El 22 de agosto, Rigoberto Juárez y Ermitaño López, autoridades del norte de Huehuetenango, presentaron un amparo contra la intención del Ministerio Público de encarcelarlos por delitos por los que no fueron juzgados en 2016, pues se basa en una aplicación tergiversada de la ley. Esto no es nuevo para ninguno de los acusados ni, en general, para los defensores de la vida, el territorio y, ahora, de la democracia, pero el momento político nos obliga a estar muy atentos a este caso.
Por Santiago Bastos Amigo
Hace 10 años, el territorio Q’anjob’al, también conocido como “Norte de Huehuetenango” estaba siendo objeto de una ola represiva, que entre 2012 y 2020, llevó a cárcel a más de 20 defensores del territorio y autoridades comunitarias. No fue casualidad, era la respuesta del Estado a la resistencia organizada desde muchas comunidades del área para oponerse a la puesta en marcha de al menos tres proyectos hidroeléctricos.
Una tarea fundamental de esos primeros años del gobierno de Otto Pérez Molina era consolidar el modelo energético extractivista que aseguraría la continuidad de las ganancias a las élites históricas y a las emergentes al insertarse en el proceso internacional de despojo de los bienes comunes –agua, subsuelo- de muchas comunidades, indígenas y no indígenas. Las formas desarrolladas para lograrlo se basaban en buena medida en las técnicas represivas utilizadas en los 70 y 80 del siglo pasado: militarización, desaparición y asesinatos de activista y líderes.
Pero en esos años, ya en democracia, también se generalizó el uso represivo de la persecución penal, que había empezado en 2008 con el dirigente q’eqchi’, Ramiro Choc, y que ya presagiaban la situación que hemos vivido en los últimos años con la llamada captura del Estado. El uso espurio e interesado del aparato judicial como forma de anular a quienes se oponían o denunciaban esas formas de acumulación y así asegurarse la impunidad para un enriquecimiento al margen de la ley.
Esto quedó muy claro en el juicio que se llevó a cabo, en julio de 2016, al unificar tres procesos contra siete autoridades y mestizas del territorio Q’anjob’al. La acción independiente, transparente y decidida de la jueza Yassmín Barrios –una de las pocas que resisten con entereza en estos momentos de persecución generalizada- sirvió para absolver a los enjuiciados, entre quienes estaba Rigoberto Juárez y Ermitaño López.
Además, el desarrollo del juicio y la sentencia final dejaron claro el papel que los supuestos prestadores de justicia, en concreto del abogado Pascual Tiu Zapeta, director de Centro de Administración de Justicia (CAJ), de Santa Eulalia, en la tergiversación de los hechos que se juzgaban para lograr una condena que finalmente no se dio. El uso de la mentira y la ocultación fueron tan evidentes que, en su declaración final, la jueza Barrios dijo abiertamente: “Yo le creo, don Rigoberto”. Esta manifestación de apoyo, que conllevaba la liberación de los cargos imputados, implicaba también una condena –“a ustedes no les creo”- a estos supuestos responsables de la justicia en el área, que no sólo incumplieron su tarea, sino que cometieron abiertamente, a la vista de todos los presentes, varios delitos de perjurio. Pese a ello, nunca les pasó nada, no se avanzó en ello y no ha habido castigo alguno contra estas personas.
Ahora hemos sabido que, ese mismo año, el MP apeló la sentencia, en concreto la que condenaba a Rigoberto de seis meses y a Ermitaño a dos años que fueron sobreseídas por el tiempo que ambos habían pasado en prisión preventiva. Y también sabemos que dos años más tarde, la Sala de Apelaciones no sólo aceptó la apelación, sino que de forma totalmente irregular e ilegal, añadió a la acusación inicial nuevos delitos de detención ilegal en contra de ambos, con lo cual la sentencia se elevaría a 7 y 23 años respectivamente de prisión.
