El vicepresidente de la Asociación de Abogadas, Abogados, Jueces y Fiscales de Derechos Humanos de América Latina y el Caribe, pidió que la fiscal general Consuelo Porras sea expulsada de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos.
Por Alexander Valdéz
Un documento firmado por César Saul Sivo, segundo vicepresidente de la Asociación de Abogadas, Abogados, Jueces y Fiscales de Derechos Humanos de América Latina y el Caribe, da cuenta que se pidió expulsar de esa entidad internacional a la fiscal general del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, a quien consideran que ha frenado la lucha contra la corrupción e impunidad de Guatemala.
Señala que desde el cierre de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en 2019, nuestro país ha sufrido un acelerado deterioro en materia de derechos humanos, Estado de derecho y democracia.
En el memorial también se señala que Porras es una de las principales responsables de la persecución política y ha frenado la lucha contra la corrupción y ha protegido a funcionarios del gobierno del ex presidente Alejandro Giammattei y exfuncionarios de Jimmy Morales acusados de corrupción.
“La fiscal general ha manipulado las investigaciones realizadas por CICIG y FECI (Fiscalía Especial Contra la Impunidad), para favorecer indebidamente a los responsables de actos de gran corrupción que defraudaron millones de quetzales del erario público. A consecuencia de ello, han sido indebidamente absueltos funcionarios públicos notoriamente corruptos, como la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Blanca Stalling, el exministro de comunicaciones acusado en el caso Odebrecht, Alejandro Sinibaldi, el exdiputado y excandidato presidencial Manuel Baldizón (condenado en Estados Unidos por lavado de dinero), y la excandidata presidencial Sandra Torres, entre otros muchos”, indica el memorial.
Por esa razón se pide la expulsión de Consuelo Porras y suspender al MP de Guatemala de toda actividad o participación en la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos. “Ha utilizado el Ministerio Público para tomar represalias en contra de fiscales y jueces que investigaron y procesaron los casos de corrupción del período de la CICIG”, menciona.
Actualmente, la fiscal general de Guatemala está sancionada por acciones “corruptas y antidemocráticas” como las ha calificado el gobierno de los Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá.
Época de Criminalización
En la gestión de Porras, los casos contra jueces, fiscales y periodistas anticorrupción tienen un vínculo en común. Una estructura que opera desde el Ministerio Público y que ha estado detrás de la operativización de los casos que ha llevado a la cárcel o al exilio a varios.
Ese mismo grupo, estuvo apoyado desde el gobierno central en época de Alejandro Giammattei y Jimmy Morales, es la misma que atentó contra el orden constitucional al buscar por todos medios el bloqueo de la participación del partido Movimiento Semilla en el proceso electoral 2023.
La salida de Porras se ve lejana, la única vía que quedaba no avanzó. El Congreso de la República hizo caso omiso a la propuesta del presidente Bernardo Arévalo para reforma la Ley Orgánica del MP y así poder habilitar la destitución de la fiscal general.
Actualmente más de 70 guatemaltecos tuvieron que dejar el país a raíz de la criminalización, otros como Stuardo Campo, Jose Rubén Zamora y Ligia Hernández, continúan encarcelados.
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La estructura que opera contra jueces, fiscales, periodistas y ahora partidos políticos
