La verificación internacional incluye a tres personas: una exfiscal, un periodista y a un acusado de corrupción.
Por Prensa Comunitaria
La Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh) informó que Guatemala se encuentra bajo la vigilancia y supervisión del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y el Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, inhumanos o degradantes; dos mecanismos de protección de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para investigar casos de personas arbitrariamente detenidas en todo el mundo.
El grupo internacional verifica las detenciones de Virginia Laparra, detenida el 23 de febrero de 2022; el caso de Jose Rubén Zamora Marroquín, periodista, fundador y director del extinto diario elPeriódico, quien fue detenido el 29 de julio de 2022, y de Sergio Alfredo Herrera Acevedo, hijo de Gustavo Herrera conocido como “El Gato Herrera”, asilado en Nicaragua y señalado de corrupción en el caso “Fénix”, quien fue detenido el 12 de abril de 2019.
Según la Copadeh, se da seguimiento a esos tres casos en Guatemala declarados como detenciones arbitrarias, Los tres casos solicitan al Estado de Guatemala remediar la situación de privación de libertad de estas personas, conforme los principios establecidos por las normas del derecho internacional de los derechos humanos.
“Una delegación del Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, inhumanos o degradantes, realizó una visita a Guatemala del 8 al 19 de octubre del año 2023; tiempo en el que visitaron prisiones para evaluar las condiciones, prácticas y protocolos que se implementan para resguardar las garantías y derechos fundamentales de las personas. Esta visita le permitió al Subcomité observar las preocupantes condiciones de hacinamiento, urgiendo al Organismo Judicial a tomar medidas inmediatas para reducir la prisión preventiva y la ejecución de la pena”, informó.
Agregaron que el presidente Bernardo Arévalo y la vicepresidente Karin Herrera reconocen la importancia de la fiscalización internacional, en el marco de la observancia del Estado, de la institucionalidad democrática y la situación de los derechos humanos en el país, asumiendo el firme compromiso de ser garante y de cumplir de manera integral, así como oportuna, con todas las recomendaciones y directrices emitidas por los mecanismos de protección de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas.
📢 #Importante| Comunicado: Guatemala bajo fiscalización internacional por detenciones arbitrarias.
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— COPADEH Guatemala (@copadehgt) August 23, 2024
Dos casos de evidente criminalización
Virginia Laparra
Es exjefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI)-Quetzaltenango, actualmente en el exilio, fue detenida un 23 de febrero de 2022, y estuvo en prisión por casi dos años. El Ministerio Público (MP) la acusó de abuso de autoridad, por haber denunciado al exjuez Lesther Castellanos, quien supuestamente habría filtrado información de un caso al abogado Omar Barrios. La sentencia aún no está firme, la defensa presentó un recurso de casación buscando anularla.
Cuando estaba en prisión preventiva, la Fiscalía de Asuntos Internos le anunció un segundo caso, en este proceso se le señaló del delito de revelación de información confidencial. Este caso estuvo asignado al Tribunal Penal de Quetzaltenango, que la sentenció a cuatro años conmutables.
Laparra intentó, sin resultados, enfrentar a la justicia del país. Y se sumó a la larga lista de jueces, fiscales, activistas y periodistas que tomaron la decisión de abandonar Guatemala que enfrenta un contexto de cooptación del sistema judicial.
Jose Rubén Zamora
Un 29 de julio de 2022, el Ministerio Público de Consuelo Porras ejecutó uno de los ataques más graves contra la libertad de prensa en el país. No solo provocó el cierre del medio elPeriódico y el desempleo de más de 200 personas, sino que, además, detuvo a su fundador Jose Rubén Zamora, quien desde entonces permanece recluido en la cárcel Mariscal Zavala.
Son dos procesos penales y tres hechos los que mantienen en prisión al periodista. El comunicador fue detenido, en julio de 2022, por supuestamente ocultar el origen de Q300 mil. Ese dinero le fue incautado en efectivo. El periodista acreditó en documentos que se trataba de un préstamo para pagar el salario del personal de su diario.
En el segundo caso, la FECI acusa al periodista del delito de obstrucción de la justicia. El Ministerio Público los señaló de participar en una presunta conspiración para obstruir una investigación relacionada a dinero posiblemente producto de lavado de dinero, hecho supuestamente ocurrido en 2013, y que fue la razón de la detención.
Además, en este proceso se agregó un tercer hecho, la FECI señaló al periodista Rubén Zamora de “falsificación de sus firmas” en boletas de declaración jurada para salir o entrar del país. Acá, la FECI solicitó un nuevo proceso por el delito de uso de documentos falsificados.
Incluyen a señalado de corrupción
Sergio Alfredo Herrera Acevedo, es hijo de Gustavo Herrera conocido como “El Gato Herrera”, asilado en Nicaragua y señalado de corrupción en el caso “Fénix”, quien fue detenido el 12 de abril de 2019. Fue uno de los operadores en la elección de Cortes de justicia del 2014.
Su aparición en dicho informe sorprende, debido a que ese caso ha sido utilizado para criminalizar a exfiscales y a la exjueza Erika Aifán, quien estuvo a cargo del proceso penal, actualmente en impunidad.
La investigación contra Herrera Acevedo fue develada en septiembre del 2019. La FECI y la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) lo acusaron a él y a otras personas en una estructura con el fin de lavar dinero sustraído de fondos de programas de salud del Instituto Guatemalteco de Seguro Social (IGSS).
Las pesquisas establecen que la organización estaba conformada por personas particulares y empresas que, a través de complejas transferencias bancarias, utilizó el sistema financiero para darle apariencia de legalidad a los recursos sustraídos.
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