Cuando a varios meses de la toma posesión de Bernardo Arévalo como presidente de Guatemala en contra de las maniobras llevadas a cabo precisamente por ese mismo MP, vuelve a aparecer esta acusación, aceptada por Sala de Apelación del Ramo Penal de Mayor Riesgo, no podemos dejar de pensar en el papel importante y muy público que Rigoberto Juárez ha jugado, como parte de las Autoridades Indígenas y Ancestrales de Iximulew, en todas las movilizaciones de los últimos años, que llevaron al Paro Nacional Indefinido que a finales del año pasado puso un alto a las intenciones antidemocráticas del MP y otras instancias.
Como el mismo Rigoberto Juárez explica, las labores de mediación y resolución de conflictos que llevaron a las autoridades comunitarias de varios lugares a involucrarse de forma directa en la defensa del territorio es la que ha hecho que su papel fuera fundamental para la defensa de la legitimidad democrática. El papel que ellos jugaron a nivel local y regional se puede comparar con la labor que la CICIG efectuó en lo nacional: develar y combatir las complicidades y redes de corrupción existentes.
No contamos con elementos para hablar de una venganza o una acción personalizada, pero sí podemos decir que esta nueva persecución revela varios elementos a tener en cuenta en estos momentos en que se renuevan las cúpulas del poder judicial en nuestro país.
Por un lado, el uso de la justicia penal para perseguir a enemigos políticos y a quienes se oponen a la corrupción es algo que –en su versión actual- empezó justo con los defensores del territorio, sobre todo indígenas mayas y xinkas. Los inicios de Prensa Comunitaria, hace más de diez años, están ligados precisamente a la necesidad de dar a conocer esas prácticas. El pacto de corruptos no solo agrupa a políticos interesados en carreteras y otras obras públicas, hunde sus raíces en las relaciones perversas de las empresas extractivas con los niveles locales del aparato de justicia. Todas las personas que a lo largo de al menos dos décadas han utilizado impunemente la ley para intereses conocidos y reconocibles, no sólo están libres, sino que siguen haciendo sus manejos, por encima de la voluntad popular, y ahora están metidos de lleno en la elección de los nuevos magistrados.
Esta detención de Rigoberto Juárez también nos recuerda que, en este nuevo contexto, continúa la lucha de las comunidades por logar que sus territorios queden libres de actividades extractivas. En el territorio Q’anjob’alano del norte de Huehuetenango se logró detener dos de los proyectos que empezaron: el de Q’ambalam en Barillas, Hidro San Luis en Santa Eulalia y el de Pojom en Yichk’isis en San Mateo Ixtatán. Pero en ambos casos, los defensores y autoridades saben que no está todo dicho, que la amenaza sigue latente. Y sigue habiendo en todo el país muchas comunidades defendiendo su territorio que se enfrentan a servidores públicos deshonestos que tergiversan la justicia para servir a intereses ajenos, mostrando la colusión entre Estado y empresariado.
En definitiva, este nuevo paso de criminalización contra dos personas que se opusieron y se oponen abiertamente a la tergiversación y uso perverso de la justicia, la legislación y los derechos consignados en ella, nos recuerda los orígenes del imperio de la impunidad que ahora vivimos, y nos dice que nos estamos ante episodios pasados, ya cerrados. Por ello, nos obliga a poner mucha atención en el desarrollo de todas las acciones del MP, pues la misma institución que acosa a Bernardo Arévalo y al partido Semilla es la que ha logrado volver a poner a Rigoberto Juárez y Ermitaño López en una situación muy precaria, con la amenaza de volver a una prisión en la que nuca debieron estar, pues no han cometido ningún delito.
Y también nos obliga seguir muy de cerca la renovación de la cúpula del poder judicial. Son muy altas las posibilidades de que se asiente este sistema de “impartición” de justicia que se basa en amparar y promover la impunidad. Y ante eso, ya lo estamos viendo, no hay mucha “voluntad popular” demostrada en las urnas que sirva. En esta Guatemala de hoy, ser presidente la república no implica poder regir el país, pese a considerarse un Estado democrático de derecho. Persecuciones como la que nuevamente sufren Rigoberto y Ermitaño buscan asustar, entorpecer y enmudecer las voces de quienes representan el ánimo popular de acabar con la impunidad.
