Por: Juan Pablo Muñoz, Coordinador Alianza por las Reformas
La sociedad guatemalteca clama justicia. Está cansada de las mafias que en los últimos años han cooptado las instituciones democráticas (incluyendo universidades, colegios profesionales y cortes) para favorecer al crimen organizado, la gran corrupción y la impunidad estructural. Exige gente honesta en las altas magistraturas que examine los hechos con base en el derecho, para que se condene a quienes infringen la ley y no se criminalice a quienes defienden los derechos individuales y colectivos de la población. Quiere recuperar la confianza en las instituciones públicas, requisito indispensable para construir un país seguro, pacífico, digno y próspero para todas y todos.
Por disposición constitucional, este 13 de octubre de 2024 deben asumir las y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las Salas de la Corte de Apelaciones para el periodo 2024 – 2029. Dichas cortes deben quedar integradas con las personas más capaces, idóneas e íntegras para garantizar a la ciudadanía el derecho humano a una justicia independiente, objetiva e imparcial.
Tanto las Comisiones de Postulación como el Congreso de la República deben actuar con absoluta transparencia y publicidad, libres de cualquier tipo de presiones indebidas y sin amenazas por parte de poderes fácticos, paralelos u oscuros. Además, deben incorporar los más altos estándares nacionales e internacionales en materia de acceso a la justicia e independencia judicial; definir los perfiles académicos, profesionales, éticos y humanos ideales para el ejercicio de la magistratura y dejar claros los criterios técnicos más apropiados para evaluar los conocimientos y la experiencia de las y los postulantes.
En definitiva, tienen la obligación de convertir este proceso en un verdadero concurso de méritos, para que las abogadas y abogados más capaces y comprometidos con la democracia y los derechos humanos tengan mayores oportunidades de ser electas; y para que queden descartados quienes tienen nexos con las redes político-económicas ilegales que por años han dominado la política del país.
En este proceso se debe favorecer y privilegiar la participación justa y equitativa de las y los jueces que a lo largo de su carrera han demostrado excelencia en la motivación de sus resoluciones, así como independencia e integridad. También se debe promover ampliamente la participación de profesionales mujeres e indígenas, para alcanzar una administración de justicia representativa y plural.
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La Alianza por las Reformas es una articulación de 35 organizaciones de la sociedad civil especializadas en Justicia y Derechos Humanos. Tiene el compromiso de acompañar el proceso de relevo de cortes con insumos técnico-jurídicos relevantes y material comunicativo de calidad para que las y los ciudadanos, especialmente las y los jóvenes, se interesen e involucren en la elección de magistradas y magistrados, porque de ello depende la posibilidad de que este país les ofrezca mejores condiciones para vivir.
