La exfiscal general del Ministerio Público y actual directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) considera que se está a tiempo para elegir a los mejores perfiles para ocupar una magistratura en el poder judicial y así abrir el camino para recuperar el sistema de justicia del país.
Por Alexander Valdéz
El proceso de elección para ocupar un lugar en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Salas de Apelaciones está en su parte final. A falta de concluir la evaluación de expedientes y luego integrar las nóminas que se enviarán al Congreso de la República, es cuestión de tiempo para saber quiénes serán las nuevas autoridades del poder judicial.
En la contienda se mantienen nombres de personas involucradas en casos de corrupción y sanciones internacionales en varios países, señalamientos que no fueron tomados en cuenta por las dos postuladoras, bajo el criterio de que no se trataban de sentencias ni procedimientos administrativos firmes.
Rafael Curruchiche, Cinthia Monterroso, Fredy Orellana, Víctor Cruz, Mynor Moto, Lesther Castellanos, Jimi Bremer, Gilberto de Jesús Porres, entre otros funcionarios judiciales, son solo algunas figuras que, pese a sanciones internacionales, se mantienen entre quienes podrían llegar a ocupar una magistratura de la CSJ o de Salas de Apelaciones.
Prensa Comunitaria conversó con la exfiscal general y actual directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Claudia Paz y Paz, quien analiza el trabajo de los comisionados. Destacó el seguimiento que han realizado las autoridades ancestrales, organizaciones de Derechos Humanos y el periodismo independiente.
¿Cómo analiza el proceso de elección de cortes?
En el año 2023 vimos el nivel de cooptación del sistema de justicia en Guatemala. Tanto la fiscal general, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), como la Corte de Constitucionalidad (CC) buscaron suprimir la decisión del pueblo manifestada en las urnas.
Hicieron todo lo que estaba a su alcance a través de procesos penales oscuros. Y eso, creo, evidenció el grado de cooptación del sistema de justicia. La fiscal general incluida en la Lista Engel y sancionada también por más de 40 países, actuó para minar la democracia.
Este proceso de elección de Cortes es una oportunidad para que lleguen las personas más honorables, las que tienen los méritos necesarios y que no lleguen quienes tienen vínculos con actos de corrupción, con el crimen organizado o con redes que procuran impunidad o criminalización. El proceso es, quizás, tan importante como el proceso de elecciones generales del año pasado.
¿Cómo ve la participación de personas con señalamientos de corrupción?
Esas personas definitivamente no pueden integrar las listas. No reúnen el requisito de honorabilidad y ese es un requisito tanto constitucional como de estándar internacional.
Hay personas que están sancionadas por más de 40 países. Me parece que también está el esposo de la fiscal general (Consuelo Porras). Son personas que no deben de integrar las listas. Y aunque se hayan rechazado las tachas, es el momento de que los integrantes de la comisión voten conforme a la ley y los estándares internacionales en esta materia, y elijan a los mejores perfiles en capacidad, honestidad, pero sobre todo, independencia.
¿Qué lecciones podemos aprender de los últimos dos procesos que evidenciaron que hubo un amaño de cortes?
Ahora todos entendemos, con los casos Comisiones Paralelas I y Comisiones Paralelas II, cómo funciona ese tráfico de influencias y cómo hay operadores políticos a quienes conocemos con nombre y apellido.
El actual presidente de la CC, Néster Vásquez, es uno de ellos, y también está incluido en la Lista Engel. Entonces, no hemos logrado como país cambiar esa normativa. Hay problemas que ya se han mencionado, que van desde las “universidades patito” hasta lo que yo decía, “yo te elijo, tú me eliges”, que permiten todo el poder de estas personas ya conocidas, personas que trafican las influencias.
12 magistrados de CSJ buscan reelegirse. ¿Cómo puede interpretarse esa acción?
Hay un conflicto de interés. Los magistrados actuales de la CSJ, 12 de ellos integran la comisión que elige magistrados de salas, no lo digo yo, lo ha dicho el propio presidente de la CSJ. Ellos quieren ser reelectos o están apostando a que no haya elección y simplemente se les prorrogue en el cargo.
Por alguna rara circunstancia piensan que no han cumplido su periodo, pero el plazo es constitucional y se vence en octubre de este año. Entonces, están apostando a la reelección o a que no se dé la elección y por eso obstaculizan de manera sistemática y con muy mala intención.
