De 1989 a la fecha, han pasado 35 años y seis meses. Un tiempo largo y doloroso cuando se esperan noticias. Desde el 1 de abril de 1989, la angustia es la sombra que acompaña a las familias de Agapito Pérez Lucas, Nicolás Mateo, Luis Ruíz Luis y Macario Pú Chivalán, cuatro campesinos originarios de Quiché, quienes trabajaban como jornaleros en una finca de Suchitepéquez cuando fueron secuestrados. Elementos del Ejército fueron señalados como los responsables de la detención y desaparición de los cuatro. A la fecha, sus cuerpos no han aparecido.
Por Claudia Méndez Villaseñor
En dos fechas distintas, un grupo de militares, con el rostro oculto y fuertemente armado, ingresó hasta las galeras maltrechas y precarias de una finca de Mazatenango, Suchitepéquez, en la que descansaban los trabajadores y secuestraron a cuatro campesinos. El primer operativo ilegal sucedió la noche del 1 de abril de 1989. Esa vez con exceso de fuerza secuestraron a Ruíz Luis y a Pú Chivalán. Hubo testigos de lo sucedido, pero fueron amenazados con correr la misma suerte si decían algo de lo que habían presenciado. Los militares regresaron el 7 de abril por Pérez Lucas y Mateo. Otra vez, excesiva violencia y el silencio obligado. Ni los dueños de la finca reportaron el caso. La Corte Interamericana de Derechos Humanos se prepara hoy a notificar una sentencia que tardó 35 años y seis meses, ante la negativa del Estado de Guatemala por impartir justicia y reconocer, que sus propios agentes cometieron estos crímenes.
Para Amílcar Méndez, defensor de los derechos humanos y representante legal del CERJ, la sentencia que emitirá la Corte Interamericana de Derechos Humanos cierra un doloroso proceso de 35 años y 6 meses, para ser exactos. “Se logró justicia producto del sufrimiento, el dolor y el trauma, pero también de la lucha de las familias y su servidor para que el caso fuera admitido en el ámbito de la justicia internacional”, explicó.
Méndez era el presidente del CERJ en 1989 y cuando conoció sobre lo ocurrido, junto con los familiares de los cuatro desaparecidos, comenzó un tortuoso camino en búsqueda de esclarecer el hecho y obtener justicia. Sin embargo, durante más de tres décadas, solo encontraron las puertas cerradas de cada una de las distintas instancias del Sistema de Justicia del país, incluso la de la oficina de la Procuraduría de los Derechos Humanos.
“Esta sentencia nace a la luz de la justicia y la verdad. Se considera un gran mensaje para la élite militar que tiene responsabilidad en todo lo que sucedió, en este caso y durante el conflicto armado interno. Es un reto para el Estado guatemalteco y en particular para el presidente Bernardo Arévalo, para que pueda atender con políticas públicas las necesidades más sentidas de los pueblos indígenas”, comentó el activista, quien defiende la prevalencia de los derechos humanos desde la época más oscura de la guerra.
De acuerdo con Méndez, también es un mensaje contundente al sistema de justicia y a los jueces de la impunidad, que en los últimos tiempos han beneficiado a militares sindicados de crímenes de guerra y de lesa humanidad”.
Noche infame
El documento AMR 34/32/90/s. “Desaparición de Agapito Pérez Lucas, Nicolás Mateo, Luis Ruíz Luis y Macario Pú Chivalán, elaborado por Amnistía Internacional en marzo de 1990 recopiló los testimonios de los testigos que presenciaron el secuestro y posterior desaparición de los cuatro jornaleros nacidos en Quiché.
Los cuatro fueron secuestrados cuando descansaban por la noche en instalaciones precarias, de la finca en la que trabajaban y solo vestían ropa interior. No se les permitió vestir otras prendas cuando fueron secuestrados.
De acuerdo con este documento, los cuatro pertenecían al Consejo de Comunidades Étnicas “Rujunel Junam” (CERJ), que al español se traduce “Todos somos iguales”. Entonces, el presidente de la entidad era Méndez.
