El fiscal Saúl Sánchez mintió al señalar que la Interpol ya había activado la alerta roja contra nueve personas sindicadas en el caso Toma USAC: Botín Político, varios de ellos universitarios en el exilio.
Por Prensa Comunitaria
En una nueva ofensiva contra estudiantes, docentes y profesionales que denunciaron el fraude en la elección a rector de la USAC, el Ministerio Público solicitó a la Interpol el pasado 16 de junio la activación de la alerta roja contra nueve personas que han sido vinculadas en el caso Toma USAC: Botín Político. No conforme con esto, dos días después, el 18 de junio, el fiscal Saúl Sánchez aseguró que la solicitud ya había sido aceptada y que la alerta ya estaba activada.
Sin embargo, Prensa Comunitaria pudo constatar que Sánchez mintió ya que la Interpol no ha activado las alertas solicitadas contra las nueve personas que están en el exilio a quienes, el MP perfiló como “violentas, armadas, peligrosas, quienes pueden darse a la fuga y de tener contactos con ONG internacionales y con el Estado de Guatemala”.
Entre los señalados en el caso se encuentran el exprocurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade; el abogado internacionalista Ramón Cadena; los estudiantes universitarios Camilo García Flores, Diego Plutarco De León, Eduardo Arriola, Pedro Ros y Cristopher Morales; el docente y músico Gad Echeverría, y la sindicalista Patricia Marroquín.
Sánchez aseguró el 18 de junio que la Fiscalía del Ministerio Público en Sacatepéquez les había informado por escrito que, las alertas ya estaban activadas. “Dado que la Policía Nacional Civil de Guatemala no ha encontrado ni buscado a estas personas, hemos acudido a Interpol para que proceda como corresponde”, afirmó durante una declaración a medios de comunicación.
De forma contradictoria, al revisar el registro de personas buscadas en el portal de Interpol, se constató que ninguna de las personas señaladas por la Fiscalía aparece en el listado. Cuando la Secretaría General de Interpol Francia aprueba las notificaciones, estas tienen validez de cinco años a partir de la fecha de su publicación.
Además, Prensa Comunitaria verificó que la comunicación a la que se refería el fiscal Sánchez se trataba de un procedimiento nacional del Ministerio de Gobernación, el cual confirmó que había gestionado la solicitud del MP a la Interpol.
Esta no es la primera vez que el Ministerio Público intenta activar la persecución internacional, anteriormente ya lo ha solicitado contra exfiscales anticorrupción y jueces de alto impacto criminalizados y que, han tenido que salir al exilio ante el hostigamiento y amenazas.
Ninguna solicitud ha sido aceptada por la Interpol e incluso el mismo ente internacional ha solicitado al MP abstenerse de pedir la activación de alertas contra personas por motivos políticos.
Sobre los procedimientos a seguir en torno a la solicitud hecha a la Interpol, consultamos al exjefe de Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, una de las personas perseguidas por el MP y contra quien han solicitado activar la alerta roja tras su exilio.
“Lo realizado por Gobernación fue la gestión que a ellos les correspondía. Sin embargo, la notación de difusiones rojas está supeditada al cumplimiento de ciertos requisitos jurídicos. En primer lugar, la Interpol no puede introducir en su base de datos difusiones que revistan carácter político, militar, religioso o racial, porque eso contraviene el artículo 3 del estatuto de la organización. En ese sentido, la secretaría de Interpol debe analizar si el petitorio de la autoridad guatemalteca se encuadra en alguna de esas características.”
Sobre las respuestas anteriores dadas por la Interpol en las cuales ha denegado la activación de alertas rojas contra algunos operadores de justicia de Guatemala, Sandoval comentó que:
“Existen antecedentes recientes; de hecho, yo estoy involucrado en uno de esos casos. El MP, con afán de estigmatizar y utilizar los medios de comunicación para avergonzar a quienes considera enemigos, anunció que me buscarían con todas las policías del mundo. Sin embargo, tengo un correo de hace unos años donde Interpol indicó que no anotaría la solicitud gestionada por la fiscalía guatemalteca porque era un claro caso de persecución política. Meses después, ocurrió la misma situación con la exfuncionaria de la CICIG, Leily Santizo.”
Puedes leer más al respecto en el siguiente enlace:
Interpol pide a FECI abstenerse de pedir alertas rojas contra fiscales anticorrupción
En cuanto al tiempo estimado para que Interpol responda, Sandoval indicó:
“El plazo perentorio para realizar la gestión es de 72 horas. Ahora debemos esperar que Interpol analice la solicitud y que los nueve afectados presenten sus argumentos ante la oficina de Interpol para demostrar que la petición responde a un criterio de persecución política y, por ende, incumple el artículo 3 del estatuto de Interpol.”
Sobre la Gestión del Ministerio de Gobernación
La intervención del Ministerio de Gobernación ha sido cuestionada en estos casos. “Ellos únicamente constituyen un vehículo de intermediación en el marco del convenio de Interpol. Sin embargo, cuando nosotros como FECI realizamos peticiones contra actores corruptos con suficiente sustento probatorio, las autoridades de Gobernación nos ponían peros y trabas por un punto o una coma. Me llama mucho la atención que ahora se haya gestionado esto con tanta agilidad, considerando que se supone vivimos en nuevos tiempos donde se debería tener un criterio de depuración más eficiente.”
