Por Prensa Comunitaria
La sentencia condenatoria contra la exfiscal anticorrupción Lilian Virginia Laparra Rivas abre un precedente alarmante contra la libertad de expresión y la libertad de prensa. La acusación contra la exfiscal, por supuestamente filtrar información reservada en un caso de 2017, tiene su origen en una denuncia presentada por Lesther Castellanos Rodas, cuando era juez de mayor riesgo de Quetzaltenango y en el que se utilizó como una de las pruebas una publicación periodística.
Este proceso es considerado por la misma Laparra como como una venganza en su contra. Con su labor tocó estructuras de corrupción e impunidad en distintas instituciones en esa región del occidente del país y no cedió a las amenazas que le hacían llegar quienes como el juez exjuez Lesther Castellanos la señalaron.
La fiscalía, operando bajo un sistema de cooptación y de persecución sistemática contra operadores de justicia independientes, utilizó una publicación de una periodista quetzalteca para retorcer un proceso penal y así criminalizar, encarcelar y castigar a Virginia Laparra. Al hacerlo, puso en riesgo a la periodista y violentó el ejercicio periodístico.
En este caso, una de las corresponsales de Prensa Comunitaria, que cubría el caso, estuvo bajo vigilancia, con presencia de agentes uniformados de la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos (Dipafront) frente a su casa, cuando la frontera más cercana está a 132 kilómetros de la ciudad de Quetzaltenango.
Este tipo de procesos en los que el Ministerio Público (MP) utiliza una publicación periodística, supone acciones que pisotean la función de los medios de comunicación y generan condiciones de censura y censura previa para la labor periodística en el acceso a las fuentes de información y en la interlocución con actores sociales. Hechos que son reprochables en un país que busca rescatar la democrática.
La criminalización de Virginia Laparra y el uso indebido del derecho penal para perseguir a fiscales independientes son parte del patrón por el que el MP y el sistema de justicia profundizan los procesos de cooptación de la institucionalidad de parte de redes de corrupción.
El castigo ejemplar que buscan estas redes de ilícitas contra Virginia Laparra debe poner en alerta a la sociedad en general, porque evidencia la impunidad que se procuran las Redes Políticas Económicas Ilícitas (RPEI) incrustadas en el sistema de justicia guatemalteco, vulnerando el acceso a la justicia, la libertad de expresión, la libertad de prensa y otras libertades.
El caso de la periodista citada en la causa de Laparra no es el primero en el que el MP de Consuelo Porras, busca perjudicar a la prensa independiente. En uno de los tres casos en contra del fundador de elPeriódico, Jose Rubén Zamora, acusó a seis periodistas y a tres columnistas. Como consecuencia, su presidente cumplió más de 700 días en prisión y los periodistas un tiempo similar en el exilio.
En el caso conocido como Usac: Botín Político, el MP pretendió que la red social X (antes Twitter) le brindara información de Prensa Comunitaria, La Hora y otros medios. Fue un caso usado para buscar desaforar al presidente Bernardo Arévalo y a la vicepresidenta Karin Herrera, y por el que hay estudiantes universitarios en el exilio, así como docentes y trabajadores con persecución penal.
En la injusta condena de Virginia Laparra, los actores que se sentaron en la barra acusadora están señalados internacionalmente en la Lista Engel, de actores corruptos y antidemocráticos, del Departamento de Estado, de Estados Unidos, por socavar “procesos o instituciones democráticas al tomar represalias contra un fiscal anticorrupción”.
La libertad de prensa no es un derecho del que los actores corruptos deberían poder valerse para criminalizar a quienes se dedican al periodismo. Cada día adquiere mayor relevancia la necesidad de cerrar espacios a quienes tienen cooptado el sistema de justicia, expresado más recientemente en el proceso de elección de altas cortes. De lo contrario seguiremos presenciando el peso un sistema al servicio de las mafias, como el caso de Virginia Laparra y otros operadores de justicia, y a más periodistas independientes en el exilio o en prisión como Jose Rubén Zamora.
Limpiar las cloacas de la justicia no es solo necesario para la gobernabilidad del país, también lo es para lograr una salud democrática que solamente se asegura con una prensa independiente.
