Los exdiputados Humberto Leonel Sosa Mendoza, Aracely Chavarría Cabrera de Recinos y Ronald Arango, enfrentarán un juicio por el delito de tráfico de influencias en el caso de corrupción dentro del Ministerio de Salud.
Por Alexander Valdéz
En contraste con la resolución de hace unas semanas por la jueza de mayor riesgo “D”, Abelina Cruz Toscano, que dejó en libertad a los presuntos líderes de una estructura criminal que sustrajo fondos del Ministerio de Salud, la Corte de Constitucionalidad (CC) falló en ese caso y ordenó que los exdiputados Humberto Leonel Sosa Mendoza, Aracely Chavarría Cabrera de Recinos y Ronald Arango, sean enviados a juicio.
La CC revocó un amparo que los protegió de enfrentar debate por ese expediente de presunta corrupción conocido como “Asalto al Ministerio de Salud”. El fallo implica que deban enfrentar juicio por el delito de tráfico de influencias.
Los exlegisladores eran parte de un primer grupo de acusados en esa investigación y que fueron enviados a debate, en 2022, pero el juicio no se había iniciado por un amparo que los blindó. “Incumplió su obligación de fundamentar el fallo al omitir analizar y exponer qué medios de convicción daban sustento a la decisión de abrir a juicio, pues era su deber señalar los elementos de investigación que determinaban la probabilidad de demostrar cada proposición asertiva contenida en la acusación”, alegaron.
Sin embargo, la CC determinó que no hubo ninguna irregularidad en el fallo dictado por el Juzgado de Mayor Riesgo “D”, el 24 de octubre de 2022. En ese momento el juzgado no era presidido por Cruz Toscano, quien recientemente benefició a 14 personas, entre ellos los supuestos cabecillas de la organización.
“La autoridad emitió una motivación clara y precisa con la cual explicó que existía fundamento serio sobre la posible existencia de una estructura criminal que operó en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, en donde se podía identificar y encontrar, a su juicio, la participación de los ahora accionantes en los hechos endilgados, lo que hacía procedente el enjuiciamiento de los mismos, apreciándose que lo indicado por el juzgador refutado resulta claro y comprensible, de modo que lo resuelto cumple con lo establecido en la normativa de la materia para la emisión del fallo que se cuestiona, sin que se hubiese incurrido en los agravios que se le atribuyen al acto reclamado”, concluye la CC.
Abelina Cruz benefició a los acusados
A diferencia de la CC, que avala la resolución que consideró la existencia de una posible organización criminal encabezada por exfuncionarios de Estado en el Ministerio de Salud, la jueza Abelina Cruz ha dejado en libertad a personajes como Estuardo Galdámez, Saraí Villavicencio, Roberto Kestler, Luis Fernando Pérez, entre otros trabajadores que fueron acusados en ese proceso.
El pasado 27 de agosto, la actual jueza liberó de cargos a siete acusados, entre los que figuran exdiputados, a quienes la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) los había señalado de ser los líderes de la estructura. Se les acusó de delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias, lavado de dinero, fraude y cohecho pasivo.
Cruz justificó que “no se logró establecer la estructura que operaba de manera externa como lo indica el ente investigador, pues no hay un elemento de convicción que demuestre que existió esa estructura de manera externa”. Un criterio distinto a lo que se valida con el fallo de la CC.
Acá otra nota que puede leer:
Jueza Abelina Cruz definirá futuro del caso Asalto al Ministerio de Salud
Caso sigue en impunidad
En 2019, la FECI y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) expusieron que con el nombramiento del fallecido Jorge Villavicencio Álvarez, como ministro de Salud para el período 2012 a 2014, se inició el funcionamiento de la estructura criminal, quien en conjunto con su hija Cándida Saraí Villavicencio Delgado y el excandidato presidencial Luis Fernando Pérez Martínez y otros, lideraron el nacimiento y puesta en marcha de una organización criminal integrada por más de 50 personas entre funcionarios públicos y particulares.
La pesquisa identificó irregularidades en compras de bienes y servicios, contrataciones de personal y la adquisición de medicamentos. Pero, la estructura supuestamente se concentró en el cobro de comisiones ilícitas por la construcción y remozamiento de hospitales y centros de salud, comisiones ilícitas por la adquisición de bienes y servicios y la contratación de 450 plazas (a través de modalidades de favores políticos, pagos mensuales y plazas fantasmas).
Durante la etapa de apertura a juicio, el MP contará con el análisis de informes policiales de investigación; de análisis criminal y financieros, de la Contraloría General de Cuentas; ocho horas de grabación de conversaciones; 37,211 correos electrónicos analizados; un colaborador eficaz; declaración de dos colaboradores dentro de otros casos y testimonios de personas, quienes por ser funcionarios del Ministerio de Salud conocieron lo ocurrido, contabilizando una investigación con más de 100.000 folios.
En la investigación, el exasesor del ministro de salud, Jorge Estuardo Estévez Cabrera fue colaborador eficaz y aportó documentación, correos y comunicaciones que se tuvieron en su momento para la concertación de los negocios.
Los fiscales que inicialmente tuvieron el caso ya no integran la FECI, algunos de ellos salieron al exilio a raíz de la criminalización de operadores de justicia que conocieron casos de corrupción en Guatemala.
Fiscales en el exilio
Los dos fiscales que tuvieron el caso y habían logrado llevar a juicio a exfuncionarios de Estado, tuvieron que salir al exilio. Primero fueron destituidos por la fiscal general Consuelo Porras y luego obligados a salir del país, ante el riesgo de ser encarcelados.
Por aparte, el colaborador eficaz Jorge Estévez, quien aportó información que permitió confirmar la tesis de investigación de la fiscalía, tiene una orden de captura vigente que fue ordenada por Cruz Toscano. El acuerdo de colaboración también fue revocado.
Jueza ejecuta orden de Sala y anula prueba clave del caso Asalto al Ministerio de Salud
