La elección de Cortes avanzó en la recepción y evaluación de tachas. Varias organizaciones sociales cuestionaron el procedimiento utilizado por las dos Comisiones de Postulación para rechazar los señalamientos contra jueces, abogados, fiscales y magistrados que han participado en actos de corrupción y criminalización contra personas defensoras de derechos humanos.
Por Alexander Valdéz*
Las Comisiones de Postulación de aspirantes a magistraturas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Salas de Apelaciones no aceptaron los señalamientos realizados contra aspirantes considerados “actores corruptos y antidemocráticos” por el gobierno de Estados Unidos, autoridades indígenas y diversas organizaciones que defienden la democracia.
Los comisionados de Sala de Apelaciones, al igual que como ocurrió el sábado pasado en la de CSJ, rechazaron las tachas que se presentaron contra fiscales, abogados, jueces y magistrados con señalamientos de corrupción.
Como se esperaba, al haberse establecido que únicamente se tomarían en cuenta los cuestionamientos que se trataran de sentencias o procesos administrativos firmes, las tachas que se basaban en publicaciones de prensa, denuncias, procesos o las sanciones internacionales no fueron tomadas en cuenta por los postuladores.
Hasta ahora, la única tacha que se admitió para su trámite y será discutida en una próxima sesión es la interpuesta por autoridades de la Universidad Da Vinci contra Juan Carlos Rodil Quintana, por su vinculación en un caso de falsificación de títulos para dos magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Rodil presentó expediente ante las dos Comisiones de Postulación.
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Las Comisiones, de acuerdo con su reglamento, han ignorado las tachas que presentaron las diferentes organizaciones recordando las acciones antidemocráticas en las cuales han incurrido varios aspirantes.
El artículo 207 de la Constitución Política de la República si hace referencia a característica de la idoneidad. Apunta que entre los requisitos para ser magistrado o juez: “deben ser guatemaltecos de origen, de reconocida honorabilidad, estar en el goce de sus derechos ciudadanos…”.
Siguen en el proceso
Las denuncias que no se tomaron en cuenta fueron las presentadas contra el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche y el esposo de la fiscal general, Consuelo Porras, Gilberto de Jesús Porres.
Tampoco se admitieron para su trámite las denuncias interpuestas contra los jueces Víctor Cruz, Fredy Orellana y Mynor Moto. Además de, Cinthia Monterroso y el magistrado Geisler Pérez.
También las promovidas contra magistrados que fueron señalados en el caso Comisiones Paralelas 2020, sobre la manipulación en la elección de Cortes en 2019 y exmagistrados que emitieron fallos a favor de personas acusadas en casos de corrupción. Varios de ellos no solo tienen señalamientos, sino que están sancionados por corrupción en Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea (UE).
Otra de las tachas que fueron rechazadas fue contra el magistrado Franc Armando Martínez Montt a quien se le señaló por haber emitido opinión a favor de Hugo Zaldaña, en una audiencia militar sentenciado en el caso Molina Thiessen.
Martínez también emitió un falló a favor de Sandra Torres en 2019 contra seis editores de elPeriódico. La excandidata presidencial utilizó la Ley de Femicidio contra los periodistas por publicaciones del medio.
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Las reuniones se retomarán el martes 10 de septiembre previendo que el 11 se haga una revisión de los expedientes que siguen en el proceso y se haga la evaluación acorde a la tabla de gradación.
*Con información de Simón Antonio Ramón
