En la audiencia universitarios, docentes y trabajadores denunciaron represión por un grupo de representantes ante el Consejo Superior Universitario y del MP, como parte de la estrategia que afecta la libertad de expresión de la comunidad universitaria y la libertad académica. Los peticionarios pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instar al Estado de Guatemala a detener la violencia.
Por Simón Antonio Ramón
En el periodo 190 de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la audiencia temática sobre “Libertad de Expresión y Libertad Académica”, se analizó la criminalización que sufre la comunidad universitaria de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), por parte del Ministerio Público (MP) y de una mayoría en el Consejo Superior Universitario (CSU) de dicha casa de estudios.
El caso de persecución presentado se refiere el expediente denominado por el MP como Toma USAC: Botín Político, el cual fue impulsado para perseguir a las personas que denunciaron el fraude en la elección de rector de la USAC.
“Se solicita al Estado el cese de la persecución penal y administrativa en contra de la comunidad universitaria, así como la restitución de los derechos de las personas expulsadas”, dijo Luis López, estudiante de las carreras de Medicina Veterinaria y Economía.
La denuncia se argumentó con los testimonios de docentes, estudiantes, trabajadores y organizaciones de derechos humanos que, durante 1 hora con 40 minutos denunciaron una serie de violaciones, agravios y acciones que han vulnerado a quienes se oponen a la cooptación de la única universidad estatal del país.
A diferencia del periodo de sesiones anterior, esta vez el Ejecutivo a través de Oswaldo Samayoa comisionado de la Comisión Presidencial para los Derechos Humanos (Copadeh) señaló sus preocupaciones que, coincidieron con los señalamientos de la comunidad universitaria, por su parte la USAC y el MP se dedicaron a deslegitimar las acusaciones a esas dos instituciones.
Patrones de violencia
Neydi Juracán, coordinadora nacional del Comité Campesino del Altiplano (CCDA) y exrepresentante estudiantil de la Facultad de Agronomía ante el Consejo Superior Universitario (CSU), así como la abogada Wendy López, denunciaron un patrón de violencia que sigue una estrategia contra la participación pública de la comunidad universitaria. Hay censura interna, agresiones contra estudiantes y colectivos defensoras y defensores de derechos humanos en la universidad pública y sanciones administrativas, señalaron.
“Existe una estrategia en contra de la participación pública, ataques a la libertad académica y libertad de expresión”, señaló Juracán. Afirmó que se han empleado actos de violencia e intimidación contra voces críticas, “incluyendo agresiones físicas, reglamentos contrarios a estándares internacionales, amenazas de desalojos por grupos paramilitares y comités afines que actuado en la impunidad han agredido a estudiantes y docentes, vulnerando la libertad de expresión”.
La abogada Wendy López de la Unidad de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos para Guatemala (UDEFEGUA), señaló que se han registrado agresiones contra defensoras y defensores de derechos humanos en la USAC. Mencionó la expulsión del estudiante Camilo García que ha generado preocupación en distintas relatorías de las Naciones Unidas. “La estrategia contra la participación pública de la unidad universitaria que se manifestó en contra del fraude incluye persecución a través de los procesos penales, sanciones laborales, sanciones adminsitrativas, expulsión e imposición de multas millonarias”, dijo la abogada.
Señaló que 27 personas están siendo perseguidas penalmente por los delitos de usurpación agravada, depredación del patrimonio cultural, sedición y asociación ilícita desde el 14 de noviembre de 2023 y a nueve se les activó la alerta roja solicitada por la fiscalía ante la Policía Internacional (Interpol, por sus siglas en ingles), ligadas a la persecución penal promovida por la USAC y el MP.
#190PeríodoCIDH 📢 Audiencia sobre libertad de expresión y académica en el caso de criminalización de la USAC
En su participación, el Ministerio Público dijo que las denuncias presentadas contra estudiantes, profesores y trabajadores de la USAC no son porque sean defensores de… pic.twitter.com/Q459XJlIZr
— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) July 9, 2024
La elección fraudulenta de Walter Mazariegos
Neydi Juracán, explicó cómo se cooptaron las instancias universitarias previo a que iniciara el proceso electoral de rector en la USAC. Además, señaló que el CSU excluyó planillas opositoras a la candidatura de Walter Mazariegos Biolis, en la Facultad de Agronomía y en los colegios profesionales.
“Todo esto se realizó con el único fin de beneficiar a electores afines a Walter Mazariegos, esto generó protestas, suspensión temporal de las elecciones. Finalmente, bajo la protección de un amparo provisional se llevó acabo la elección el 14 de mayo de 2022, caracterizada por la violencia y el uso de la fuerza desproporcionada de la Policía Nacional Civil (PNC) y grupos paramilitares contra manifestantes”, dijo durante la audiencia.
También explicó cómo se desarrolló elección con la participación únicamente de 72 de 170 electores quienes votaron por Mazariegos.
Andrea Pochak, relatora sobre Movilidad Humana de la Comision Internamericana de Derechos Humanos (CIDH), pidió a las autoridades guatemaltecas “que no exista ningún tipo de represalia a estudiantes y personas criminalizadas por haber dado su testimonio durante la audiencia realizada este martes 9 de julio”.
Por su parte Pedro Vaca, de la relatoría especial de Libertad de Expresión, dijo que se queda con muchas preguntas. ¿Se está criminalizando la protesta estudiantil o se están investigando delitos?, preguntó. Cuestionó además una afirmación del Ministerio Público que comparó la resistencia estudiantil con un robo. “El ejemplo que planteó el Ministerio Público de que alguien ingresa en una casa sin permiso y se roba un equipo de trabajo no es equiparable con la conversación de la audiencia”, señaló el relator.
Vaca pidió a la CIDH que se valore las medidas cautelares que se han solicitado a favor de la comunidad universitaria y que en su momento se extienda a otros estudiantes.
Comisionados de la CIDH y peticionarios coincidieron en que se está instrumentalizando a la fiscalía y la autonomía universitaria para criminalizar a quienes disienten de un grupo de autoridades poco legitimas al interior de la universidad y que, además coinciden con la perdida de legitimidad del ente investigador.
