Créditos: Prensa Comunitaria
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Luis Rabbé fue extraditado de México y enfrentará a la justicia que ya benefició a más de 40 personas, que figuraron como acusadas en la misma investigación que lo mantuvo prófugo de la justicia de Guatemala durante 8 años.

Por Alexander Valdéz

El Ministerio de Gobernación confirmó la entrega del expresidente del Congreso, Luis Rabbé, quien estaba prófugo de la justicia y pendiente de una orden de captura, desde el año 2016, cuando la FECI de Juan Francisco Sandoval y la extinta CICIG develaron el caso conocido como “Plazas Fantasma del Congreso”.

Rabbé estaba en México y pendiente de que ese país ejecutara la orden de extradición solicitada por Guatemala, la cual se retrasó por acciones legales que el acusado presentó ante la justicia mexicana.

Ocho años después, el exfuncionario llega al país y enfrentará un proceso en el que más de 40 personas, entre excolegas diputados y extrabajadores del Legislativo, ya fueron beneficiadas por el sistema judicial del país. De hecho, la semana pasada la Corte de Constitucionalidad (CC) dictó sentencia y confirmó el cierre de esa investigación.

Por ahora, Rabbé conocerá únicamente los motivos de su detención en el Juzgado de Turno Penal. Su defensa aseguró que el caso será conocido en el Juzgado Décimo Penal, que está integrado por Víctor Cruz y Jimi Bremer, ambos con sanciones internacionales por corrupción.

Pero el caso ha estado asignado al Juzgado de Mayor Riesgo “A” con Claudette Domínguez. Al exlegislador se le imputarán los delitos de abuso de autoridad, nombramientos ilegales y cohecho pasivo.

“México me consideró refugiado político. Eso no lo sabían ustedes. Se acreditó que había una persecución política en mi contra. Después de estar litigando en la Sala mexicana me dieron la categoría de “refugiado político” con base en todas las pruebas que mis abogados presentaron ante la judicatura. Estoy acá porque a pesar de eso, la Interpol me detuvo”, dijo el exdiputado en tribunales.

En septiembre de 2022, el Juzgado de Mayor Riesgo “A” resolvió el cierre de ese proceso, beneficiando a todos los acusados. A su criterio no hubo suficientes elementos para sustentar la acusación. Fallo que quedó firme con la reciente sentencia de la máxima corte constitucional.

A su arribo al país, el exdiputado fue custodiado por un fuerte dispositivo policial y estuvo esposado previo y durante su llegada a la Torre de Tribunales.

La investigación

La investigación desarrollada por el MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) establece que los miembros de la Junta Directiva del Congreso de la República en el período 2014 y 2015 realizaron un alto número de contrataciones irregulares.

Se detectó que la contratación irregular de personal para los miembros de la Junta Directiva se convirtió en una práctica habitual y aceptada a pesar de su evidente ilegalidad, no sólo por el completo irrespeto a las formas del proceso de contratación, sino por la no asistencia al trabajo de las personas contratadas en la sede del Congreso, lugar asignado para la prestación del servicio.

En esa investigación a Rabbé se le vinculó, cuando en su calidad de presidente del Congreso autorizó para Junta Directiva un total de 164 plazas, muchas de ellas con toma de posesión retroactiva y sin el perfil idóneo. Además se detectó que algunas de estas personas no asistían a trabajar.

“Autorizó de manera consecutiva solicitudes de contratación por un total de 21 asistentes para la primera vicepresidencia, a cargo del diputado Arístides Crespo Villegas, con salarios de Q15 mil y Q20 mil, siendo que en la mayoría de los casos se trataba de su primera contratación en el Congreso de la República. En la modalidad dos, como presidente de la Junta Directiva del Congreso (2015-2016) autorizó 42 plazas para su beneficio y de otros diputados con salarios de Q7 mil y Q20 mil”, señala el MP.

diapositivas del caso presentado por la CICIG

La justicia los favorece

Un total de 59 personas fueron implicadas en este proceso. Entre los exdiputados señalados se encuentran César Fajardo, Alfredo Rabbé, Julio César López Villatoro, Carlos Enrique López Girón, Carlos Herrera Quezada, Christian Boussinot, Arístides Crespo, Selvin García, Alexander Castillo, Juan Alcázar y Marcelino Chutá.

Pero todos los exdiputados que eran señalados de abuso de autoridad, nombramientos ilegales y peculado por sustracción fueron beneficiados con el cierre de la investigación y no enfrentaron un juicio por esos hechos de corrupción.

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