Edgar Eduardo Montepeque González ha sido integrante de la comisión de Energía y Minas del Congreso de la República de Guatemala, pero, además, desde 2020 es contratista de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN). Empresa administrada por rusos en El Estor Izabal, una de tres mineras sancionadas desde diciembre de 2022 por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros OFAC por los Estados Unidos.
Por Prensa Comunitaria
Prensa Comunitaria ha contado desde 2017 cómo la empresa CGN subsidiaria de la transnacional ruso-suiza Solway Group, la compañía minera asentada en Suiza y creada con capitales rusos, cooptó el poder local y nacional. Cómo se cooptó a políticos y jueces para operar de forma ilegal en el municipio de El Estor, Izabal, y criminalizar a los indígenas Maya Q’eqchi’ que se les opusieron cuando la mina contaminó sus aguas o quiso desalojarlos de sus tierras.
En 2022, por medio de la investigación investigación que se le conoce como Mining Secrets, Prensa Comunitaria junto a 65 periodistas de 20 medios de comunicación en el mundo coordinados por el colectivo francés Forbidden Stories revelaron la opacidad de la minera que opera en Izabal, en base a la filtración de más de 8 millones de archivos y 2 terabytes de datos de 470 buzones de correo electrónico.
La filtración continúa revelando datos que muestran el conflicto de interés de quienes deberían de fiscalizar.
Contratos, facturas, documentos contables de la mina, correos electrónicos y archivos entregados por una empresa propiedad del diputado Edgar Eduardo Montepeque González son parte de los documentos de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), que muestran cómo el legislador obtuvo al menos dos millonarios contratos con la mina, al mismo tiempo que presidía la comisión de Energía y Minas del Congreso de la República.
Montepeque González es uno de los diputados del FCN-Nación por el departamento de Petén que presidió y ha sido integrante de las comisiones de Energía y Minas y de Ambiente y Recursos Naturales del Congreso de la República.
Mientras los contratos llegaban y su maquinaria trabajaba para extraer y transportar la mena de níquel del municipio de El Estor, Izabal, el diputado se mantuvo ausente de sus labores de fiscalización y evitó indagar sobre crisis política y medioambiental que ha sucedido en la última década en ese municipio.
La empresa minera ha operado de manera ilegal desde 2005 en este municipio del Caribe guatemalteco, según la sentencia de la Corte de Constitucionalidad (CC) de 2019.
En diciembre de 2022 la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus cifras en inglés) sancionó a las empresas Compañía Guatemalteca de Níquel, Compañía Procesadora de Níquel de Izabal (Pronico) y Mayaníquel por “corrupción” y “tráfico de influencias” en la explotación del sector minero guatemalteco.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en la sanción incluyen al ciudadano ruso Dmitry Kudryakov principal jefe de la mina y de la operación minera, y a la bielorusa, Iryna Litviniuk. Guatemala les retiró a ambos la residencia el 25 de diciembre y confirmó el Instituto Nacional de Migración que salieron del país después de anunciarse las sanciones publicó la cadena de noticias AP.
A las compañías se les sancionó bajo la Ley Global Magnitsky, una norma que establece sanciones sobre las propiedades de los actores designados y prohíbe entre otras cosas a cualquier empresa estadounidense hacer transacciones con los sancionados.
La OFAC, es un organismo de control del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que cuenta con distintas herramientas para sancionar a personas y empresas a nivel internacional.
Esta oficina hizo publicó el 1 de diciembre pasado la aplicación de la misma sanción a Miguel Martínez Morales señalado de negociar grandes cantidades de dinero en sobornos con los rusos a través de los contratos para la adquisición de vacunas Sputnik V. Negocios que incluso han alcanzado al presidente Alejandro Giammattei con el caso sobre la Alfombra Mágica.
Los vínculos con los diputados
La investigación periodística Mining Secrets desvela vínculos de poder que la minera tenía con otros funcionarios públicos, como el caso del legislador Luis Fernando Cordón Orellana, electo por el departamento de Zacapa y también integrante de la comisión de Energía y Minas del Congreso, y cuyos hijos trabajan directamente para la compañía minera.
