El amparo otorgado al exalcalde condenado a 12 años de cárcel permite que nuevamente la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia conozca la petición del acusado en cuanto a que la sentencia sea anulada.
Por Alexander Valdéz
La Corte de Constitucionalidad (CC) emitió un nuevo fallo favorable para un actor vinculado en actos de corrupción, esta vez, el beneficiado fue Abimael Urízar Gómez, exalcalde de la municipalidad de San Andrés Sajcabajá, Quiché (2004-2008) y condenado a 12 años de cárcel por dos delitos.
Urizar Gómez, quien en 2017 fue condenado por peculado y fraude, fue amparado por la máxima corte, que ordenó a la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) conocer el recurso de casación que presentó el acusado contra la sentencia que impuso el Tribunal de Mayor Riesgo “B”.
Ese recurso que busca dejar sin efecto la condena contra el exfuncionario ya había sido rechazado por la Cámara Penal y que incluso aumentó la sanción contra el exjefe edil. Fue por esa razón que el acusado acudió a la CC solicitando que le fuera otorgada la protección constitucional.
El exalcalde en el amparo alegó que se vulneraron sus derechos al haberse rechazado su casación y haber aceptado la petición del Ministerio Público (MP), en cuanto a reforzar la pena impuesta por el delito de fraude y convertirla en inconmutable.
“No tomó en cuenta que conforme al principio de legalidad, debió resolverse conforme al texto de la norma –refiriéndose al artículo 65 del Código Penal– sin variación de la forma en que debe cumplirse la pena impuesta, pues ello conlleva contravención a lo regulado en los artículos 44 y 46 constitucionales”, señala la defensa de Urizar Gómez.
No todos los magistrados estuvieron de acuerdo
La CC dictó una resolución por mayoría, la única que votó en contra fue la magistrada Leyla Lemus. En tanto, el resto de sus compañeros dio la razón y otorgaron el amparo al exjefe edil condenado por corrupción.
Según la resolución, no existe una explicación pormenorizada para cada delito, sobre los aspectos que determinan la extensión o la intensidad del daño causado, que pueda justificar el de forma proporcional y razonable, la imposición de penas máximas.
Es decir, a criterio de los magistrados la resolución de la Cámara no fue clara en cuanto a reforzar la pena del exfuncionario. “Se sustentó el aumento del mínimo de la pena que correspondía a cada delito condenado, sobre la explicación de que estos eran de gran magnitud, sin que se hiciera de parte del Tribunal de Casación el correspondiente análisis particularizado y propio del parámetro aludido”, indica la CC.
Los magistrados que ampararon al exfuncionario fueron, Héctor Pérez Aguilera, Néster Vásquez, Roberto Molina Barreto y Dina Ochoa.
Un caso de corrupción de alto impacto
En 2017, este caso fue considerado una investigación de alto impacto, fue por esa razón que estuvo a cargo de un juzgado especializado en casos de mayor riesgo. Según la investigación de la Fiscalía contra la Corrupción, el exfuncionario entregó Q8.4 millones a la oenegé ASODEG, por la construcción de un mercado en la localidad, pero el mercado no se construyó.
La investigación no solo confirmó que la obra no fue realizada y sino que además, parte del préstamo se pagó por la cantidad de Q.1.5 millones a María Martha Patricia Castañeda Torres, sobrina de Sandra Torres, quien es procesada y vinculada en otros casos de corrupción.
En la condena, el Tribunal de Sentencia Penal de Mayor Riesgo “B”, falló que Urizar debía cumplir ocho años de prisión inconmutables por el delito de peculado; además, recibió otra condena de cuatro años conmutables por fraude y Q10 mil de multa. Esta última fue la que se aumentó.
Ex alcalde de la Municipalidad de San Andrés Sajcabajá, Quiché (2004-2008) y ex representa… https://t.co/G7wDU7JP88 pic.twitter.com/7b1Y1cZFm5
— MP de Guatemala (@MPguatemala) February 1, 2017
