Gustavo Alejos logra librarse de otro de los juicios que tenía pendientes con la justicia guatemalteca. La Sala Primera de Mayor Riesgo confirmó la resolución de la jueza de mayor riesgo “D”, Abelina Cruz Toscano, quien el pasado 12 de febrero, resolvió a favor de Alejos, su esposa Beatriz Cruz Toscano, y ordenó el cierre de la investigación, en la que figuraba como acusado de cinco delitos.
Por Alexander Valdéz
El Ministerio Público (MP) confirmó que la Sala Primera de Mayor Riesgo rechazó el recurso de apelación que presentó la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y confirmó el cierre del caso en favor del empresario Gustavo Alejos, su esposa Beatriz Janza Bianchi y el abogado Rafael Escobar Pereira, los tres vinculados al caso conocido como “Red de Poder, Corrupción y Lavado de Dinero”.
Con esa resolución, se confirmó la decisión de la jueza de mayor riesgo “D”, Abelina Cruz Toscano, quien el pasado 12 de febrero, resolvió a favor de Alejos, y ordenó el cierre de la investigación, en la que figuraba como acusado de cinco delitos.
Cruz Toscano, quien recién se integró a ese juzgado, fue la que inicialmente decidió que no enfrente juicio por los delitos de lavado de dinero, asociación ilícita, evasión, cohecho pasivo y defraudación tributaria. Pese a los medios de investigación recabados por el Ministerio Público (MP), en 2021.
Además, se confirma que Beatriz Jansa Bianchi la esposa de Alejos, y el abogado Rafael Escobar Pereira, no enfrentarán un debate oral y público por los delitos de lavado de dinero u otros activos.
El MP en sus redes sociales aseguró que impugnará la decisión de la Sala. “La Fiscalía Especial contra la Impunidad presentará recurso de casación luego que fue notificada que la Sala Primera del Ramo Penal de Mayor Riesgo resolvió no acoger el recurso de apelación promovido ante la resolución”, escribió en su red social X.
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— MP de Guatemala (@MPguatemala) April 2, 2024
El fallo favorable para los acusados se dictó en un mes, un tiempo poco común con otros casos de esa magnitud y en donde los magistrados deben analizar los argumentos del MP y la resolución emitida por la jueza.
Además, se emite a pocas semanas que inicie la convocatoria para las elecciones de magistrados de Sala y Corte Suprema de Justicia (CSJ), proceso donde Alejos fue señalado de ser un operador para poner a los actuales funcionarios judiciales.
Impunidad a la vista
En 2021, la investigación de la FECI y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) evidenció cómo contratistas del Estado, particularmente de la construcción, concertaron con funcionarios de gobierno el pago de coimas para acceder a cuantiosos contratos o tener prelación en el pago de deudas. En esta causa se expuso el uso de mecanismos sofisticados para el lavado de dinero proveniente de hechos de corrupción en la contratación de obra pública.
“Con el fin de ocultar el origen de los recursos, y darles apariencia de legalidad, y en asocio con otros miembros de la red, utilizó sociedades fuera de plaza (off shore) con sede en Belice y Panamá. Luego, a través de dichas entidades, celebró y/o autorizó distintos contratos de préstamo ficticios y compraventa de acciones de sociedades a través de las cuales adquirió varios apartamentos en el edificio Casa Margarita. Posteriormente, con el fin de mantener-obtener favores y beneficios, les entregó a funcionarios del gobierno entrante (Partido Patriota), casas y apartamentos por medio de una serie de sociedades y contratos falsos. La investigación determinó que también realizó transferencias a personajes públicos de alto perfil que se beneficiaron de las comisiones ilícitas”, indicó el MP.
Una condena y otros casos de corrupción
El 15 de junio del año pasado, el Tribunal Undécimo de Sentencia Penal, condenó por la vía de aceptación de cargos, al empresario farmacéutico Gustavo Alejos y a otras cuatro personas que reconocieron ser culpables en delitos de corrupción del caso denominado IGSS Negociantes de la Salud.
Alejos Cámbara aceptó haber cometido los delitos de cohecho activo, tráfico de influencias y asociación ilícita. Por esos delitos, los jueces lo condenaron a una pena mínima de ocho años y ocho meses de cárcel, más una multa de Q33 mil.
Al igual que Alejos, también aceptaron cargos y fueron condenados: Alejandro Enrique Toledo Paz, exdirector del Hospital Roosevelt, por asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho pasivo; y Juan Pablo Muralles Morán, empresario del sector salud, acusado de asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho pasivo. El exsecretario de la presidencia también enfrenta otros casos de corrupción.
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