La exjueza condenada por corrupción busca que se le otorgue la libertad anticipada bajo la modalidad del control telemático. En septiembre del 2017, la Sala Primera de Apelaciones confirmó la condena de 13 años de prisión inconmutables.
Por Prensa Comunitaria
La exjueza Jisela Reinoso deberá continuar en prisión cumplimiento condena por corrupción, luego de que un Juzgado de Ejecución Penal le rechazó la solicitud de libertad anticipada que solicitó a través de su defensa.
Reinoso buscaba que se le concediera una libertad anticipada bajo la modalidad de control telemático; un sistema de vigilancia que consiste en que la sindicada o condenada queda sujeta al control por parte del Estado sin necesidad de encontrarse privada de libertad y únicamente deberá portar un dispositivo electrónico para su ubicación.
En septiembre del 2017, la Sala Primera de Apelaciones confirmó la condena de 13 años de prisión inconmutables contra Jisela Yadel Reinoso Trujillo, por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, y le sumó el de incumplimiento del deber de presentar declaración jurada patrimonial, solicitado inicialmente por el Ministerio Público (MP).
Reinoso está en prisión desde el 2018, es decir, está por cumplir la mitad de la pena impuesta por la comisión de dichos tipos penales.
Una sentencia firme por corrupción judicial
A petición del MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la Corte Suprema de Justicia (CSJ) retiró en mayo del 2015 la inmunidad a la jueza por existir indicios de un incremento injustificado de su patrimonio, ya que poseía bienes que sobrepasan su poder adquisitivo y resultaban incongruentes con los ingresos que devengaba como empleada pública y como docente. Además, según la investigación, algunas propiedades de la jueza fueron canceladas parcialmente con dinero que nunca ingresó a sus cuentas bancarias.
La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) señaló que Reinoso también realizó pagos de cuotas de enganche y de un crédito hipotecario con dinero cuyo origen se desconocía. “Pagó casi la mitad del valor de una vivienda entre mayo de 2013 y julio de 2014 que desbordaba sus posibilidades financieras de acuerdo al nivel de ingresos que percibe como jueza y docente, como lo demostraron las planillas reflejadas en sus movimientos bancarios”, indica la pesquisa.
En los registros de la Contraloría General de Cuentas (CGC) solo se encuentra una declaración jurada patrimonial, con fecha de 2004, a pesar de haber adquirido bienes inmuebles e incrementar notablemente su patrimonio en los últimos años.
