El fallo de la CC confirma que las dos fiscales que tuvieron asignada la investigación contra Carlos Arturo Batres Gil no cometieron ninguna falta grave como lo hizo ver el acusado en la denuncia administrativa, y que buscaba reactivar.
Por Alexander Valdéz
Una resolución emitida por la Corte de Constitucionalidad (CC) dejó firme la decisión de desestimar una investigación administrativa iniciada por la Supervisión General del Ministerio Público (MP) contra fiscales de la antigua FECI, que tuvieron asignada la investigación del caso Odebrecht y que alcanzó al empresario farmacéutico, Carlos Arturo Batres Gil.
La resolución comunicada por la CC rechaza la apelación presentada por Batres Gil, quien figura como acusado de solicitar y recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Él pidió que se impusiera una sanción interna contra las exfiscales porque, a su criterio, hubo vicios en la investigación que se desarrolló en su contra.
Pero, en el MP se consideró que tanto Amy Girón como Ingrid Letona ambas de la antigua Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), no cometieron ninguna falta que ameritara una sanción en su contra, por esa razón la denuncia fue desestimada.
Por esa razón, el señalado de corrupción intentó reactivar la denuncia acudiendo ante la CC. “Durante la etapa preparatoria del proceso, el denunciado propuso varias diligencias de investigación, las cuales no fueron realizadas; además de haber omitido convocar a su abogado defensor para la práctica de diligencias de investigación como lo había ordenado el Juez a cargo del control jurisdiccional”, fue el reclamo.
Además, mostró su inconformidad ante el desistimiento de la denuncia. “Las decisiones administrativas y, en especial, las que le ponen fin al asunto, deben contener una clara y debida fundamentación con relación a tres aspectos: los hechos, derechos y pruebas”, dijo Batres Gil respecto a lo resuelto por la Supervisión del MP.
Con la resolución que dictó la CC queda firme la decisión de dejar sin efecto la denuncia administrativa y las dos fiscales no podrán ser sancionadas como lo buscaba el acusado de tres delitos en el caso Odebrecht.
De acuerdo con la FECI, Batres Gil supuestamente habría solicitado a la empresa constructora Odebrecht realizar la negociación del pago de sobornos para adjudicar un contrato con él y, a pesar de que la propuesta no fue aceptada, se le habría entregado US$4.9 millones de comisión.
CC confirma que las fiscales no cometieron ninguna falta
La CC rechazó los reclamos del acusado y de esta cuenta confirma la decisión de la Supervisión del MP, que desestimó la denuncia administrativa presentada contra las dos fiscales que tenían, hasta ese momento, a cargo la pesquisa.
“Se estableció que las denunciadas no le impidieron al postulante el ejercicio de su derecho de defensa. Tal afirmación la hizo al advertir que, en la audiencia de discrepancia celebrada el veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno fueron discutidas las solicitudes que en ese momento efectuó la defensa del postulante valorar la necesidad de practicar los medios de investigación propuestos por el abogado defensor del postulante, quien oportunamente resolvió con lugar de forma parcial la petición que realizó oportunamente Carlos Arturo Batres Gil en aquella audiencia de discrepancia en cuanto al diligenciamiento de los medios de investigación propuestos”, menciona la CC.
Además, la CC hizo ver en su resolución que la Supervisión del MP actuó apegada a derecho al haber desestimado la denuncia contra las fiscales. “Esta Corte considera que la autoridad cuestionada, ningún agravio ocasionó al amparista, ya que al desestimar la denuncia respectiva analizó las particularidades del caso concreto dentro del marco fáctico y jurídico, respectivo, en especial en la normativa aplicable al caso en concreto”, añade.
Un caso que tuvo un nuevo giro
La pesquisa contra Alejandro Sinibaldi, Manuel Baldizón, y otros exfuncionarios que se habrían beneficiado de sobornos de Odebrecht, tuvo un nuevo giro con la destitución de Juan Francisco Sandoval. Actualmente el caso ha estado detenido y el mismo ahora es dirigido contra quienes dirigieron y expusieron ese proceso de corrupción.
Por ese caso, Sandoval y otras personas que estuvieron a cargo de la investigación tienen órdenes de captura. Por otro lado, Sinibaldi y Baldizón, pese a estar procesados en ese expediente por delitos graves, gozan de libertad condicional.
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