Las ternas quedaron integradas por una exdiputada vinculada al “Rey del Tenis” y Blanca Stalling; una magistrada que trabajó para Lesther Castellanos en la Oficina contra la Tortura y un juez con dos procesos penales y sancionado por Estados Unidos.
Por Rony Ríos
La Comisión de Derechos Humanos integró las listas de aspirantes a relatores titulares y suplentes de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (OPT). De cada una de las nóminas, el Congreso elegirá a un relator titular y un suplente que integrarán la Oficina para el periodo 2024 y 2029.
El presidente de la Comisión, Herbert Figueroa, señaló que “fue un proceso bastante largo que ha requerido muchas reuniones, pero al final tenemos los nombres de las dos ternas que van a ser tomadas en cuenta por el Pleno del Congreso de la República”.
La OPT se integra de forma alternada, por lo que los nuevos miembros que serán electos por el Congreso se sumarán a Lesther Castellanos, quien actualmente dirige la Oficina y que fue quien, como juez de Quetzaltenango, denunció a la fiscal Virginia Laparra por denunciarlo anteriormente.
En 2021, su hermano Luis Alberto Valladares, -financista y candidato a diputado por la UCN en 2019- fue capturado y señalado de integrar un grupo delictivo dedicado al despojo de bienes inmuebles, pero el caso en su contra fue sobreseído.
En ese mismo año, Valladares fue señalada, junto a los otros miembros del CCJ, de encubrimiento propio en favor del juez Mynor Moto. Asimismo, Valladares sustituyó a Moto en la Dirección Jurídica de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura.
Jonathan Josué Mayorga Urrutia, es un abogado que, en 2017, fue Vocal IV, de la Junta Directiva, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la USAC, junto con el exdecano Gustavo Bonilla y el secretario Fernando Chacón, quien años después se convertiría en presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.
En el Congreso, varias fuentes lo señalaron como uno de los favoritos del oficialismo y una persona cercana a los diputados Javier Hernández de FCN y Ronald Arango de Todos.
Además, Mayorga Urrutia funge como subsecretario regional Metropolitano de la OPT, que actualmente es dirigida por Lesther Castellanos.
La segunda quedó conformada así:
Mynor Mauricio Moto Morataya, recién fue restituido como juez de primera instancia penal por órdenes de la CSJ, pese a que se encuentra señalado en dos casos de corrupción que le impidieron asumir como magistrado de la CC. Hasta octubre fue el director jurídico de la OPT.
Moto fue el encargado de emitir órdenes judiciales que beneficiaron al exministro José Luis Benito y la exdiputada de LIDER, Mirza Arreaga. Además, permaneció prófugo por más de un año pese a tener dos órdenes de captura en su contra.
Fue beneficiado por el juez Jimi Bremer, del Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal, quien anuló la orden contra Moto por su presunta participación en el caso Comisiones Paralelas 2020 y le permitió entregarse a la justicia.
Moto también fue señalado por la Fiscalía Contra la Corrupción de recibir sobornos en efectivo proveniente de sindicados en el caso Libramiento de Chimaltenango a cambio de favorecerlos con resoluciones judiciales.
En diciembre de 2020, Moto también anunció su candidatura para ser elegido magistrado suplente en la Corte de Constitucionalidad por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), luego de la muerte del magistrado Bonerje Mejía.
Según una investigación de Prensa Comunitaria, los hermanos de Moto trabajan para instituciones estatales. Walter Alberto Morataya es inspector de la Policía Nacional Civil (PNC) y fue uno de los que participó en los allanamientos del Registro de Ciudadanos que efectuó la FECI por el caso del Movimiento Semilla. Mientras que, Moris Abner Moto ha prestado servicios a los ministerios de Agricultura y de Desarrollo Social. Yesica Magaly Ramírez Díaz, esposa del exjuez, trabaja en el Instituto de la Víctima, dirigido por Alejandra Carrillo.
Además, Moto fue incluido, en 2021, en la lista Engel, de Actores Corruptos y Antidemocráticos por el Departamento de Estado de Estados Unidos.
Evelyn Fabiola Morales Chávez, va por su segundo intento para llegar a la OPT, después de que, en marzo del año pasado, no consiguiera ser designada como relatora titular, pese a conseguir 53 votos.
Morales Chávez también intentó dirigir la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos, en marzo de ese mismo año, pero la alianza oficialista se designó a Alejandro Córdova para ese puesto.
Franck Steven Ríos Ríos, es un abogado graduado, en 2012, por la Universidad Rafael Landívar de Quetzaltenango, que labora en la Procuraduría General de la Nación (PGN) como procurador jurídico en este mismo departamento.
De los seis integrantes de la terna, Ríos fue el único que no superó los 80 puntos en la calificación otorgada por la Comisión de Derechos Humanos, del Congreso.
