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Créditos: Prensa Comunitaria
Tiempo de lectura: 3 minutos

 

En una audiencia unilateral el MP hizo una corrección a la orden de detención que pidió contra el ex Procurador de los Derechos Humanos, por el caso USAC. Ocho meses después, el fiscal Saúl Sánchez reconoció que pidió la detención de una persona ajena al caso.

Por Prensa Comunitaria

En una grabación de la audiencia unilateral, del pasado 28 junio, el Ministerio Público (MP) reconoció, ocho meses después, que cometió un “error” en la solicitud de orden de detención contra el exprocurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, dentro del caso que se sigue contra la resistencia universitaria que se opuso a la imposición de Walter Mazariegos como rector de la USAC.

El audio, al que tuvo acceso Prensa Comunitaria, confirma que el fiscal Saúl Sánchez hace ver que se equivocó en el número de documento de identificación del exprocurador y contra quien se pidió y autorizó la orden de captura era una persona ajena al proceso.

“Al revisar el MP los datos que consignó a su persona, verificó que en el número 19 aparece una persona la cual al cotejar con su documento de identificación, al comparar el CUI o el documento personal de identificación con el que se giró la orden de aprehensión (…) es decir, se giró una orden de aprehensión con un DPI de una persona extraña al nombre que consignó el MP en su momento”, declaró el fiscal al juez.

A raíz de la equivocación del MP y que otra persona no vinculada al caso tuviera orden de captura, el fiscal pidió anular todo lo actuado en relación a Rodas, y una nueva orden de detención. “Que se gire la orden de aprehensión contra la persona que realmente el MP requirió en su momento”, solicitó.

Además, en la audiencia reiteró la petición de rebeldía contra el exprocurador, que actualmente está en el exilio a raíz de la criminalización que su sucesor Alejandro Córdova y el MP de Consuelo Porras dirigieron en su contra.

Debido a que se anuló todo lo anterior, la rebeldía y las peticiones de alertas migratorias dirigidas contra Rodas, pero con un documento de una persona ajena al caso, quedarían sin vigencia.

Rodas denunció nuevo intento de allanamiento

El pasado martes, el exprocurador de los Derechos Humanos alertó sobre una intención del MP de realizar nuevas diligencias de allanamiento en su residencia por el caso “USAC Botín Político”.

“Tuve conocimiento que el Ministerio Público ha solicitado, nuevamente, orden de allanamiento para ingresar a mi residencia la cual no habito desde hace dos años por ser de público conocimiento que me encuentro en el exilio. La supuesta “nueva” orden de allanamiento fue requerida porque el Ministerio Público cometió errores en la primera solicitud realizada el 14 de noviembre del 2023, dentro del caso denominado “USAC Botín Político”.  Hago un llamado a los miembros de la CIDH que se encuentran en Guatemala, al Procurador General de la Nación, a COPADEH y a la PDH para que se garantice el debido proceso y no se vulneren mis derechos y los de mi familia”, escribió.

Una venganza contra la resistencia

A Jordán Rodas, el MP lo persigue por sus publicaciones en redes sociales y por haber participado como candidato a dirigir la USAC y haberse postulado como candidato a la vicepresidencia del partido Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP).

El Ministerio Público criminaliza a la comunidad universitaria por rechazar un acto ilegal como fue la elección de rector, al mismo tiempo que el caso es usado para implicar a varios diputados y al binomio presidencial electo, todos pertenecientes al partido Semilla.

Se han desarrollado audiencias de primera declaración contra estudiantes, profesionales y personal de la USAC. No todos han sido ligados a proceso penal, debido a que el juez no ha encontrado indicios para iniciar una investigación penal.

El 16 de noviembre de 2023, el MP y la Policía Nacional Civil (PNC) allanaron las casas de varios profesores, estudiantes y personal administrativo y de servicios de la USAC. Se llevaron detenidos al decano de la Facultad de Veterinaria, Rodolfo Chang; al profesor e investigador, Eduardo Velásquez; al estudiante, en Física Aplicada, Javier de León Gómez; al profesor, Alfredo Beber; a la excandidata a diputada por el partido Movimiento Semilla, Marcela Blanco; y posteriormente, al sindicalista y trabajador de la Universidad, Martín Jorge Macario, entre otros.

Fue un listado de 27 personas con órdenes de detención cuyas denuncias penales se promovieron desde la propia Universidad y firmadas por Walter Mazariegos. Los señalados fueron procesados en diferentes grupos, pudiendo salir de prisión con medidas sustitutivas.

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