Las magistradas de la Sala Sexta de Apelaciones de Cobán, Alta Verapaz, Jenni Nohemí Alvarado Teni, Irma Judith Arrazate Centeno y Rogelio Can Si, quienes han criminalizado al dirigente comunitario Bernardo Caal Xol, por la defensa del río Cahabón, ante los proyectos hidroeléctricos que afectan a las comunidades aledañas al río, buscan su reelección. Caal Xol pide al Congreso de la República no volverlos a elegir por los daños que le han hecho a la justicia guatemalteca.
Por Eder Juárez
El proceso de elección para integrar las nuevas magistraturas del Organismo Judicial se encuentra en su fase final. Ahora está en manos de los 160 diputados del Congreso de la República elegir de 26 aspirantes a 13 magistrados que integrarán la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y a 156 magistrados titulares y 104 suplentes de una lista de 312 aspirantes a Salas de Apelaciones para el periodo 2024-2029.
Los integrantes de la Sala Sexta de Apelaciones de Cobán, Alta Verapaz, Jenni Nohemí Alvarado Teni, Irma Judith Arrazate Centeno y Rogelio Can Si, decidieron rechazar una apelación presentada por la defensa de Bernardo Caal Xol. Sin embargo, sí aceptaron la apelación que presentó el Ministerio Público (MP), con la que buscaba una condena mayor en contra del dirigente comunitario. Para llegar a estas resoluciones los magistrados de dicha Sala tardaron 2 años, lo que provocó que Caal Xol, estuviera en prisión cuatro años.
Los magistrados dilataron el proceso por esos dos años, excusándose en varias oportunidades. La Sala tardó más de un año en integrarse, debido a que 63 jueces se excusaron de conocer el caso.
Prensa Comunitaria hace un recuento de las actuaciones de los tres magistrados, que buscan la reelección y que prácticamente han sido el verdugo de Bernardo Caal Xol, un defensor del agua y del territorio Q’eqchi’.
Jenni Nohemí Alvarado Teni, actual magistrada de la Sala Sexta de Apelaciones de Cobán, Alta Verapaz, logró 30 votos para integrar la nómina de 26 candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. También aparece en la nómina de 312 candidatos para Salas de Apelaciones.
Alvarado Teni ha sido denunciada en procesos penales por los delitos de denegación de justicia, tráfico de influencias, prevaricato, e incumplimiento de deberes por resoluciones contrarias a la ley.
Además, ha sido denunciada ante la Corte Internacional de Derechos Humanos (Corte-IDH) por graves violaciones al debido proceso y al derecho de defensa. Promovió la planilla única de representante para la Comisión de Postulación de CSJ en la asamblea general extraordinaria del Instituto de Magistrados de Corte de Apelaciones en 2019, violentando la ley de Comisiones de Postulación, por ello fue anulado el proceso por la Corte de Constitucionalidad (CC).
En el proceso de elección de Cortes en el año 2020, la Asociación Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS), presentó una tacha contra la actual magistrada para evitar su reelección ante el Congreso de la República, por considerarla no idónea para el cargo, por la violación de la ley de Comisiones de Postulación.
Dicha violación hizo que se presentara un recurso ante la CC, la cual otorgó amparo definitivo al magistrado Noé Ventura Loyo, presidente de la Sala de Femicidio de Guatemala. La actuación de la funcionaria judicial tuvo como consecuencia que se atrasara el proceso de selección de magistrados de Corte de Apelaciones.
La honorabilidad de Alvarado Teni, ha sido puesta en duda derivado de una resolución emitida por un Juzgado especializado en Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer en Alta Verapaz, al cuestionar el actuar de la juzgadora.
Entre tanto, la actual magistrada integrante de la Sala Sexta de Apelaciones de Cobán, Irma Judith Arrazate Centeno, fue integrante de la Comisión de Postulación para elegir la nómina de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, como representante de los magistrados de Salas de Apelaciones.
Obtuvo 29 votos a favor para integrar la nómina de candidatos a Salas de Apelaciones, fue la candidata 59 del listado de 312. Arrazate Centeno votó a favor de que la sede la Comisión de Postulación para CSJ, fuera en la Corte Suprema de Justicia.
La actual magistrada de la Sala Sexta de Apelaciones de Cobán, tiene vínculos con el presidente de la Corte de Constitucionalidad, Néster Vásquez Pimentel, quien fue incluido en la Lista Engel, del Departamento de Estado de los Estados Unidos, por supuestamente abusar de su autoridad para influir y manipular inapropiadamente el nombramiento de jueces para ocupar posiciones en un tribunal superior.
Mientras que Rogelio Can Si, magistrado titular de la Sala Sexta de Apelaciones del Ramo Penal de Cobán, Alta Verapaz, integra la nómina de candidatos a Salas de Apelaciones para el período 2024-2029 y busca su reelección.
En julio de 2019, el dirigente comunitario Bernardo Caal Xol, denunció que, Can Si y las magistradas Jenni Nohemí Alvarado Teni y Judith Arrazate Centeno, después de suspender en dos ocasiones la audiencia de apelación contra su sentencia, se excusaron de conocer la misma, por tener amistad con una de las abogadas, lo que calificó de retardo de justicia en beneficio de las empresas involucradas en el proceso penal. La Sala tardó más de un año en integrarse, debido a que 63 jueces se excusaron de conocer el caso.
