2021, en una audiencia de anticipo de prueba, en octubre de 2020, tras encontrar 22 maletas con Q122 millones en una casa de Antigua Guatemala que alcanzó a Benito.
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Otros casos asignados por Curruchiche
Velásquez Orozco firmó diferentes oficios de solicitud de información por investigaciones iniciadas “de oficio” por la FECI de Curruchiche. Por ejemplo, aparece como firmante en la solicitud que se hizo pública el 8 de octubre, que se dirigió a las autoridades de la Universidad Rafael Landívar. En esta pidieron de manera urgente, “el resguardo de las videograbaciones que abarcan el período del 30 de julio al 30 de septiembre del presente año”.
La FECI buscaba obtener una copia de las grabaciones de los espacios donde se llevaron a cabo las sesiones de las Comisiones de Postulación para la elección de las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia y de Apelaciones, así como de los salones adyacentes al recinto donde ocurrieron las reuniones. También de los pasillos y parqueos que conectan estos salones, así como otras áreas cercanas.
