La Corte de Constitucionalidad rechazó recientemente la suspensión provisional del artículo 14, de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Este impide que el presidente Bernardo Arévalo destituya a la fiscal general Consuelo Porras. Sin embargo, para el abogado Ramón Cadena Rámila, “este no es el fin de la lucha por restablecer el orden constitucional que lleva a cabo el pueblo Mam”.
Por Prensa Comunitaria
La Corte de Constitucionalidad (CC) rechazó por mayoría la suspensión provisional del Artículo 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, decisión que favorece a la fiscal general para no ser removida de su cargo.
En la resolución, se incluye el voto disidente del magistrado Rony López, quien según el abogado Ramón Cadena “debe estudiarse, pues afirma que la acción de suspensión provisional se debió haber dado y que la reforma a la ley orgánica del Ministerio Público adopta una posición extrema. También habla de un agravio constitucional causado día a día”.
A pesar del rechazo a la suspensión provisional, la acción de inconstitucionalidad presentada por el pueblo Mam de San Marcos, a través de sus autoridades ancestrales, sigue vigente. Entre los representantes que han impulsado esta acción se encuentran Feliciano Velásquez Roblero, Suri Dárili Morales Bartolón, Nancy Mariela Velásquez Pérez, Rudy Mazariegos Morales, Obdulio Justiniano Roblero Santizo, Orlando de Jesús Méndez Pérez, Leocadio Valerio Ardeano López, Rolando Crisóstomo López y Fausto Sánchez Roblero.
Para entender los pormenores de esta lucha por restituir la supremacía de la Constitución y suspender ese artículo en la Ley Orgánica del MP, sostuvimos una plática con el abogado y defensor de derechos humamos, Ramón Cadena Rámila, quien elaboró esta acción de inconstitucionalidad que posteriormente fue presentada ante la CC por Francisco Abraham Sandoval Villacorta, Juan Sisimit Morales y Arnoldo Lionel del Cid Chur.
Ahora las autoridades ancestrales se preparan para iniciar los cabildeos con organismos nacionales e internacionales, la siguiente semana brindarán una conferencia de prensa.
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¿Sobre qué trata la reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público?
En 2016, se realizó una reforma a la Ley Orgánica del MP, cuando Thelma Aldana era la fiscal general. Lo que se busca ahora es que se declare la inconstitucionalidad de esa reforma porque va en contra de la Constitución. La reforma cambió la potestad presidencial de destituir a la fiscal, convirtiéndola en una potestad judicial. Esto se menciona claramente en el voto razonado del magistrado Rony López.
¿Cuál es la implicación de la reforma en cuanto a la potestad presidencial?
La Constitución otorga al presidente la facultad de destituir a la fiscal. Sin embargo, la reforma transformó esta potestad presidencial en una potestad judicial, es decir, un juez debe decidir si se cometió un delito o no para que la fiscal pueda ser destituida. El voto razonado de Rony López explica que este cambio afecta el principio de separación de poderes.
¿Quién presentó la acción de inconstitucionalidad y cómo fue el proceso?
La acción fue presentada por autoridades ancestrales del pueblo Mam, no por individuos aislados, esto es muy importante. Estos representantes comunitarios, incluyendo al actual gobernador de San Marcos, Rolando Crisóstomo López, actúan en nombre de su comunidad. A diferencia de otras acciones, la presentada por el pueblo Mam sigue vigente.
¿Por qué sigue vigente esta acción?
La acción sigue vigente porque la Corte de Constitucionalidad aún no ha resuelto el caso en su totalidad. Solo se ha decidido sobre la solicitud de suspensión provisional de la ley, que es una etapa previa. El caso sigue abierto y no se ha avanzado mucho debido a retrasos en la justicia.
¿Cuáles son las próximas etapas del proceso?
Primero, la Corte debe dar trámite a la denuncia y verificar los requisitos formales, lo cual ya se hizo. Luego, la Corte resolvió la petición de suspensión provisional de la ley, que fue rechazada por seis magistrados, aunque Rony López emitió un voto razonado disidente. La siguiente etapa es la audiencia pública, donde el Ministerio Público, el Congreso, el Ejecutivo y las Autoridades Ancestrales presentarán sus argumentos. Finalmente, se dictará sentencia. Estamos en una fase previa y la presión pública será clave.
¿Cuándo se llevará a cabo la audiencia?
Debería ser en 15 días, pero hay retardo malicioso y puede demorar más. Dependiendo de las acciones de los magistrados y la influencia de las comisiones de postulación, esto podría variar.
¿La audiencia será pública?
Sí, los interponentes solicitaron que fuera pública y esperamos que se lleve a cabo de manera pública para asegurar la transparencia.
¿Qué se espera que resuelva la Corte Constitucional en la audiencia?
Se espera que la Corte declare con lugar la acción de inconstitucionalidad, eliminando el artículo de la reforma de la ley del MP. Esto restauraría la facultad presidencial de destituir a la fiscal y defendería el principio de supremacía constitucional.
Existe una apuesta del Movimiento Semilla a lograr una reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público mediante el voto favorable en el Congreso de la República ¿Qué impacto tendría la reforma propuesta por Semilla?
La reforma propuesta por el Movimiento Semilla podría implicar una negociación con diputados para aprobarla. Sin embargo, el presidente Bernardo Arévalo debería haber asumido directamente la responsabilidad de destituir a la fiscal en lugar de defender la reforma. Esta acción de reforma parece más una estrategia para protegerse a sí mismo que una defensa del principio constitucional.
¿Qué papel juega el voto razonado de Rony López?
El voto razonado de Rony López es crucial porque argumenta que la suspensión provisional debió haberse concedido y que la reforma de la ley es extrema y causa un agravio constitucional diario. Su voto podría influir en la reflexión de los otros magistrados y motivar a Bernardo Arévalo a actuar en defensa de la Constitución.
¿Podrían los otros magistrados considerar el voto razonado de Rony López en su resolución final?
Para el momento actual ya no es posible cambiar la decisión sobre la suspensión provisional. Sin embargo, el voto razonado podría llevar a los magistrados a reflexionar y considerar estos argumentos en la resolución final del caso.
¿Qué apoyo a nivel internacional se busca para este caso?
Se planea un cabildeo intenso en el Congreso y en otras instituciones. También es crucial involucrar a la comunidad internacional para que proteja la supremacía constitucional y los derechos humanos. Es sorprendente que la comunidad internacional no haya intervenido antes. Debería condenar unánimemente a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad por esta sentencia, que puede considerarse un delito de prevaricato.
¿Qué consecuencias tendría para los magistrados si la fiscal Consuelo Porras es destituida?
Una vez que Consuelo Porras sea destituida, los magistrados que han actuado en contra de la Constitución deberían enfrentar un proceso judicial. En particular, los magistrados que firmaron la resolución contraria al derecho podrían ser responsables y enfrentar sanciones, mientras que Rony López, con su voto razonado disidente, estaría en una posición diferente.