Cordón fue electo por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), partido dirigido por Sandra Torres. Al revisar el trabajo legislativo de ambos diputados y sus vínculos con la compañía minera, se constata que desde dichas comisiones han tenido relación con lo que ha sucedido en la mina, y han emitido resoluciones, citaciones o incluso iniciativas de ley relacionadas a la extracción minera en Izabal y Alta Verapaz.
Por parte de estas comisiones que presidió e integró Montepeque entre 2018 y 2023, y en las que tuvo participación Cordón, nunca hubo un pronunciamiento o una citación pública para cuestionar los desalojos, la contaminación medioambiental o la criminalización de los comunitarios en El Estor.
Estos conflictos de interés entre políticos y mina se han entretejido bajo el amparo del Estado durante los 12 años que Solway Group ha operado en El Estor y dan cuenta de la cooptación interinstitucional de la que una empresa es capaz cuando tiene a su servicio a jueces, políticos y hasta la misma policía.
Diputado, proveedor del Estado y contratista de la mina
Edgar Eduardo Montepeque González, fue electo diputado al Congreso de la República en 2015 por el departamento de Petén con el partido de Libertad Democrática Renovada (Líder) de Manuel Antonio Baldizón y fue reelecto en 2019 por el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) del expresidente Jimmy Morales. En las elecciones de junio pasado Montepeque buscó de nuevo la reelección con el partido Cabal que impulsaba a la presidencia a Edmond Mulet, pero no tuvo éxito.
El diputado quien ha presidido la comisión de Ambiente, Ecología y Recursos Naturales entre 2018 y principios de 2020, y ha sido presidente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso de 2020 a principios de este año, es propietario de una empresa individual de nombre “Multinegocios Mongi”, la cual además de ser proveedora de varias municipalidades de Petén, ha sido contratada por la minera según revelan distintos documentos a los que tuvo acceso Prensa Comunitaria.
La información es parte de la filtración de más de 8 millones de archivos provenientes de la mina, los cuales muestran que al mismo tiempo que el diputado fungió como presidente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, firmó contratos con la Compañía Procesadora de Níquel de Izabal (Pronico).
Uno de los documentos fechado el 30 de abril de 2020 y dirigido a Yury Berezovskiy, “Director de CGN, S.A.” y con copia a Alexander Kabanov, “gerente de Mina Montúfar”, es una cotización. Se trata de la respuesta a una solicitud enviada por la mina el 20 de abril del mismo año, para prestar “servicios de arrendamiento de maquinaria por hora en la Mina Montufar”, uno de los varios sitios explotados por la empresa minera.
En el documento se detalla el costo del arrendamiento por hora de una excavadora de 50 toneladas con cucharón de 3 metros cúbicos el cual era de Q700 la hora, mientras que un tractor tipo bulldozer de la marca Caterpillar lo ofreció por Q725 la hora.
El 27 de julio de ese año, Montepeque y el ciudadano Sergei Nosachev, vicepresidente del consejo de administración y representante legal de la empresa Pronico, firmaron un contrato por arrendamiento de la maquinaria del legislador.
El contrato contemplaba el pago de alquiler de Q350 por hora del tractor tipo bulldozer y establecía un promedio de 20 horas diarias por 9 meses. La firma al final del contrato concuerda con la del legislador en distintas iniciativas de ley presentadas en el Congreso de la República.
El contrato de Montepeque fue firmado por Sergei Nosachev, vicepresidente del consejo de administración y representante legal de la mina Compañía Procesadora de Níquel de Izabal.
El mismo día el legislador firmó otro convenio para el alquiler de la excavadora, por el cual se estableció un pago de US$50 por hora, en total sería utilizado 20 horas diarias por nueve meses.
Ese año, según los estados de cuenta de la empresa minera, la compañía de Montepeque recibió pagos por Q3 millones 905 mil 978.67.
Solo en noviembre de ese año con la excavadora de cucharón de 3 metros cúbicos, el diputado facturó a la mina Q150 mil 500 según la factura serie C número 3,804 de Multinegocios Mongi, propiedad del legislador.
El diputado no se limitó a arrendar su maquinaria, los documentos revelan además una factura por Q45 mil 265 que tiene en concepto de reparación y mantenimiento de la carretera de acceso al área de explotación, la factura electrónica está fechada el 4 de febrero de 2021, mientras los trabajos habrían sido ejecutados en diciembre de 2020.
