La fiscal general del Ministerio Público se apagó desde el lunes 2 de octubre, cuando comenzaron las manifestaciones pacíficas en su contra. No se le ha visto públicamente mientras la voces que exigen su renuncia continúan. La única vez ha sido por un video pregrabado publicado la mañana de este lunes 9 de octubre.
Por Alexander Valdéz
Diferentes organizaciones sociales y ciudadanos han promovido exhibiciones personales a favor de la fiscal general Consuelo Porras, a quien le exigen que renuncie al cargo, luego de constantes acciones de “criminalización” de operadores de justicia, abogados, activistas y periodistas.
En documentos emitidos por la Policía Nacional Civil (PNC) y el Organismo Judicial (OJ) consta que se solicita información para poder ubicar a la titular del ente investigador, quien no había aparecido públicamente hasta la mañana de este lunes 9 de octubre, aunque en video pregrabado que dura más de 7 minutos.
Mensaje de la Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, Dra. María Consuelo Porras Argueta, a la población guatemalteca: pic.twitter.com/zAOV3vbfDk
— MP de Guatemala (@MPguatemala) October 9, 2023
Es a raíz de las acciones legales que buscan establecer la “ubicación” de la titular del Ministerio Público (MP), que las instituciones han tenido que pedir información para poder practicar las exhibiciones personales.
“Con instrucciones del señor Subdirector General de Operaciones del Ramo y en cumplimiento al Oficio Circular No. 183-2020, de fecha 09-10-2023, emanada de la Secretaría General, Dirección General del Ramo, respetuosamente me dirijo a ustedes, con la finalidad de solicitarles su colaboración a efecto informen a éste despacho EN UN PLAZO NO MAYOR DE 01 HORA, si en sus registros aparece detenida la señora María Consuelo Porras Argenta, de ser afirmativo indicar el lugar exacto donde se encuentra y a disposición de que órgano jurisdiccional”, indica un oficio de la PNC con fecha 9 de octubre.
“En este medio me dirijo a usted para hacer de su conocimiento que dentro de las diligencias de Exhibición Personal No. 01141-2023-02262, planteada a favor de María Consuelo Porras Argueta, se ordenó oficiar para que se remita copia del presente oficio a todos los Juzgados de Paz de la República, a efecto se practique exhibición personal a favor de la misma en todos los lugares que sean necesarios, debiendo remitir las actuaciones debidamente diligenciadas identificadas con el número de Exhibición Personal 01141-2023-02262, al Juzgado de Paz Penal de Faltas de Turno, con Competencia para Diligenciamiento de Exhibiciones Personales, extensión 3640, teléfono 31258757, para los efectos legales correspondientes”, indica un oficio de la Secretaría de Comunicación del OJ.
Porras criminaliza movimientos sociales
El pasado domingo 8 de octubre, el MP informó en sus redes sociales que se pidió a la Corte de Constitucionalidad (CC) que se ejecute el amparo en el cual podrían reprimir con la fuerza pública a manifestantes.
“El Ministerio Público por medio de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal solicitó ante la Corte de Constitucionalidad la debida ejecución del amparo con el fin de que se ordene al Presidente de la República de Guatemala, al Ministro de Gobernación, al Director General de la Policía Nacional Civil y al Procurador General de la Nación, para que den efectivo cumplimiento al amparo provisional otorgado en su momento por dicha Corte, debiéndose tomar todas aquellas medidas necesarias para tal ejecución, a efecto de preservar el orden público y la coexistencia con otros derechos que asisten a la población y que en caso de incumplimiento se certifique lo conducente conforme lo establece la ley ”, se lee en la publicación.
A pesar de esto, con el paso de los días ha crecido el respaldo a las movilizaciones que iniciaron las autoridades indígenas de Totonicapán, Sololá y el Parlamento Xinka. El fin de semana no fue motivo para que la protesta desistiera, solo provocó que más personas se unieran.
Este lunes en un video pregrabado, la fiscal general criminalizó las movilizaciones sociales y las calificó como “delito”. “Estas acciones ilegales vulneran gravemente los derechos de todos los guatemaltecos y el cumplimiento del mandato legal de nuestra institución”, señaló.
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