El martes 8 de octubre el Congreso finalizó la votación de magistrados de Salas de Apelaciones. En una sesión que duró más de 11 horas los diputados eligieron a 260 magistrados. Uno de los balances iniciales es que los candidatos más cuestionados no pasaron. Sin embargo, para expertos las redes criminales que han cooptado el sistema de justicia lograron mantener su dominio en el proceso y en los próximos años se espera que continúe la impunidad y la persecución política.
Por Regina Pérez
Guatemala podría haber perdido una oportunidad para renovar las Cortes. La elección de 260 magistrados de Salas de Apelaciones demostró que el “Pacto de corruptos”, como se le conoce a la alianza política dominante en el país, sigue siendo fuerte en el Congreso y que las redes criminales lograron mantener su predominio en el proceso de elección de magistrados, según expertos en justicia.
Este proceso comenzó desde la convocatoria del Congreso para integrar las Comisiones de Postulación, el 16 de abril pasado. El 30 de julio las Postuladoras iniciaron su trabajo en la sede de la Universidad Rafael Landívar, con varios sobresaltos y el Congreso eligió a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el jueves 3, y a los de Salas de Apelaciones, este 8 de octubre.
Si bien el balance que realizan expertos sobre la elección no es tan negativo, ya que muchos candidatos cuestionados no fueron incluidos en las nóminas, existe la percepción de que nada cambiará en los próximos cinco años.
Una de las conclusiones de Alejandro Rodríguez, consultor del Instituto Comparado en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), es que con los magistrados de Salas electos la cooptación del sistema de justicia continuará en los próximos cinco años.
“Lamentablemente no se pudo rescatar el sistema de justicia, hay algunos perfiles positivos, hay gente honorable dentro de los magistrados de Sala, pero las redes criminales lograron mantener el predominio sobre el proceso”, manifestó.
Ahora falta ver cómo quedarán conformadas las Salas, pero el predominio de los grupos que han cooptado el sistema de justicia prevalece y lo que se espera es que continúe la impunidad y persecución política, dijo.
Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento Pro Justicia, opina que se eligieron Cortes que pueden tener una oportunidad de retomar el rumbo de la reforma del Organismo Judicial (OJ) y el carácter democrático de la administración de justicia, aunque esto depende de las Cortes de Apelaciones y de actores que no están en este momento sometidos a elecciones, como los jueces de primera instancia, que están tomando las decisiones que han socavado los cimientos democráticos de la administración de justicia en los últimos años.
De alguna manera preocupa que hay personas que no quieren seguir esta agenda y que quieran seguir procurando impunidad y, peor, que quieran continuar la criminalización de adversarios políticos, de funcionarios de justicia independientes, de periodistas, ese es el temor, por eso uno no siente satisfacción al ver las Cortes, dijo.
Los que controlarán las Salas de Apelaciones tienen el poder de revertir las decisiones tomadas por juzgados de primera instancia y repetir los procesos o cambiar las sentencias.
Las Salas más codiciadas son las del Ramo Penal, de Mayor Riesgo, de Extinción de Dominio y Femicidio. Aún se desconoce qué magistrados electos ocuparán esos puestos ya que serán designados en los próximos días por la CSJ.
Votación refleja que el “Pacto de corruptos” sigue fuerte
El Congreso eligió, este martes, a los 260 magistrados de Salas de Apelaciones, 156 titulares y 104 suplentes, de forma nominal, leyendo el nombre de cada candidato y candidata. En menos de un minuto los congresistas votaron por cada aspirante. Algunos de ellos obtuvieron más de 140 o 150 votos.
Para Ibarra, directora de Movimiento Pro Justicia, eso refleja que hubo una negociación entre todas las bancadas porque más de 100 magistrados electos obtuvieron entre 137 y 159 votos.
Lo anterior muestra la capacidad en las bancadas para llegar a acuerdos y hubo coincidencias en más de 100 candidatos.
Algunos de los postulantes que obtuvieron más de 150 votos fueron Elida María Fión, hija del diputado César Fión, afín a Sandra Torres, con 154 votos; Amadeo de Jesús Guerra Chacón, (157), señalado en el caso Comisiones Paralelas 2020, también fue votado por integrantes de la bancada oficial.
Carlos Joaquín Urzúa, obtuvo 153 votos, señalado en el caso Comisiones Paralelas 2020, Luis Alfredo Galicia Guillén (158); José Eliú González Morales (157), Francisco de León Cifuentes, comisionado de la Postuladora de la CSJ, vinculado con Néster Vásquez presidente de la CC, recibió 153 votos; Juan Silverio Talé Cuá (154 votos).
Para Ibarra, los números reflejan que las personas electas con más cuestionamientos tuvieron una votación menor, ya que sacaron menos de 130 votos y son los que más se asocian a las bancadas cuestionadas, por ser de partidos políticos que han formado parte de la alianza que dominó durante el gobierno de Jimmy Morales o de Alejandro Giammattei.
“La votación de Corte Suprema como de Apelaciones confirma que hay una mayoría parlamentaria que en los temas de justicia puede alcanzar votos suficientes para tomar decisiones y eso es preocupante, porque en gran medida estas son corrientes lideradas por diputados altamente cuestionados como Allan Rodríguez, aunque ahí se ve que participaron todas las bancadas”, señaló.
Rodríguez es jefe de la bancada VAMOS, quien el día de la elección estuvo pendiente en todo momento de cómo se estaba llevando la votación, incluso merodeando en los asientos de los demás diputados.
Finalmente para la experta, esta votación refleja que el llamado “Pacto de corruptos” o alianza política dominante, en los dos últimos dos gobiernos, sigue muy fuerte en el Congreso porque estos tienen un interés específico en la justicia y en sacar adelante una agenda de impunidad.
Esto explica por qué bancadas minoritarias terminaron votando con la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), VALOR y otros bloques similares.
“Los nefastos” se quedaron fuera del proceso
El abogado Rodríguez señala que en este proceso de elección los grupos de poder filtraron a sus candidatos y los más nefastos fueron tachados por la sociedad civil y no pasaron, lo cual califica como positivo.
Entre ellos mencionó a Lesther Castellanos, exjuez que criminalizó a la exfiscal de la FECI, Virginia Laparra; las fiscales Cinthia Monterroso y Leonor Morales Lazo; Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI); y el juez Jimi Bremer, quien ha criminalizado a periodistas y a la abogada Claudia González.
“El balance es mixto, si bien no quedaron los perfiles más nefastos, lamentablemente pasaron algunos que son negativos, pero en términos generales, las personas más corruptas y vinculadas a las redes criminales no pasaron”, dijo.
Ibarra coincide en que los listados se fueron depurando, desde el trabajo de las Comisiones de Postulación, los candidatos nefastos que quedaron fuera del proceso al no ser nominados y que dentro del Congreso continuó con las negociaciones de las bancadas.
“Por supuesto que siempre sigue gente cuestionada, no vamos a encontrar Cortes perfectas, postulaciones perfectas, elecciones perfectas, pero ha sido todo tan público que queda claro cómo se dieron las negociaciones, uno puede ver algo, no todo, pero sí es posible tener una visión general de lo que ocurrió”, dijo.
El proceso de elección fue seguido por observadores nacionales e internacionales y autoridades indígenas, que este 9 de octubre, ofrecieron algunas valoraciones de cómo vieron la votación final en el Palacio Legislativo. Un día después de la elección, las autoridades ancestrales manifestaron su rechazo a la elección, que señalaron se dio de forma exprés y poco transparente y denotando que el sistema de elección de magistrados, por medio de Comisiones de Postulación y el Congreso, esta obsoleto.