El legislador además endosó su flotilla que incluía cinco cabezales de distintas marcas, cuatro remolques y una plataforma.
De 2011 a la fecha ha vendido al Estado más de Q1.4 millones (unos US$185 mil), sin embargo, luego de haber sido electo diputado, solo se realizaron dos compras de baja cuantía, una de ellas por Q.55.00 por parte del Ministerio Público en 2017 y otra por Q165 de la municipalidad de Poptún, Petén.
Otra empresa vinculada al diputado Montepeque
Karin Ross Nataly Girón Marroquín es la pareja sentimental del diputado Montepeque según información de la red social Facebook.
Girón tiene a su nombre otra empresa individual la cual tiene como nombre Distribuidora Mongi, dentro de los documentos a los cuales tuvo acceso Prensa Comunitaria, se encuentra un expediente de Girón Marroquín en el cual entre otras cosas entregó un recibo de energía eléctrica a nombre del parlamentario.
La empresa de Girón ha sido proveedora también de varias instituciones públicas entre ellas la municipalidad de Poptún, Petén y la de Dolores, Petén. De 2011 a la fecha ha vendido a instituciones del Estado más de Q1.6 millones (unos US$210 mil).
La empresa individual de Girón recibió pagos desde 2018 por el transporte de carbón de Santo Tomás de Castilla a la planta procesadora en El Estor, según distintas facturas que constan en los archivos de la mina.
Los estados de cuenta de la compañía minera con la empresa de la pareja del diputado detallan que solo en 2018 Girón reportó facturas a la empresa minera por Q640 mil 980.08. (Unos US$84 mil). Ese año Montepeque fue presidente de la comisión de Ambiente del Congreso.
Tráfico de influencias desde la presidencia de una comisión
La información recabada en los archivos de la mina muestra además que la compañía minera sabía que su “cliente” era legislador e incluso los documentos a los que se tiene acceso muestran que este fue utilizado por la mina para indagar las condiciones del puente de Río Dulce, por el cual deben pasar los camiones con dirección al puerto en donde cargan los barcos con mena de níquel.
El puente es un recurso estratégico para la mina debido a que es la única vía para movilizar la mena de níquel hasta el puerto.
Al mismo tiempo que el legislador negociaba con la Minera la contratación de su maquinaria, solicitó al ministro de Comunicaciones Edmundo Lemus, en su calidad de presidente de la comisión de Energía y Minas del Congreso, que le informara en un plazo de cinco días las condiciones del puente Río Dulce, si este tenía algún daño estructural y si tenían planes de contingencia en caso de que este colapsara por alguna razón.
El oficio CEM/EEMG/bog/51-2020 dirigido al ministro Lemus, hace estos requerimientos en base al artículo 168 de la Constitución Política de la República.
La respuesta al legislador tardó más de los cinco días que les otorgó el presidente de la comisión de Energía y Minas y cliente de la mina, debido al cierre del país provocado por la pandemia de Covid-19. El Ministerio respondió que el puente no tenía daño estructural y que no había planes de emergencia en el caso de que este colapsara.
La información fue compartida por la bielorusa Iryna Litviniuk quién envió un correo respondiendo al ruso Dmitry Kudryakov, principal jefe de la mina y para quién traducen todos los documentos al ruso. Ambos fueron sancionados por la OFAC bajo la ley Global Magnitsky.
Litviniuk señaló en su correo: “Se logró obtener información sobre el puente en Río Dulce (la solicitud la hizo un diputado al Ministerio de Transportes y Comunicaciones). Esta información puede resultar útil en el diálogo con el alcalde de Livingston. Pídame que traduzca este documento…”, señala la segunda al mando de la mina en uno de los correos electrónicos.
Todos los archivos intercambiados entre el diputado Montepeque, y las autoridades del Ministerio de Comunicaciones, fueron escaneadas y enviados a la unidad de traducción de la mina para que Kudryakov pudiera leerlo en su idioma materno.
Otro archivo que se encontró en la información filtrada muestra una carta dirigida a Montepeque como presidente de la comisión de Energía y Minas en la cual el director general de la mina Sergey Nosachev le manifiesta la importancia de que la planta se mantenga operando pese al Estado de Calamidad decretado por el presidente Alejandro Giammattei relacionada a la pandemia del Covid-19.
