El informe presentado por Impunity Watch afirma que los vicios de las elecciones de 2014 y 2019 persisten y que continuó la injerencia de operadores políticos en el proceso, entre ellos el presidente de la Corte de Constitucionalidad (CC) Néster Vásquez, el abogado Roberto López Villatoro, el exrector de la Universidad de San Carlos (USAC), Estuardo Gálvez; y la fiscal general Consuelo Porras, a través de la persecución penal.
Por Simón Antonio Ramón
El informe elaborado por la organización internacional Impunity Watch Lecciones aprendidas de la elección de Cortes de Guatemala, señala los vicios que se observaron durante el proceso para conformar la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ) y las Cortes de Salas de Apelaciones para el periodo 2024-2029.
En el mismo se concluye que “en teoría, este modelo parece razonable, pero en la práctica se ha desnaturalizado y se ha convertido en un mecanismo para cooptar la justicia”.
“Formalmente, el proceso se desarrolló en el plazo establecido y se siguieron los procedimientos que establecen las leyes guatemaltecas, pero en la práctica se repitieron los mismos problemas y vicios que se han observado en procesos anteriores”, indica el informe.
Las responsabilidades, según el informe, recaen sobre las Comisiones de Postulación y en el Congreso. Las postuladoras señalaron que realizaron un proceso apresurado, aprobaron y aplicaron instrumentos deficientes de evaluación y no examinaron la ética y honorabilidad de los aspirantes.
Está misma deficiencia se trasladó al Congreso, al no establecer un procedimiento público y transparente para conocer a las y los candidatos, sino privilegió las reuniones privadas y negociaciones políticas secretas.
A criterio de Impunity Watch, otros de los puntos de conflicto en este proceso fue la presentación de las tachas y el puntaje para la línea de corte. Con las tachas se acordó, en ambas comisiones, que únicamente se admitirían sentencias confirmadas y sanciones vigentes. “Esto representa una violación al derecho de la ciudadanía a presentar impedimentos contra aspirantes que no son idóneos para los cargos, como lo establece el artículo 20 de la Ley de Comisiones de Postulación”, indica.
Con la línea de corte se variaron los punteos, en la Postuladora de la CSJ se estableció un punteo mínimo de 74 y en la Cortes de Apelaciones fue de 64. “Estos puntajes son muy bajos considerando que se trata de un concurso público en el que se busca la excelencia profesional. Además, esto generó un problema práctico en la votación final porque los comisionados debían pronunciarse sobre una gran cantidad de candidatos”, detalla el informe.
Esta situación permitió la elección de 22 personas que recibieron tachas de la población que no fueron admitidas por la comisión; 15 con conflictos de interés, porque fueron comisionados y candidatos al mismo tiempo; 53 con señalamientos en el caso de Comisiones paralelas 2020; y seis con vínculos personales.
El Sistema de Comisiones de Postulación
Uno de los desafíos del proceso, recién finalizado, fue superar los vicios señalados en los procesos de 2014 y 2019 donde se señalaron a Roberto López Villatoro, conocido como el “Rey del tenis” y Gustavo Alejos de amañar las votaciones, sin embargo, no fue posible.
El informe añade que en el actual proceso también hubo vinculación de actores que fueron señalados en los dos anteriores procesos de negociar votos en las Postuladoras y en el Congreso, sin respetar el procedimiento.
“Se identificaron grupos de poder y operadores políticos que buscaban interferir indebidamente en la elección, como el presidente de la Corte de Constitucionalidad, Néster Vásquez; Roberto López Villatoro; el exrector de la Universidad de San Carlos, Estuardo Gálvez, y la misma fiscal general Consuelo Porras”, señala.
La renovación completa de todas las Cortes resulta problemática porque las postuladoras trabajan al mismo tiempo. “Esto limita la posibilidad de realizar una evaluación rigurosa y que se pueda monitorear el trabajo de las comisiones de postulación debido a la gran cantidad de aspirantes”.
La representación de pueblos indígenas
El informe señala que se invisibilizó la participación de profesionales indígenas porque en el formulario de inscripción no se estableció casillas sobre la identidad étnica, a pesar de que la población guatemalteca está integrada por 43.6 por ciento de pueblos Maya, Xinka y Garífuna, según el censo de población de 2018.
Para la CSJ se postularon 353 aspirantes, 230 hombres y 123 mujeres en el que fueron electos ocho hombres y cinco mujeres; para las Cortes de Apelaciones se postularon 1553 aspirantes de ellos 942 hombres (61%), y 611 mujeres (39%), de los cuales fueron electos 156 hombres y 104 mujeres.
Proceso judicializado
La organización señala a Consuelo Porras, fiscal general del Ministerio Público (MP), como responsable de intentar desvirtuar el proceso con amenazas de criminalización, al menos en dos momentos.
El 10 de julio la Fiscalía contra la Corrupción inició una investigación contra un grupo de comisionados que supuestamente se habían reunido con la exfiscal Thelma Aldana en El Salvador. Y el 11 de julio, el Ministerio Público pidió información al rector de la Universidad Rafael Landívar (URL), Miquel Cortés, quien presidió la postuladora de la CSJ sobre las votaciones para la magistrada Flor de María Gálvez Barrios, hermana de un exrector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).
También señala que se presentaron cinco amparos, dos buscaron retrasar el proceso para que las Cortes, electas en 2023, mantuvieran el cargo por cinco años, cuando estas debieron ser electas en 2019. Uno, se presentó contra la nómina de la Corte de Apelaciones y dos promovidas por el diputado José Chic para que se realizara el proceso en el plazo legal.
Aunque en el informe no se incluye, este domingo 13 de octubre, fue detenido el exregistrador de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Ramiro Muñoz, por los delitos de abuso de autoridad con fines electorales e incumplimiento de deberes, por lo que ya no fue juramentado como magistrado de Sala.
Otros informes
La Misión de Observación de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en su informe preliminar, presentado el 18 de septiembre, había señalado de los vicios de la elección de Cortes, por conflictos de interés, criminalización del MP y la poca representación de los pueblos indígenas, señaló en aquella ocasión.
OEA señala que el MP tiene injerencia indebida en elección de Cortes
Las autoridades indígenas señalaron que el proceso de elección de Cortes estuvo marcado por la falta de transparencia en la elección y la limitación de la auditoria social.
“Nos causa aberración y repugnancia las negociaciones que en nombre del pueblo de Guatemala realizaron la mayoría de los diputados para elegir magistrados y magistradas de forma exprés -rápido- y poco transparente, que denota la putrefacción y obsolencia del sistema de elección de Magistrados de las Altas Cortes del Estado”, señalaron en una conferencia de prensa el 9 de octubre, un día despues de la elección de las y los magistrados de las Cortes de Salas de Apelaciones.
Autoridades indígenas señalan falta de transparencia en la elección de Cortes
Posibles salidas al método de elección de Cortes
Impunity Watch planteó cuatro reformas al sistema de elección de cortes: las y los magistrados deben ser seleccionados por medio del sistema de carrera judicial y no ser elegidos por el Congreso; la CSJ se debería dividir en tres grupos para que pueda renovarse por tercios.
En caso de la intervención del Congreso, se debe reglamentar la etapa de elección para garantizar la transparencia del proceso y se deben realizar entrevistas públicas a los (as) candidatos (as) y evitar reuniones privadas. Propone fortalecer el sistema de carrera judicial, el Consejo de la Carrera Judicial, la supervisión de tribunales, la Escuela de Estudios Judiciales y el gobierno judicial para que sean más efectivos.
