Las bancadas Vamos, UNE, Valor y los “aliados” del gobierno aprobaron las reformas a la Ley Temporal de Desarrollo Integral. El Decreto 14-2024 obliga al gobierno a buscar fondos para pagar Q36 mil a cada uno, y además, a incrementar la lista de beneficiarios.
Por Isela Espinoza
El jueves 4 de julio, el Congreso aprobó con 102 votos el decreto 14-2024 que reforma la Ley Temporal de Desarrollo Integral que tiene como objetivo la creación, implementación y ejecución de proyectos ambientales con la participación de “personal de tropa” que prestó servicio militar durante el conflicto armado interno (1960-1996).
Ni los llamados del Gobierno para aprobar una reforma a la Ley del Ministerio Público para lograr la destitución de la fiscal general o la ratificación de los estados de calamidad por emergencias ha logrado reunir esa cantidad de votos. Este jueves, 102 diputados votaron sin titubear para obligar al Ejecutivo a pagarle a los veteranos militares y a dar un plazo para que se aumente el número de beneficiados. El apoyo provino de diputados de bancadas opositoras, pero también fue respaldado por los bloques que se denominan “aliados” a la administración de Bernardo Arévalo.
La discusión sobre el pago
La Ley fue creada con el decreto 51-2022, a través la iniciativa 6231, presentada por la expresidenta del Congreso y aliada del expresidente Alejandro Giammattei, Shirley Rivera, en la que propuso aprobar reformas a esa primera propuesta que le dio vida.
En la discusión del pleno, el momento se volvió tenso cuando veteranos militares abuchearon a diputados que votaron en contra de las reformas, que argumentaron que esta ley se utilizó con un fin político en beneficio de Giammattei. Según la diputada de Semilla, Brenda Mejía, “nadie está diciendo que no se les deba dignificar, el problema es que desde que se creó la ley nació muerta, sin una fuente de financiamiento”.
En tanto, los diputados aliados de la oposición se sumaron con el discurso de que el Gobierno no ha ejecutado el presupuesto asignado. Sandra Jovel, del partido Valor de Zury Ríos y canciller durante el gobierno de Jimmy Morales, calificó a los exmilitares de “héroes” al momento de razonar su voto a favor. “Dense cuenta cómo los quieren manipular pidiendo una ampliación presupuestaria cuando no han podido ejecutar ni el 39% de lo que tienen asignado”, afirmó.
En tanto, Luis Ventura, también de Semilla, dijo que la población “no debe conformarse con migajas llamadas bonos. Los bonos solo han sido migajas que la corrupción ha entregado”, agregó.
Sin embargo, la iniciativa de ley fue aprobada con 102 votos por los legisladores de Vamos, UNE, CABAL, Valor, Viva, Creo, Todos, Nosotros, Cambio, Victoria, VOS y Azul.
Ahora el decreto 14-2024 incluye la extensión del plazo de 30 a 45 días para la inscripción de veteranos militares y un nuevo artículo que permite ampliar el presupuesto del ejercicio fiscal vigente, por el monto necesario, para financiar lo establecido en el Decreto 51-2022 con fondos provenientes de saldos de caja. De esta forma, “garantizar los fondos para el pago atrasado a los primeros beneficiado”, según el portal web del Legislativo.
Esta ha sido una de las demandas que han provocado protestas por parte de los veteranos militares, que acusan al gobierno de Bernardo Arévalo de no efectuar el pago de los últimos tres meses. “Nos dicen (los exmilitares) que tenemos que cumplir algo que ellos (la oposición) no han cumplido con anterioridad. Esta, otras leyes y programas hoy no fueran difíciles de cumplir por todas las deudas de arrastre de toda la corrupción que nos dejaron los gobiernos anteriores”, añadió la diputada Mejía.
Las carteras encargadas de ejecutar la Ley Temporal de Desarrollo Integral son: los ministerios de Desarrollo Social (Mides), quien recibe las solicitudes de los interesados y de realizar los pagos; de la Defensa, encargado de elaborar y certificar los listados de beneficiados y el de Ambiente y Recursos Naturales que creará e implementará los programas ambientales.
El artículo 7 señala que el Programa desembolsará Q36,000 para cada beneficiario, el cual se ejecutará en un periodo de tres años con una asignación mensual de Q1,000 “por su participación activa”. Según un padrón divulgado en la página web del MIDES, actualmente se tiene registrado a 38,388 militares de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chimaltenango, El Progreso, Escuintla, Guatemala, Huehuetenango, Izabal, Jalapa, Jutiapa, Petén, Quetzaltenango, Quiché, Retalhuleu, Sacatepéquez, San Marcos, Santa Rosa, Sololá, Suchitepéquez, Totonicapán y Zacapa.
Según el diputado de VALOR, Elmer Palencia, con la reforma más de 60 mil veteranos podrían ser beneficiados. Por aparte, Byron Rodríguez, de Todos, enfatizó en su intervención que esta reforma “no tiene tintes políticos. Este es el clamor de un sector específico”.
En marzo de este año, a través de un acuerdo ministerial de presupuesto el Ministerio de Finanzas Públicas autorizó una modificación presupuestaria a los egresos del MIDES por Q88,200,000, “con el propósito de programar asignaciones para realizar transferencias a favor de personas beneficiadas con la Ley Temporal de Desarrollo Integral”, se lee en el documento con número 035-2024. El 22 de marzo, el ministro Abelardo Pinto confirmó el traslado de los fondos para pagar los meses de enero y febrero.
Un programa impulsado por Portillo
En 2012, Plaza Pública señaló en un reportaje titulado “Los últimos árboles de los Ex PAC (que costaron Q2 mil millones)”, que este tipo de incentivos surgió durante el gobierno de Alfonso Portillo (2000-2004) cuando en el segundo año de su gestión propuso aportes a quienes participaron en el ejército durante el conflicto armado.
Fue así como el gobierno aprobó los acuerdos gubernativos 228-2003 y su modificación 556-2003, que regularon el primer pago de Q1700 para 517 mil patrulleros. Pero estos fueron declarados nulos por desconocerse la procedencia del dinero.
En 2005, el entonces presidente Óscar Berger creo el proyecto de reforestación Bosques y Agua para la Concordia el cual consistía en plantar árboles en terrenos comunales, municipales y estatales, así como cuidar las fuentes de agua y naturaleza y garantizaba un desembolso a los Expatrulleros de Autodefensa Civil (Ex PAC). El fideicomiso estuvo administrado por el Crédito Hipotecario Nacional (CHN) y los programas eran ejecutados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAGA).
El reportaje revela que el programa de Berger requirió 40 millones de árboles, que habrían supuesto la reforestación de 36,036 hectáreas a nivel nacional, pero la mayor parte los árboles sembrados por los patrulleros se perdió por falta de cuidado. “El problema de este programa es que fue un asunto político”, dijeron varias fuentes en el reportaje.