En 2020 la Sala que integra Can Si, rechazó la apelación presentada por los dirigentes comunitarios Jorge Coc y Marcelino Xol y les confirmó la condena de 35 años de prisión por los delitos de homicidio en grado de tentativa por la muerte de un integrante de la cooperativa Chilté, que ha acaparado extensiones de tierra en la finca Choctún Basilá, para monocultivos y venta a terratenientes.
“El negocio de la justicia en Alta Verapaz”
Bernardo Caal Xol indicó que los tres magistrados que integran la Sala Sexta de Apelaciones de Alta Verapaz desde 2014, durante el gobierno del Partido Patriota (PP) “han vuelto un negocio la justicia en Alta Verapaz, porque mantienen el control y el poder sobre el sistema de justicia que se maneja en el departamento”.
Caal Xol explica que los magistrados no aceptaron la apelación para “mantenerme en zozobra y en prisión sin ninguna certeza, es una tortura carcelaria”, refirió.
Agregó que eso mismo están haciendo con el periodista Jose Rubén Zamora, programando una audiencia de revisión de medidas hasta el próximo año. “Ahí está la prueba de lo que estoy denunciando, en Guatemala cuando a los jueces o magistrados les interesa resolver lo hacen en 24 o 48 horas, ahí si existen los plazos de ley, pero cuando se trata de criminalizar a las personas o cuando hay intereses poderosos atrás de algún proceso, lo que tratan es de encarcelar a la persona y empezar con las tácticas dilatorias”, manifestó.
“Hoy le pedimos a los diputados que no elijan a estos magistrados que tanto daño le han hecho a la justicia en Guatemala”, dijo Caal Xol.
Además, señaló que a su criterio “hay un grupo de abogados y abogadas que pretenden ostentar esos cargos para seguir el juego de la corrupción y seguir torciendo las leyes en beneficio de un sector poderoso y estar negociando con la justicia guatemalteca”.
Asimismo, Caal Xol se pregunta, ¿A dónde se puede ir uno a quejar, y señalar las atrocidades que estos magistrados cometían en mi contra? “No hay ningún lugar a dónde irme a quejar, aunque se denuncie con pruebas, con documentos, eso no avanza, se tapan entre ellos, por eso es que decimos que el sistema de justicia en Guatemala está cooptado por las mafias, lo controlan los corruptos, y por eso no avanza nada”.
“No hay ningún lugar donde se escuchen estos planteamientos. La persona que está siendo dañada por estos magistrados, más que aguantar esas injusticias, debe reclamar en estos momentos para que no se elijan a estos magistrados. Es por eso que la población guatemalteca debe de estar atenta, dialogar y expresarse ante el proceso de elección de magistrados”, dijo.
Oposición a hidroeléctricas
Bernardo Caal Xol, dirigente Q’eqchi’, defensor de ríos y de derechos humanos, estuvo preso alrededor de 4 años, criminalizado por oponerse a los proyectos hidroeléctricos en la zona. Fue acusado de robo agravado y detenciones ilegales, por empresas subcontratadas de la Hidroeléctrica Oxec, S.A. instalada sobre el río Cahabón.
Caal Xol, fue detenido en enero de 2018, y en noviembre de ese año fue condenado por el juez Fabricio Rosales, del Tribunal de Sentencia de Cobán, Alta Verapaz, a 7 años y cuatro meses de prisión.
La acusación que llevó al defensor Q’eqchi’ a la cárcel, provino de los trabajadores de la empresa Netzone S.A. subcontratista de Oxec, S.A. que a la vez pertenece al grupo Energy Resources Capital Corp. El hecho que originó su detención fue porque el 15 de octubre de 2015, Caal informó a las comunidades Q’eqchi’, de Santa María Cahabón, de una resolución de la Corte de Constitucionalidad, sobre su derecho a la consulta previa e informada sobre el proyecto hidroeléctrico impulsado por Oxec.
Según la versión de los trabajadores de la empresa Netzone S.A., ese día unas 100 personas lideradas por él, les impidió el paso y los amenazaron de muerte, y les robaron sus pertenencias.
Luego de 4 años en prisión, el 24 de marzo de 2022, Caal Xol fue liberado. “Estuve cuatro años y dos meses, encarcelado de forma injusta, el pueblo no debe olvidar la persecución que vivimos los indígenas en Guatemala, tan solo porque el capitalismo voraz, asesino, discriminador y racista quiere el saqueo de los recursos naturales”, dijo al salir de prisión.
“Estoy obteniendo mi libertad, es una clara derrota y triunfo sobre la criminalización, tal vez esperaban que con este encarcelamiento estarían derrotando la lucha por la defensa de los territorios, pero no”, manifestó el dirigente Q’eqchi.
En manos del Congreso
El Congreso de la República se prepara para elegir a los magistrados de la Cortes Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones para el periodo 2024-2029, y con ello realizar la renovación del poder judicial el 13 de octubre, fecha en la que concluye el periodo de la actual magistratura.
Sin embargo, los 160 diputados deberán depurar las nóminas enviadas por las Comisiones de Postulación, para evitar que sean electos o reelectos personajes vinculados a actos de corrupción en la administración de justicia, como los tres magistrados de la Sala Sexta de Apelaciones de Cobán, Alta Verapaz, que han criminalizado y perseguido a Bernardo Caal Xol.
Las autoridades indígenas y ancestrales han manifestado su rechazó a la reelección tanto de magistrados de la CSJ como de las Salas de Apelaciones, debido a la falta de idoneidad y honorabilidad que quienes buscan reelegirse.
