En un largo camino que llevó siete años a las familias de las víctimas, el Tribunal Séptimo inicio el juicio contra ocho personas, entre ellas las exautoridades de la Secretaría de Bienestar Social (SBS), que figuran como acusadas en los hechos ocurridos en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, en marzo de 2017.
Por Alexander Valdéz
A siete años de la tragedia en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción y que dejó 41 niñas muertas y 15 heridas con graves lesiones en el cuerpo, inició la etapa final de un proceso de búsqueda de justicia para las familias de las víctimas de ese incendio.
Este miércoles, luego de más de 11 suspensiones, el Tribunal Séptimo de Sentencia inició el juicio contra ocho personas acusadas de tener responsabilidad en los hechos ocurridos el 8 de marzo de 2017.
Al tribunal comparecen como acusados, Carlos Rodas, exsecretario de Bienestar Social; Anahy Keller, exsubsecretaria de Protección; Santos Torres Ramírez, exdirector del Hogar Seguro; Harold Flores, jefe de la Procuraduría de Menores de la Procuraduría General de la Nación; Luis Pérez Borja, exjefe de operaciones de la Policía Nacional Civil (PNC); Gloria Castro, exdefensora de la niñez de la Procuraduría de los Derechos Humanos; Brenda Chamán, exjefa del departamento de protección especial contra el maltrato de la SBS; y Lucinda Marroquín, exsubinspectora de la PNC.
En la primera audiencia del debate, la Fiscalía de Femicidio hizo sus argumentos iniciales, describió la vinculación que tiene cada una de las personas en el proceso, y por qué, se les señala de diferentes delitos, entre estos, homicidio culposo, incumplimiento de deberes, maltrato, lesiones culposas y abuso de autoridad.
“En forma conjunta dispusieron en lugar donde encerraron a las adolescentes, por lo que el señor, Carlos Antonio Rodas, abusando de su cargo, permitió que personal de la PNC bajo el mando y órdenes del subcomisario Armando Pérez Borja, ingresara a las instalaciones del Hogar Seguro. Permitió que fuera la PNC que se hiciera cargo del sometimiento, ingreso, encierro y custodia de las adolescentes, acto arbitrario, por lo que el señor Carlos Rodas delegó la función pública que le correspondía a la SBS, siendo él, la autoridad superior de dicha institución, teniendo él la autoridad y de garantizar la atención y el desarrollo integral de las adolescentes, quienes deberían recibir una atención integral de acuerdo al estado de vulnerabilidad…”, dijo el fiscal.
Los querellantes y representantes de las víctimas tuvieron la oportunidad de expresar sus primeros argumentos, así como la defensa de los acusados. Esta corresponde a la primera etapa del proceso, durante las siguientes audiencias, la fiscalía debe presentar toda la prueba recabada durante la etapa de investigación buscando acreditar la responsabilidad de los procesados.
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En esta fase del proceso, el Tribunal a cargo de la jueza Ingrid Cifuentes, podrá declarar culpables o inocentes a las personas que figuran como vinculadas al expediente.
Un largo camino para buscar justicia
El incendio en el Hogar Seguro ocurrió el 8 de marzo de 2017, el mismo dejó como saldo 41 menores fallecidas y 15 heridas con graves quemaduras. En el proceso aún están pendientes de conocer si enfrentarán juicio un tercer grupo de personas que figuran como acusadas.
La pesquisa del Ministerio Público (MP) determinó que las niñas murieron debido a que “estaban encerradas bajo llave” en una habitación donde permanecían recluidas y no pudieron escapar de las llamas al momento que ocurrió el incendio.
La tesis de la fiscalía encargada del expediente estableció que una de las niñas habría prendido fuego a una colchoneta de esponja en el aula, para llamar la atención de las autoridades y convencerles de sacarlas.
En el informe “Las víctimas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Un camino hacia la dignidad”, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala (OACNUDH) durante 2017 y 2018, se recopiló una serie de entrevistas con las familias de las niñas víctimas y con las niñas sobrevivientes que revelan las causas que originaron su institucionalización, donde además se señaló que no se ha priorizado el abordaje de la situación de pobreza, violencia y exclusión social que las familias viven, sumado a la estigmatización sobre sus condiciones.
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