Primero decían que no se podía sesionar porque había dos decanos que no habían sido integrados, cuando la misma normativa prevé qué hacer en caso de que no estén todos los miembros de la comisión y luego que la Universidad Rafael Landívar no reunía los requisitos para ser la sede.
¿Considera que si se eligen nuevas autoridades de justicia basadas en honorabilidad y que cumplan con los requisitos establecidos en la constitución, se puede retomar ese rumbo que se inició de la lucha contra la corrupción e impunidad?
Creo que sería un paso fundamental para recuperar el sistema de justicia de esas redes de corrupción y redes de impunidad. No lo es todo, pero la CSJ y las Salas de Apelaciones tienen un peso muy fuerte en la decisión de los casos cotidianos; no sólo penales, sino también civiles, de familia, y procesos administrativos.
Son el primer filtro para todos los procesos de amparo. Entonces, no hay que minimizar su importancia, aunque si lo logramos, no todo está cumplido. Quedan otros espacios que siguen con personas que responden a intereses oscuros, a sus propios privilegios, y no al beneficio de toda la población guatemalteca.
Durante su gestión como fiscal general se impulsaron casos emblemáticos de justicia transicional, ¿qué papel juegan las nuevas Cortes en los derechos humanos y la justicia transicional?
El papel de la CSJ y el de las Salas de Apelaciones es crucial. Lo hemos vivido. Ha habido un retroceso sostenido en la liberación de personas que ya habían sido condenadas o que estaban sujetas al proceso.
Un caso paradigmático, lamentablemente, es el caso del Diario Militar, también hubo absoluciones en el caso de las Dos Erres. Hay un esfuerzo de liberar a los condenados en el caso Molina Theissen. Por ese lado, las Salas están actuando en contra de los estándares interamericanos.
En el mismo caso de las Dos Erres, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) nos concedió medidas provisionales porque un juez de primera instancia, de manera absurda, había ordenado que se destruyera toda la prueba. Entonces, hasta el sistema interamericano tiene que intervenir para evitar la impunidad que está siendo procurada por los actuales magistrados de Salas y de la CSJ.
Eso por un lado, pero por el otro, la corte anterior no protegió a los jueces independientes, tramitó procesos de criminalización espurios en su contra, por ejemplo, el juez Miguel Ángel Gálvez o la jueza Erika Aifán. El juez Gálvez tenía a su cargo varios procesos de justicia transicional y los efectos son los que estoy describiendo. La impunidad en estos procesos que ya tienen sentencia interamericana.
¿Se puede pensar que existirá una renovación de cortes en el país?
Aunque no es sencillo, es una batalla de día a día. Estamos en condiciones de que ocurran de acuerdo a la Constitución, a la ley y a los estándares interamericanos. No digo que todo está ganado, pero tampoco está todo perdido, es el momento en que todos sigamos empujando, cada uno desde lo que pueda hacer nacional e internacionalmente, porque es demasiado lo que está en juego.
¿Qué rol considera que debe jugar la ciudadanía en la etapa final de este proceso en el que se va a nominar a determinadas personas para ocupar estos cargos en el poder judicial?
Creo que se tiene que denunciar directamente, las redes sociales son una plataforma para esas denuncias, la prensa independiente también está verificando el desarrollo del proceso.
Me da mucha esperanza ver cómo las autoridades ancestrales se han involucrado exigiendo en momentos claves, por ejemplo, que se reanude el proceso y presentando tachas, aunque desafortunadamente las comisiones no les dieron el tratamiento que merecían.
Hay otras organizaciones como Alianza por las Reformas y el Movimiento Projusticia, que también han hecho una veeduría del proceso. Nosotros, como organizaciones internacionales, hemos hecho una veeduría desde el Observatorio Internacional de Derechos Humanos para Guatemala.
¿Cuál sería el mensaje para la ciudadanía?, pensando que en las próximas semanas podríamos conocer a nuevas autoridades de justicia.
Sus voces son muy importantes, hay muchos que estamos dispuestos a escucharla. Aunque no hayan tomado en cuenta las tachas, sí podemos ponerles nombre y rostro a los actores procorrupción y proimpunidad. Sigan monitoreando el proceso y denuncien aquello que estimen que está ocurriendo al margen de la ley.
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