“Esta organización se fundó, en 1998 en Quiché, con el propósito de denunciar violaciones a los derechos humanos a grupos indígenas. Desde su fundación los integrantes de CERJ fueron objeto de amenazas de muerte y la desaparición extrajudicial de varios de sus miembros”, indicó Amnistía Internacional. Así mismo, se mencionó que el Gobierno había asegurado que se investigaba la desaparición de los cuatro campesinos.
De puerta en puerta
Méndez recordó que desde el día siguiente de la desaparición de los cuatro jornaleros, se presentaron exhibiciones personas en su nombre en los juzgados de Quiché. Luego siguieron procesos legales en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) y la Corte de Constitucionalidad (CC). “Se denunció el caso a la Policía y en la PDH. No obtuvimos nada. Ninguna respuesta”, afirmó.
“Fuimos por dos semanas a los municipios de Suchitepéquez y a la policía de Mazatenango, por si los habían capturado; a los hospitales regionales y a las morgues de Suchitepéquez y de Sololá. Regresé sin ninguna información”, añadió.
Méndez todavía guarda una fotografía suya, en la que evidencia excesivo cansancio tras esa jornada y en la que muestra las cédulas de vecindad de los cuatro desaparecidos. “Después fuimos al Ministerio Público y tampoco se recibió ninguna respuesta. Se negó justicia por tratarse de personas humildes”, afirmó.
Al agotar cada una de las instancias en el ámbito nacional, el caso se denunció al Sistema Interamericano de Justicia. Este proceso también contó con el acompañamiento de abogados del Robert F. K (RFK) Human Rights.
“Con la sentencia se comprueba que esta lucha ha sido justa y que se encontró justicia. Hay emoción, alegría, y agradecimiento a las familias, que han soportado la marginación y desprecio por parte del sistema judicial y del Estado. Esperaban que aparecieran, encontrarlos con vida. No fue posible”, añadió Méndez.
En este caso también resaltó la explotación laboral en el sur del país, durante ese periodo. Los propietarios de la finca, en la trabajaban los cuatro y el lugar en el que fueron secuestrados, negaron la paga a los familiares de los desaparecidos. Tampoco denunciaron el hecho ni el allanamiento ilegal a la propiedad. “No ofrecieron ninguna ayuda a los familiares, fue como si se tratara de animales”, recordó el activista.
Este jueves la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificará la sentencia en horas de la tarde.
Caso emblemático
Angelita Baeyens, abogada de RFK Human Rights, quien acompañó el caso en los últimos años se mostró esperanzada ante la notificación mañana, de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso. “Creo que va a ser una buena decisión. Es un caso muy emblemático de toda una época en Guatemala y se conecta con los desafíos actuales del país en la lucha contra la impunidad”, dijo.
La jurista recordó que cuando ocurrieron los hechos la organización contactó al CERJ. “Desde la incidencia se trabajó con don Amílcar (Méndez) y luego todo este tiempo para dar con el paradero de los cuatro desaparecidos”, añadió Baeyens.
“Para mí es un honor. Ha sido un privilegio acompañarlos de la mejor manera posible en esta búsqueda de la justicia. Esperamos que la Corte responda bien y como se merece. Que se otorgue un poco de justicia y que pueda resultar no solo en justicia para las familias sino en un esfuerzo por dar con el paradero de los cuatro y se haga el duelo”, mencionó.
De las reparaciones que ordene la Corte, Baeyens consideró necesario que se extiendan a la toma de medidas para la no repetición de estas acciones y se reflejen los esfuerzos de la lucha contra la impunidad en el país, “en este momento lo necesita más que nunca. Hay un contexto de erosión de las Cortes y de avance en los casos que tienen que ver con el conflicto armado interno”, añadió.
Baeyens recordó que desde los años 90, la presidente de RFK Human Rights, Kerry Kennedy ha acompañado a Méndez, al CERJ y a las familias de los cuatro desaparecidos. “Para ella es muy especial esto. Ver en primera fila el esfuerzo de don Amílcar y las familias para encontrar y pedir justicia. Después de tantos años ver que está cerca que se haga algo de justicia, porque no devuelve a los cuatro, nos genera mucha expectativa”, agregó.