También en junio de 2020, el contratista y presidente de la comisión de Energía y Minas del Congreso llegó a realizar una visita a la mina acompañado de otros legisladores según lo muestra la “hoja de ruta” elaborado por la mina.
Un diputado señalado por discriminación
En abril de 2016 la gobernadora de Alta Verapaz, Estela Ventura, denunció a varios diputados por agresión verbal y psicológica. Entre los denunciados estaba Montepeque. Los legisladores en una reunión de trabajo habrían presionado a Ventura para que desde la gobernación contratara a personas cercanas a los legisladores además de que contratara empresas vinculadas a los diputados.
Los legisladores fueron señalados por el Ministerio Público por discriminación, abuso de autoridad, concusión y tráfico de influencias.
Luego, la gobernadora desistió de la denuncia y dijo que disculpaba a los legisladores. Los diputados estuvieron arraigados y perdieron el antejuicio, sin embargo, la jueza Judith Secaida del Juzgado Quinto Penal, decretó falta de mérito a favor de los legisladores utilizando la tesis de la defensa de los diputados que argumentaron que la exgobernadora había mentido al falsificar un título universitario para poder ser juramentada como Gobernadora.
La contadora empleada del diputado oficialista
Las empresas del legislador Edgar Montepeque, vinculadas con negocios con la compañía de níquel, tienen como contadora a Josselyn Vanessa Ramírez Lima, quién según los datos públicos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) trabaja al menos desde octubre de 2018 para la empresa Grupo de Leinde.
Esta es una firma de contaduría propiedad del diputado oficialista Cándido Fernando Leal Gómez, actual presidente de la comisión de Finanzas del Congreso y encargado de las finanzas de la agrupación de Alejandro Giammattei, según lo muestran distintos documentos presentados al Tribunal Supremo Electoral en el cual Leal firma como contador de la agrupación política.
Este grupo empresarial, fue el que sirvió al actual subcontralor administrativo de la Contraloría General de Cuentas, Erick Mazariegos, para justificar que contaba con los años de experiencia que exige la ley para ser nombrado Contralor.
La comisión de Postulación solicitó a la empresa Grupo Corporativo de Servicios Leinde S.A que ampliara si el aspirante a contralor había trabajado para esa empresa por más de 11 años lo cual era uno de los requisitos para poder ser aspirante.
El legislador Leal justificó que su empresa ha ido cambiando de nombre por diferentes motivos por lo que aunque la empresa parecía tener menos tiempo de funcionar, era la misma empresa fundada en 2008.
Además, Mazariegos fue el secretario nacional de Administración y Finanzas del partido Vamos según los documentos públicos entregados al Tribunal Supremo Electoral
Mazariegos era el candidato oficialista, sin embargo, sus vínculos con Leal hicieron que el resto de los partidos políticos decidieran no nombrarlo, aunque al final logró ser juramentado como subcontralor por el partido oficial.
Leal fue grabado en una de las principales vías de la ciudad mientras detenía su vehículo en medio del tráfico para orinar en aparente estado de ebriedad. En 2020 el Ministerio Público solicitó un antejuicio contra él y 91 diputados más por su voto en el Procedimiento de Elección de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Corte de Apelaciones y Tribunales de Igual Categoría.
Prensa Comunitaria se comunicó a la oficina del diputado Edgar Montepeque para solicitarle una entrevista y cuestionarlo sobre los conflictos de interés en los que incurrió al recibir millonarios contratos de la empresa minera, al mismo tiempo que fungía como presidente de la Comisión de Energía y Minas, y de la Comisión de Ambiente del Organismo Legislativo. Sin embargo, no hubo respuesta a la solicitud de entrevista.
Montepeque, quién no fue reelecto para la próxima legislatura, apoyó la aprobación del presupuesto 2024 que ha sido cuestionado por contener supuestas ilegalidades. Además, votó a favor del retiro de la inmunidad de cuatro de los cinco magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral lo cual se ha señalado es parte del plan para evitar que el presidente electo Bernardo Arévalo, asuma el próximo 14 de enero.
